PP y PSOE gastaron 390.000 euros en ocio del personal en una década en la Diputación de Lugo

Los Gobiernos del PP y del PSOE gastaron en la Diputación de Lugo al menos 390.000 euros entre 2003 y 2014 en comidas festivas y viajes de ocio para los empleados de la institución y sus familiares, según consta en el sumario de la Operación Pulpo que ha provocado la dimisión del secretario general del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, presidente de la institución entre 2007 y 2015 e imputado en esta causa por seis delitos. A estas partidas, recogidas como "gastos sociales" en virtud de un acuerdo marco de los años noventa que la investigación considera vulnerado, hay que sumar por lo menos otros 603.000 euros recibidos por el personal de la Diputación para servicios y bienes médicos y estéticos, que incluyen sesiones de acupuntura y ozonoterapia, gafas de sol graduadas y cirugía láser para los ojos. De todos estos dispendios, 498.000 euros corresponden a la presidencia de Besteiro.

Los gastos bajo sospecha se extienden entre 2003 y 2014, por lo que también afectan al último gobierno del popular Francisco Cacharro Pardo, fallecido en 2015. En esta época, que va de 2003 a la primera mitad de 2007, se abonaron con fondos públicos más de 155.000 euros para que los empleados de la Diputación lucense viajasen a la India, Argentina, Benidorm o Eurodisney y para que sus hijos disfrutasen de campamentos. En los cuatro años analizados bajo mandato del PP se gastaron más de 110.000 euros en banquetes por las festividades de San Froilán y Santa Rita y más de 230.000 en servicios médico-estéticos.

Cuando en 2007 Besteiro se hizo con el poder provincial, fueron suprimidos los viajes, pero se mantuvieron el resto de dispendios que la juez instructora, Pilar de Lara, considera ilegales. El gobierno presidido por el PSOE destinó a las comidas de ocio de los empleados algo menos de 125.000 euros y a los gastos médico-estéticos, unos 373.000, es decir, un total de 498.000 euros. La magistrada ha citado a declarar como investigado al socialista por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude de subvenciones y fraude a las Administraciones públicas.

La investigación sobre grandes viajes y acerca de los llamados “gastos sociales” a favor del personal de la Diputación de Lugo se originó después de que la UDEF volcase durante un registro el contenido informático del ordenador de Leticia Vilar, jefa de comunicación de Besteiro para la que la juez sospecha que se creó una plaza ad hoc y se amañó una oposición de periodistas. La memoria de su disco duro albergaba documentos que abrieron nuevas puertas al caso Pulpo, como varias tablas que detallaban los dispendios en la plantilla durante los últimos cuatro años de gobierno del PP en la Diputación, algunos referenciados supuestamente por ella misma como “gastos polémicos”. Además, en este PC había una presunta lista negra con información sobre 33 trabajadores vinculados de una o de otra forma al PP, y datos correspondientes a servicios médico-estéticos u otras supuestas prebendas para el personal de las que estas personas afines al Partido Popular y sus parientes se habrían beneficiado.

A raíz del hallazgo de las listas de gastos de tiempos de Cacharro Pardo, De Lara ordenó a los agentes que la apoyan en esta investigación que recogiesen en la Diputación todas las facturas o balances relativos a “gastos sociales” en personal desde 2003 hasta 2014, y comprobó que se habían mantenido con la llegada del socialista Besteiro a la presidencia. En un auto con fecha del pasado 8 de enero, la magistrada exige más documentación sobre pagos a trabajadores, la mayoría relacionados con gastos englobados en la denominación de médico-estéticos, que suman un total de 603.000 euros. De esta suma, más de 230.000 se corresponderían con el periodo 2003-2007 y unos 373.000, con los años que van de 2008 a 2014. Gómez Besteiro tomó el relevo de Cacharro al frente de la Diputación en julio de 2007.

En la extensa lista de “gastos sociales” de los que, según los investigadores, disfrutaron la plantilla del organismo provincial y sus familiares tanto con el PP como con el PSOE, figuran conceptos tan llamativos como el de “DIU liberador”; los tratamientos con isoflavonas y la ozonoterapia; las ondas de choque o terapias de acupuntura; sesiones de balneario, tratamientos homeopáticos y de medicina alternativa; audífonos y hasta sus pilas de repuesto; operaciones de la vista con láser; gafas de todo tipo; vacunas; plantillas; prótesis y ortodoncias, o infinidad de implantes y cuidados dentales que han costado a la Diputación cientos de miles de euros.

En declaraciones a Europa Press, Leticia Vilar, que también figura como beneficiaria de estos "gastos sociales", ha salido en defensa de la legalidad de su plaza pública en la Diputación de Lugo. Asegura que ya en el año 2013 envió un comunicado a los medios avalado por el colegio y el sindicato de periodistas en el que, entre otras cuestiones, subrayaba que el tribunal de su oposición estaba compuesto tanto por "reputados miembros de la universidad" como por "todos los anteriores jefes de prensa de la Diputación durante los gobiernos populares", sin intervención de "cargo político alguno". Un miembro de ese tribunal ("el que decidía", según la UDEF) era precisamente otro de los principales imputados, junto con ella y Besteiro, de la Pulpo: Juan Carlos Fernández Pulpeiro, jefe de protocolo del organismo, que ya estaba en tiempos de Cacharro y fue luego hombre de confianza del exlíder socialista.

En torno a su figura (que da nombre a la Operación Pulpo) gira otra parte fundamental de la investigación. La instructora sostiene que Fernández Pulpeiro, encargado del Servicio de Relaciones Institucionales de la Diputación del que dependía el programa Km0 (de rutas turísticas por la provincia de Lugo), utilizó indebidamente fondos procedentes de la Unión Europea. De Lara ha constatado que el programa se puso en marcha en septiembre de 2008 por iniciativa de la Presidencia de la Diputación, “sin acuerdo plenario y sin regirse por norma alguna”. Un mismo empresario, Raúl López López, magnate gallego del transporte, consiguió, según la documentación judicial, diversas adjudicaciones por 852.437 euros de forma supuestamente “fraudulenta”.

La juez aprecia una “clara intencionalidad de beneficiar” a las empresas de transporte relacionadas con el grupo Monbus, propiedad de López, y señala que se realizaron fraccionamientos de los contratos y presuntos amaños en la licitación, tanto de los distintos procedimientos negociados como de los concursos abiertos, presentando en algunos casos ofertas idénticas y concurriendo, en otros, varias compañías vinculadas al empresario, también investigado. Los decretos por los que se aprueban todos los contratos menores están firmados por Besteiro con excepción de uno.

Pulpeiro llega a justificar cinco facturas de la empresa de Raúl López Monforte, SA, por excursiones que no se abonaron en su momento, ya que se realizaron antes de que la empresa fuese contratada, el 1 de junio de 2012. En esa fecha, una junta de gobierno presidida en esa ocasión por Antonio Veiga (vicepresidente de la Diputación por el BNG) adjudicó el transporte a Monforte, SA, mediante procedimiento abierto y por importe de 488.820,25 euros.

De Lara sostiene que la Diputación entregó también un contrato menor para rotulado de los autobuses, por 17.994,50 euros, a una empresa de la familia de una funcionaria y antes de que el grupo de López recibiera ocho adjudicaciones nuevas. Bajo sospecha están otros contratos a dedo a favor de más empresas, algunas de ellas vinculadas a personas próximas al círculo más cercano a Besteiro. Estas adjudicaciones aparecen fraccionadas, pero llegan a sumar cientos de miles de euros.

La investigación también cuestiona las subvenciones al Club Baloncesto Breogán de Lugo, que compitió en la liga ACB hasta 2006. De Lara considera que el club “se habría beneficiado de diversas subvenciones [de la Diputación lucense], de forma presuntamente ilícita, sin cumplir los requisitos y sin ninguna clase de justificación, en contraposición con el destino de las subvenciones solicitadas por otras entidades deportivas”. La instructora cuantifica en cerca de siete millones de euros lo recibido de forma irregular por el club de baloncesto desde 2006. De ellos, 1,2 millones corresponden a la época en la que el PP gobernaba la Diputación y el resto al posterior bipartito PSOE-BNG que presidía Besteiro.