Amnistía denuncia el “doble rasero” del Gobierno en derechos humanos

España no se libra del retroceso en el respeto a los derechos humanos en todo el mundo que constata el último informe de Amnistía Internacional (AI). El director de su sección española, Esteban Beltrán, criticó el martes “el doble rasero” del Gobierno español “que no sigue dentro lo que aconseja fuera”. Mientras en la ONU propone acabar con el derecho de veto en casos de crímenes contra la humanidad o promueve el papel de la mujer en la resolución de los conflictos, en España desoye las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, argumentó.

Beltrán sostuvo que la conocida como ley mordaza “limita de manera desproporcionada el derecho de reunión pacífica”, mientras que la reforma de ley de Extranjería legaliza las devoluciones en caliente y las expulsiones colectivas. Respecto a la reforma del Código Penal, “es tan vaga que hasta el relator especial de Naciones Unidas alertó de que podía penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delito de terrorismo y restringir desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión. Algo de eso hemos podido ver en el caso de los titiriteros [de Madrid]”, concluyó.

AI denuncia que se dejase sin asistencia sanitaria a 750.000 inmigrantes indocumentados o que solo se haya acogido a 18 refugiados procedentes de Italia y Grecia de los 17.000 comprometidos.

En su apartado dedicado a España, el informe anual de AI deplora la impunidad de los cinco militares responsables de torturar a dos prisioneros iraquíes en la base de las tropas españolas en Irak en 2004, recogidas en un vídeo difundido por EL PAÍS el 17 de marzo de 2013. Beltrán puso de relieve las “graves irregularidades” supuestamente cometidas en la instrucción por el juez y el fiscal, que han propiciado el archivo provisional del sumario en la jurisdicción militar.

AI deplora la impunidad de los militares españoles que torturaron a presos en Irak en 2004

El informe recuerda que la Audiencia Nacional tuvo que archivar casos graves de violación de derechos humanos, como el de la prisión militar de Guantánamo (Cuba), debido al recorte de la jurisdicción universal y que España ha privado a las víctimas del franquismo de su derecho a obtener “verdad, justicia y reparación”.

También recuerda el caso de Ángela González Carreño, cuya expareja mató a la hija de ambos en 2003. Aunque había denunciado episodios anteriores de violencia familiar, no se le dio protección.