La Administración dio 3,6 millones a una armadora pirata

El Ministerio de Medio Ambiente estaba advertido de que Vidal Armadores SA y su matriz, Viarsa Cartera, con sede en Ribeira, llevaban años burlando las normas internacionales y aprovechándose de los vacíos del sistema para pescar ilegalmente. Lo sabía porque organizaciones ecologistas como Greenpeace y Oceana lo habían denunciado. Incluso el comisario europeo de Pesca, Joe Borg, escribió a la ministra Elena Espinosa en diciembre de 2005 mostrando su preocupación por que España abanderase barcos de la compañía armadora que estaban incluidos en listas negras, como la de la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos (Ccamlr), formada por los países con jurisdicción en esas aguas. Estas listas son herramientas reconocidas internacionalmente que advierten de los barcos que han sido hallados culpables de cometer actividades ilegales de pesca.

El comisario europeo pidió a España que no abanderase sus barcos

En la pesca ilegal se utilizan otros países para blanquear capturas

Aun así, el Gobierno español concedió subvenciones a las sociedades administradas por Antonio Vidal Suárez y Antonio Vidal Pego (padre e hijo) que llamaron la atención en el propio sector pesquero por su elevada cuantía. Entre los años 2004 y 2005 Vidal Armadores recibió 2,9 millones para dos campañas de pesca experimental y la construcción de buques otorgadas desde la Secretaría General del Mar, que dirige Juan Carlos Martín Fragueiro. La Xunta de Galicia, en el año 2003, le otorgó otros 634.000 euros.

Con estos datos, Greenpeace presentó ayer una denuncia ante la Audiencia Nacional para que investigue a la empresa y sus administradores, e indague la asignación de 3,6 millones de euros en fondos públicos recibidos por la compañía "a pesar de su conocido historial de piratería".

Según la denuncia, Antonio Vidal Pego, administrador de Viarsa Cartera, fue condenado en 2006 en EE UU por "importar y conspirar para vender bacalao de profundidad obtenido de forma ilegal en mayo de 2004". Lo detuvieron al aterrizar en el aeropuerto de Miami en abril de 2006 y posteriormente se declararía culpable junto a la empresa Fadilur de haber falsificado documentación para obstruir las investigaciones y pescar con su buque Carran. Actualmente, Vidal Armadores sólo tiene un barco abanderado en España, el Belma, dentro de las listas negras de la Ccamlr. Sigue una práctica habitual de las empresas que quieren evadir controles y en puertos para blanquear capturas ilegales, la de reabanderar los buques en terceros países. El caso del Paloma V, con pabellón de Namibia y dirigido por la empresa de Ribeira, es el más documentado por Greenpeace. El Gobierno de Nueva Zelanda le impidió descargar en Auckland 98 toneladas de bacalao, 50.000 litros de aceite de hígado de pescado y 85 toneladas de tiburones el pasado mes de mayo tras constatar que participó en un transbordo de carga con otros dos barcos que realizaban actividades ilícitas. Otro de los casos es el del barco Black Moon, que en los últimos siete años ha tenido siete nombres distintos y cuatro banderas de Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Guinea Ecuatorial y Corea del norte.

Además de las "generosas", ayudas de la Administración española a esta empresa, a la organización ecologista le llama la atención que España firmase en 2008 un acuerdo con Namibia para que el Belma tuviera acceso al banco pesquero namibio durante todo el año. "Es imposible entender cómo pudo el Gobierno español negociar un acuerdo en nombre de una compañía que figuraba como armadora de tres barcos piratas", declaró María José Caballero, portavoz de Greenpeace.

La reacción del Ministerio de Medio Ambiente no se hizo esperar, y en un comunicado explicó las actuaciones que ha llevado a cabo con los buques denunciados, "en defensa de una pesca responsable y sostenible, principio sobre el que se basa la política pesquera del gobierno de España". En una nota reconoce que "el 9 de julio de 2004, el patrón del buque Galaecia fue sancionado con una multa de 60.000 euros por manipular el dispositivo de control vía satélite y con otra multa de 60.000 euros por obstrucción a las labores de inspección. Asimismo, fue sancionado con la suspensión de las autorizaciones de pesca por un periodo de 6 meses. La empresa [Vidal Armadores] fue declarada responsable solidaria del pago de la multa". Un año después, el mismo ministerio que había sancionado a la empresa le otorgó 1,3 millones de euros, la segunda mayor ayuda publicada ese año, para una acción de pesca experimental. Estas campañas se realizan con la colaboración del Instituto Oceanográfico para evaluar la rentabilidad de una pesquería y regular los recursos de forma duradera.

Además de su envío a la Fiscalía, la denuncia de Greenpeace fue presentada ayer en Roma en el marco de la Cumbre de Pesca bianual de la Organización Mundial de Alimentación y Agricultura (FAO), como un ejemplo de falta de mecanismos de control internacional para evitar la piratería.