Más de 500 víctimas de explotación laboral fueron liberadas en 2015
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigaron a 6.537 empresas y sancionaron a 1.992 y detectaron un fraude global a la Seguridad Social de 79 millones de euros.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en colaboración con la Inspección de Trabajo llevaron a cabo en 2015 numerosas operaciones contra la explotación laboral y el fraude a la Seguridad Social. 6.537 empresas fueron investigadas, de las que 1.992 fueron sancionadas. El cómputo global de la estafa a las arcas públicas ascendió a 79 millones de euros y 525 personas explotadas laboralmente fueron liberadas.
En la llamada Operación Madroño, 179 personas fueron detenidas y se investigaron un total de 28 empresas repartidas entre Madrid y Guadalajara. Estas empresas facilitaron altas en la Seguridad Social a un total de 137 sujetos y, una vez alcanzados los periodos de cotización necesarios, propiciaron el cobro de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Además, esas firmas ficticias facilitaron los documentos necesarios a 29 personas extranjeras para su regularización administrativa. El fraude calculado de estas actuaciones irregulares fue de 2.345.867 euros, según los investigadores.
En Murcia, durante la Operación Vertedero, fueron detenidos los máximos responsables de una trama de cinco empresas ficticias, generadas para eludir sus responsabilidades como propietarios y receptores de las ganancias de varios locales de prostitución. En total 258 personas fueron detenidas y el fraude estimado fue de 700.000 euros.
La intervención de mayor envergadura realizada a lo largo del año pasado, y que se desarrolló en Madrid, Valencia, Alicante, Granada, Málaga y Almería, fue la Operación Lente. En esta se detuvo e imputó a 251 personas por una estafa a las arcas públicas de casi 3,5 millones de euros.
En el marco del plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2012, a lo largo del año pasado se investigaron un total de 6.537 empresas, de las que 1.992 fueron propuestas para sanción. El principal objetivo de este convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y el del Interior es actuar contra comportamientos que atentan contra los derechos de los trabajadores y afectan negativamente a la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones legales.
Así, a lo largo del año pasado, se detectaron un total de 840 empresas ficticias y se realizaron 10.545 inspecciones de trabajo. Se esclarecieron 12.646 delitos y 4.719 faltas administrativas en relación con la Ley de Extranjería. Concretamente se detectaron, gracias a las informaciones recibidas desde la Consejería de Interior de la Embajada española en Pekín, numerosas irregularidades en los procesos de regularización de ciudadanos chinos.
Por otra parte, 525 víctimas de delitos de trata de seres humanos para la exploración laboral fueron identificadas y liberadas.
Cursos de formación
También ha habido casos de fraude en los cursos de formación, como investigó la Operación Cursos Cap. Esta comenzó a raíz de que fueran detectadas presuntas actividades delictivas cometidas por una empresa con sede en Almería, que ofrecía a empresas relacionadas con el mundo del transporte la obtención del certificado de aptitud profesional del conductor (CAP). La trama actuaba ofertando dichos cursos, subvencionados por la Tesorería General de la Seguridad Social, y cuyos alumnos inscritos nunca asistían a las acciones formativas obligatorias y necesarias para la obtención de dicha certificación. En total se investigaron y registraron 17 centros de formación y se detuvo o imputó a 38 personas.
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