Empieza en el Tribunal de Cuentas el juicio contra Alonso y Maroto

El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso y el vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y, serán juzgados este lunes por el Tribunal de Cuentas del Estado por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, el contrato de alquiler de unas oficinas a un precio muy superior al del mercado. De hecho, según aquel contrato, el empresario compró un local por 2,7 millones y el ayuntamiento le iba a pagar 7,6 durante la vida del contrato en contra de la opinión de los técnicos municipales.

La vista se celebra por la mañana en la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid, y la sala deberá determinar si ha existido un perjuicio para los ciudadanos de Vitoria y las responsabilidades derivadas de la firma en 2007 —Alonso era alcalde y Maroto su concejal de Hacienda— con el empresario Gonzalo Antón. El contrato obligaba al Consistorio de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros. Además, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final. Por su puesto, las obras de acondicionamiento del local las pagó en Consistorio. En una comisión de investigación que se puso en marcha en el Ayuntamiento de Vitoria, se dieron a conocer una serie de correos electrónicos entre alcaldía y el empresario en el que iban ajustando las cuotas mensuales para llegar al objetivo final de pagarle al empresario 7,6 millones.

Como ya adelantó EL PAÍS el pasado 20 de febrero de 2015, el Tribunal de Cuentas impuso una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles de aquel Gobierno —también investigados en esta causa— por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas con este contrato. El colectivo contra la corrupción Adi se concentrará frente a los locales alquilados por Alonso y Maroto, a través de este controvertido contrato, ubicados en la calle San Antonio de Vitoria, para denunciar el "trato de favor" que Maroto y Alonso dieron al empresario Gonzalo Antón.

Este colectivo, además, estudia la posibilidad de trasladar este asunto a la vía penal para tratar de esclarecer lo ocurrido, al margen de las conclusiones a las que pueda llevar la causa abierta en el Tribunal de Cuentas.