La mala marcha de la Justicia, principal queja al Defensor del Pueblo

El funcionamiento de la Justicia española no convence a los ciudadanos. Las discrepancias con resoluciones judiciales y los retrasos en su actividad son la principal queja que recibió en 2015 el Defensor del Pueblo: se presentaron 1.834 reclamaciones relativas a la administración de justicia, más de un 10% de las 17.822 que recibió el organismo en total, unas 50 cada día. La cifra es un 23% inferior a la de 2014. La mayoría de las quejas sobre procesos judiciales caen, sin embargo, en saco roto, dado que el Defensor del Pueblo admite que no está facultado para intervenir en las resoluciones de los casos.

El ámbito de actuación del Defensor del Pueblo en temas de Justicia se centra en los problemas relacionados con la falta de medios personales y materiales, y su veredicto para 2015 no es precisamente amable: "Se observan problemas estructurales —excesiva carga de trabajo— en la mayoría de los casos, de modo que los retrasos afectan no solo a la persona que se ha dirigido al Defensor del Pueblo, sino a la totalidad de quienes presentan demanda", explican en un informe presentado este jueves.

El balance muestra un claro descontento con la gestión del voto a distancia, tanto entre los que han ejercido el sufragio por correo en España, cuyo plazo tuvo que ampliarse un día en las elecciones generales por el colapso de las oficinas de Correos, como entre los que han votado desde el extranjero. El Defensor del Pueblo ilustra esta última cuestión con los bajos datos de participación desde el exterior. "Baste decir que la participación en las elecciones generales ha superado el 73% entre los residentes en España, mientras que no ha alcanzado el 5% entre los residentes en el extranjero", señala. Para solucionarlo lanza una petición a los partidos: "Sería conveniente que reflexionaran sobre esta realidad y acordasen medidas que favoreciesen la participación".

El colectivo de examinadores de autoescuela ha sido uno de los que más ha recurrido al Defensor del Pueblo, y se muestra crítico con la falta de seguridad: hay más de 400 quejas por la falta de protección a los examinadores frente a las agresiones de personas que suspenden la prueba. Esta situación les llevó a ponerse en huelga durante seis semanas el pasado octubre, lo que provocó la suspensión de más de 60.000 exámenes. El conflicto se cerró con el ofrecimiento de la DGT de "garantías de seguridad a los funcionarios" y compensaciones retributivas.

Asuntos como el fraude en el cobro de la energía eléctrica, las listas de espera en hospitales o el pago de prestaciones sociales como pensiones de incapacidad o subsidios de desempleo han sido otros de los principales motivos de queja el pasado año.