El clan del ‘pirata’ gallego sale de prisión tras pagar 600.000 euros

El armador del municipio coruñés de Ribeira Antonio Vidal Suárez, dueño del Grupo Vidal, y otros cinco miembros de su familia, detenidos por pesca ilegal de merluza negra a gran escala en aguas de la Antártida, han quedado este jueves en libertad condicional tras depositar 600.000 euros de fianzas.

Tras múltiples denuncias e investigaciones que apuntaban a las prácticas "piratas" del armador gallego, la juez considera ahora a Vidal Suárez el cerebro de un complejo y sofisticado entramado societario para blanquear dinero y cambiar constantemente de nombre a los buques que utilizaba en las capturas ilegales, según el auto dictado por la magistrada de la Audiencia Nacional que dirige las investigaciones.

Se trata de uno de los mayores golpes policiales a escala internacional contra la pesca ilegal en aguas reguladas por la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos desde, al menos, 2006. Según las pesquisas, Vidal organizó un grupo criminal perfectamente orquestado para obtener ingentes beneficios a costa de la captura de austromerluza, una especie de enorme valor ecológico.

Según el auto, Antonio Vidal; su mujer, Manuela Pego; sus hijos, Manuel Antonio, Ángel y Belén; y el marido de esta última, Manuel Pérez Mariño, formaban parte del entramado societario cuya empresa matriz era el Grupo Vidal. El clan aparece como accionista de hasta una docena de empresas españolas y extranjeras, la mayoría relacionadas con los barcos investigados por pesca ilegal. La juez decretó para todos ellos prisión eludible con una fianza de 100.000 euros para cada uno por delitos de organización criminal, blanqueo, contra el medio ambiente y falsedad documental.

En los últimos 15 años, el grupo naviero era uno de los más subvencionados del sector a través de distintos organismos oficiales —entre ellos, los últimos gobiernos de la Xunta— y la cuantía de las ayudas percibidas aún se está evaluando. La investigación destaca la relación de Vidal con la compañía Eastern Holdings LTD Company, armador del pesquero Songhua, una embarcación interceptada en enero de 2015 cuando pescaba ilegalmente en aguas protegidas. Esta empresa estaba participada por la mercantil Viarsa Energía, siendo uno de los accionistas a su vez de la sociedad Vidal Armadores, representada por Vidal Suárez, según se puso acreditar a través del bufete de abogados Sucre&Sucre de Belice.

La documentación aportada por los investigadores concluye que en este entramado empresarial participan otras empresas también constituidas en Belice, Suiza, Uruguay y Panamá. Además, llama la atención de los investigadores el hecho de que Vidal Armadores sea copropietaria de Gallega de Pesca Sostenible y Viarsa Energía.

Antonio Vidal también actuaba como representante de Meteora Development, Strapledield Investiment, Viarsa Fishing y Mabenal, directamente relacionadas con buques investigados como el Kunlun, luego llamado Thule y más tarde Eole, con bandera de Guinea Ecuatorial. Recientemente el mismo buque ha estado operando con los nombres de Red Moon, Black Moon, InaMaka, esta vez con bandera de Corea del Norte. Otros barcos implicados con la trama, como el IUU Yonding, navegaban con pabellón de Togo.

Círculo cercano al jefe

El auto señala que dentro del Grupo Vidal otras personas que formaban parte del círculo cercano al jefe tenían asignadas tareas de responsabilidad como la contabilidad, gestión de personal o la logística de los barcos. Estos colaboradores se encargaban, por ejemplo, de encontrar las personas adecuadas para formar las tripulaciones, generalmente de nacionalidad española y de máxima confianza para realizar las capturas.

Otro dato llamativo en el que se ha detenido la instructora es la compensación de 6,3 millones de euros que Antonio Vidal obtuvo de la compañía aseguradora Allianz como consecuencia del hundimiento del buque Reefer Louyang por exceso de la carga ilícita que portaba, capturada en zona protegida y que blanqueó a través de empresas intermediarias. De la indemnización se detalla que le correspondieron 1,2 millones por la pérdida del buque y el resto se pagó como compensación por las toneladas de austromerluza.

En 2015, las autoridades tailandesas comunicaron que el buque Kunlun (con el nombre de Taishan) había arribado al puerto de Phuket, donde declaró 183 toneladas de mero congelado que en realidad era merluza de profundidad protegida. La mercancía se volvió a cargar en el mismo buque y seis meses después zarpó con la carga ilegal quebrantando las órdenes de retención. Posteriormente, las autoridades senegalesas también inspeccionaron el Kunlun en el puerto de Dakar cuando operaba como Asian Warrior. Allí declaró como mercancía una carga de atún, pero investigaciones abiertas en Tailandia y Vietnam apuntan a que se trataba en realidad de austromerluza.