Los obispos asumen que habrá que “revisar” los acuerdos con el Vaticano

Los obispos están "preocupados", pero no alarmados, ante la posibilidad de que se cambien los ventajosos acuerdos religiosos firmados en Roma en 1976 y 1979 entre España y el Estado vaticano. Lo ha dicho su portavoz, José María Gil Tamayo, en la rueda de prensa convocada en la mañana de este jueves para dar cuenta de los acuerdos de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, formada por los cardenales y arzobispos en activo, y por otra decena de prelados.

Los religiosos han estado reunidos desde el lunes pasado y, entre otros asuntos, han reflexionado "sobre la situación que vive nuestro país", ha explicado el portavoz. "No entramos en cuestiones concretas. Estamos en un momento inédito. Tenemos confianza en que los actores políticos tendrán los resortes suficientes para reconducir este camino en una estabilidad de gobernabilidad. Hay que recuperar el espíritu de la Transición, estamos en un tiempo nuevo, con actores nuevos", ha añadido.

Sobre el futuro de los cuatro acuerdos concordados con el Vaticano en 1976 y 1979, que elevaron a rango de ley los numerosos privilegios obtenidos por la Iglesia católica durante la dictadura franquista, los obispos se muestran tranquilos después de conocer que el pacto de investidura del candidato Pedro Sánchez, firmado por el PSOE y Ciudadanos, no habla de la denuncia o cancelación de esos acuerdos, sino solo de su revisión. Los obispos "no valoran" lo pactado, pero recuerdan que no es lo mismo "denunciar que revisar" tales acuerdos. Sin embargo, y por primera vez, el portavoz episcopal abre la puerta a esa revisión. "Las leyes no son eternas, ni los acuerdos", ha subrayado, ofreciendo "la disponibilidad de los obispos al diálogo" siempre que se respete la libertad religiosa, la enseñanza concertada, la asistencia religiosa en lugares públicos y las exenciones fiscales. "No son privilegios de la Iglesia", ha sentenciado.

El primero de esos acuerdos con el Vaticano, de julio de 1976, por tanto preconstitucional, exige al Papa consultar al Gobierno el nombramiento de los obispos "por si existiesen posibles objeciones concretas de índole política general", y deja en manos del Rey la elección del arzobispo castrense con rango de general de División. Por su parte, el acuerdo sobre enseñanza exige al Estado que "la educación que se imparta en los centros docentes públicos sea respetuosa con los valores de la ética cristiana", y que los medios de comunicación se atengan "a los mismos principios" pactados entre la Iglesia y el Estado.

En materia de financiación del clero y el culto católicos con dinero público, el Vaticano se comprometió en 1979 en el acuerdo llamado sobre "Asuntos económicos", a que la Iglesia católica debía lograr por sí misma “los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Para ello, "ambas partes" se comprometían a ponerse de acuerdo para sustituir "los sistemas actuales de colaboración económica por otros campos y formas de financiación". Nunca se ha intentado ejecutar lo pactado entonces.

Pese a que cualquier atisbo de reforma o cancelación de esos acuerdos con el Estado de la Santa Sede es percibido por amplios sectores eclesiásticos como un síntoma de anticlericalismo y laicismo agresivo, el portavoz de los obispos sostiene que "en España no hay una persecución religiosa, ni nada de esto".