Pescadores de lista negra

Uno de los grupos pesqueros más vigilados del mundo tiene su sede en la localidad coruñesa de Ribeira. La empresa familiar Vidal Armadores acumula un historial de barcos incluidos en "listas negras", persecuciones por pescar sin permiso y sanciones por no respetar a las especies protegidas. La empresa resalta que nunca ha recibido condena judicial por pesca ilegal y, también, que está cambiando su estrategia: en vez de seguir pescando, se va a dedicar solamente a negocios como las energías renovables o la extracción de aceite de pescado.

"Pretendemos borrar una historia que no acaba de eliminarse, porque siempre hay alguien encargado de reactivarla", explica Antonio Vidal Pego, Toño, de 38 años, durante un almuerzo en un restaurante de Santiago de Compostela. Es el hijo del fundador de la empresa, Antonio Vidal, Tucho, que no asiste a la entrevista: "Non quero falar contigo" es lo único que ha dicho el patriarca a los medios de comunicación durante años. Su hijo Toño aparece como la cara pública de la compañía, un ejecutivo que usa traje negro, corbata de cuadros rosas, gemelos de plata y zapatos impecables de piel, negros.

La empresa cuestionada ha recibido 8,2 millones en ayudas oficiales, incluida una pendiente de pago de la Xunta de Galicia

Toño asegura que tanto él como su padre han trabajado siempre dentro de la ley. Pero también insiste en que quiere "pasar página". ¿Y cuáles son las páginas que le interesa que se olviden? Para responder a esa pregunta hay que bucear en cientos de documentos procedentes de media docena de países, que hablan de una compañía sospechosa de jugar con los límites de la legalidad en actividades pesqueras no solo lucrativas, sino subvencionadas. Desde 1996, las compañías de Vidal Armadores han recibido al menos 8,2 millones de euros por parte de las administraciones nacionales y de la Comisión Europea, un pellizco de los casi 6.000 millones recibidos por la industria pesquera española desde 2000.

El caso más esclarecedor sobre Vidal Armadores se produjo en mayo de 2008. El barco Paloma V atracó en Auckland (Nueva Zelanda) con algo más de 180 toneladas de merluza negra y tiburón. El patrón proporcionó una declaración escrita asegurando que ni el barco ni la tripulación habían ayudado a buque pirata alguno. Pero los inspectores de pesca Phil Kerr y Dominic Hayden decidieron estudiar el caso con detenimiento. Conocían un historial de incidentes anteriores de Vidal Armadores, una de cuyas filiales era copropietaria del Paloma V.

Los inspectores copiaron los discos duros de los ordenadores de a bordo. Allí encontraron datos que les llevaron a sospechar de esta empresa como actor principal en una red de barcos piratas que capturaban merluza negra en la Antártida, una zona donde la pesca se encuentra sometida a la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos (CCRVMA), que prohíbe proveer o realizar transbordos a barcos incluidos en listas negras. Los documentos consultados muestran recibos de pago efectuados por Vidal Armadores para el aprovisionamiento de barcos, fotografías de transbordos a buques inscritos en listas negras y múltiples correos electrónicos que hacían sospechar de la empresa española como directora de una red de barcos.

Las preguntas sobre el Paloma V son lo único que parece enojar a Vidal Pego. Asegura que ese barco ya no es de su propiedad y, en cualquier caso, para él toda la historia es "una auténtica aberración". El punto de vista del inspector neozelandés Phil Kerr es diferente: "Lo que Vidal hacía estaba bien organizado, bien estructurado", afirma. "Tenía una flota legal que aprovisionaba a la ilícita. Cuando revisamos este material, vimos que estaba más activo que nunca".

Sin embargo, las autoridades de Nueva Zelanda decidieron evitar un asunto largo y jurídicamente complejo contra el armador, y dejaron libre al Paloma V con una simple advertencia legal. Pero el nombre del buque pasó a una lista negra y después fue observado pescando en aguas de la Antártida bajo pabellones de Mongolia, Belice y Camboya. Desde 2005, la Comisión Europea ha enviado 16 cartas al departamento llamado ahora Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino pidiéndole que actuara contra Vidal Armadores. Finalmente, a mediados del año pasado, el ministerio informó de que había sancionado a Vidal Armadores con 150.000 euros por la relación del Paloma V con la pesca ilegal, más la suspensión de toda ayuda pública y de las licencias de pesca por dos años. Pero la compañía recurrió la sanción, por lo que no es firme.

Otra reclamación espera a los Vidal en Mozambique. En 2008, el Gobierno de ese país confiscó el Antillas Reefer cuando pescaba tiburones protegidos. Las autoridades le sancionaron con una multa equivalente a 3,3 millones de euros. El Gobierno español negoció la puesta en libertad de la tripulación y nadie ha pagado la multa: Vidal Pego dice que su empresa solo era socio minoritario de la compañía namibia propietaria del barco, mientras Manuel Castiano, director de vigilancia pesquera de Mozambique, asegura que seguirá presionando para que alguien pague: "3,3 millones de euros es mucho dinero, suficiente para hacer funcionar mis patrulleras por un tiempo", dice. El barco confiscado ha sido reconvertido en embarcación dedicada a la vigilancia marítima.

El primer tropiezo de Vidal Armadores se remonta a finales de los años noventa. Las aguas de la Antártida son ricas en merluza negra, también llamada "bacalao de profundidad" o "róbalo de fondo". Poco conocida en España, esta especie alcanza un precio equivalente a 40 euros por kilo en las pescaderías de Estados Unidos. Este negocio animó a muchos armadores españoles a aventurarse en las peligrosas aguas antárticas: los Vidal, en concreto, ayudaron a algunos a abanderar sus buques en Uruguay. Uno de sus buques con bandera uruguaya, el Viarsa 1, fue perseguido por una patrullera australiana en 2003 y acabó en Australia, donde un juez terminó absolviendo al propietario.

Mucho peor pinta tenía el proceso abierto en 2005 en Estados Unidos. Un fiscal federal de Miami acusó a Vidal Pego y a una de sus compañías en Uruguay de falsificar documentos para ocultar el origen de una importación ilegal de merluza negra. Interpol emitió orden de busca y captura contra Vidal Pego, que se presentó ante el tribunal de Florida en 2006. Su compañía uruguaya Fadilur admitió todos los cargos; Vidal Pego solo se declaró culpable de obstrucción a la justicia. Entre los dos, pagaron una multa de medio millón de dólares (368.000 euros). El juez le dejó en libertad condicional tras prohibirle que se dedicara al negocio de la merluza negra por un periodo de cuatro años, bajo advertencia de enfrentarse, en caso contrario, a 20 años de cárcel.

Hoy, mientras sale de Santiago de Compostela conduciendo su porsche, Vidal Pego cuenta que se declaró culpable con el fin de agilizar un costoso proceso. Asegura que no se dedica a la pesca desde entonces, y reitera que su compañía no ha sido condenada nunca por pesca ilegal, lo cual es técnicamente cierto. Sin embargo, sí ha recibido condenas por actividades relacionadas con esta y ha sido sancionada repetidamente.

Originarios de la ciudad portuaria de Ribeira, los Vidal se han ganado el respeto de sus paisanos por crear empleo o patrocinar el club local de taekuondo. "Para mí, han sido auténticos caballeros", asevera Manuel Torres, patrón de pesca en Ribeira, quien también recuerda que cuando sus barcos y tripulaciones tuvieron problemas, Vidal padre "pagó a los abogados y les sacó de la cárcel".

Pero algunas ONG -Greenpeace llevó un informe de actividades ilegales a la fiscalía española, que no encontró razones penales para intervenir- y la Comisión Europea no ven con buenos ojos que una empresa tan cuestionada continúe recibiendo subvenciones. Sobre todo, después de la reciente legislación contra la pesca ilegal, vigente desde 2010, que permite prohibir el acceso a ayudas públicas a personas y empresas relacionadas con esta actividad. Y sucede que su última iniciativa, Biomega Nutrición, una fábrica que extraerá ácido graso omega-3 procedente de hígado de pescado en Boiro, tiene pendiente de pago una subvención de casi cuatro millones de euros de la Xunta de Galicia, cofinanciada con fondos europeos. Ernesto Penas Lado, director de Política Pesquera de la Comisión Europea, afirma que está siguiendo el caso de cerca para asegurarse del respeto a la ley.

Entre tanto, en Madrid, el ministerio tiene una nueva investigación sobre la mesa. Dos barcos incluidos en listas negras, y con pabellón de Corea del Norte, fueron fotografiados en febrero pasado cuando estaban sin autorización cerca de la Antártida. Los barcos fueron propiedad durante años de empresas participadas por Vidal Armadores. Aunque esta dice que ya no son suyos, la Comisión Europea ha pedido a España que lo investigue.

"Kate Willson y Mar Cabra son periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). La investigación completa, en inglés, puede leerse en este enlace ."