Los altos cargos de Defensa se suman al plantón al Congreso

Ni la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, ni el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, comparecerán hoy miércoles ante la Comisión de Defensa del Congreso, por la que han sido citados. El Gobierno ha remitido un escueto escrito a la Cámara baja en el que reitera que ésta “no puede someter al Gobierno en funciones y a sus altos cargos a iniciativas de control, en la medida en que no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados”.

Los altos cargos de Defensa se suman así a la lista de ministros que han dado plantón al nuevo Parlamento, lo que ha llevado al Congreso a presentar un conflicto ante el Tribunal Constitucional. Precisamente, fue el titular de Defensa en funciones, Pedro Morenés, el primero que faltó a una convocatoria parlamentaria, el pasado 17 de marzo.

Sin embargo, los altos cargos no están en funciones, ya que no han sido cesados, al contrario que los ministros. Además, la Comisión de Defensa había citado a la subsecretaria, a iniciativa del Grupo Socialista, para que explicase el grado de implantación del Protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de noviembre, un mes antes de las elecciones generales, cuando aún no estaba en funciones. Se da la circunstancia de que una de las nuevas diputadas socialistas es la comandante retirada Zaida Cantera, cuyo caso está en el origen de la aprobación del protocolo. El PSOE también quería preguntar a Domínguez-Alcahud por la aplicación de las recomendaciones del informe de 2014 del Observatorio de la Vida Militar, un órgano dependiente del Parlamento.

Respecto al secretario de Estado, se trataba de que informara sobre la ejecución del presupuesto de Defensa hasta marzo de este año y la situación actual de los Programas Especiales de Armamento (PEAS), cuya factura ronda los 30.000 millones y que se acabará de pagar en 2030. Durante la pasada legislatura, el Gobierno aprobó cada año un crédito extraordinario de unos 800 millones para atender estos pagos. Este año estaba previsto desembolsar otros mil millones, pero la interinidad política mantiene en suspenso la decisión, pues si hay algo que no puede hacer un Gobierno en funciones es aprobar un crédito extraordinario mediante decreto ley.

Germán Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista, recuerda que el último secretario de Estado de Defensa de Zapatero, Constantino Méndez, compareció en el Congreso para dar cuenta del estado de los PEAS y teme que el actual Gobierno no explique ahora en qué estado deja una factura que tendrá que pagar el próximo Gobierno.