El Constitucional suspende la Consejería de Exteriores catalana

El pleno del Tribunal Constitucional admitió este martes a trámite el recurso del Gobierno en funciones contra la creación de la Consejería de Exteriores de Cataluña y, por tanto, dejó en suspenso sus atribuciones. La admisión y suspensión es un trámite automático, ya que la ley reserva esta opción a los recursos presentados por el Ejecutivo, siempre que lo pida.

El Gobierno en funciones tomó la decisión de acudir al Constitucional después de estudiar los informes presentados por los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Justicia y optó por impugnar el decreto que regula las atribuciones de la Consejería de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales, dirigida por Raül Romeva, una de las principales novedades del nuevo Gobierno de Carles Puigdemont. Artur Mas ya tenía intención de crear en la anterior legislatura un Departamento de Exteriores, pero Unió, entonces en el Gobierno catalán, lo frenó.

La admisión a trámite del recurso no figuraba inicialmente en el orden del día del pleno celebrado este martes, pero a última hora se incluyó una adición para tratar la admisión a trámite del recurso. El tribunal tiene la posibilidad en los próximos cinco meses de estudiar el fondo de la cuestión u optar por una prórroga de esta suspensión.

El Constitucional tiene además pendiente de decidir sobre el incidente de ejecución que presentó también el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy contra la intención del Parlament de Cataluña de poner en marcha una comisión de estudio del proceso constituyente. El Ejecutivo consideró que el Parlament “infringe el ordenamiento constitucional” y, en concreto, la sentencia del 2 de diciembre del Constitucional que declaró nula la resolución soberanista que aprobó la Cámara catalana poco después de constituirse. El Gobierno pidió además que se apercibiera al Govern de las responsabilidades, incluso penales, en las que puede incurrir si sigue adelante con el proceso.

Este incidente se resolverá en un auto en el que el tribunal habrá de pronunciarse sobre el fondo y determinar si la acción del Ejecutivo catalán merece un apercibimiento, que podría acarrear, además, la adopción de medidas coercitivas.