Acuamed presentó 45 millones en sobrecostes días antes del 20-D
Arcadio Mateo llevó al consejo de administración reclamaciones de obras ahora investigadas
Al consejo de administración de Acuamed no le dio tiempo a hacer su habitual reunión mensual en enero pasado. El día 18 la Guardia Civil entró a registrar la sede madrileña de la empresa pública por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y se destapó la Operación Frontino: un millonario escándalo de corrupción con contratos amañados y obras hidráulicas infladas. En diciembre, en cambio, el consejo se reunió no una, sino dos veces. El undécimo punto del día, presentado por el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, fue la "aprobación, si procede, de las reclamaciones presentadas por los adjudicatarios de contratos".
Se trataba de dos reclamaciones que sumadas suponían 45 millones de euros por encima del presupuesto vigente: la de Acciona, como contratista de la desaladora de Torrevieja; y la de la UTE, liderada por FCC, que se encarga de la descontaminación de Flix. Los consejeros, entre los que hay representantes de tres ministerios (Hacienda, Agricultura y Presidencia), se enteraban así, nueve días antes de las elecciones generales del 20 de diciembre y sin que el tema se hubiera tratado en reuniones previas, de que estas dos grandes obras podían acabar costando, si ellos lo aprobaban —no lo hicieron—, 45 millones de euros más. Estas obras están entre las siete que investiga Velasco.
La reunión, presidida por la vicepresidenta del consejo, Liana Ardiles (directora general del Agua), se produjo el 11 de diciembre. Pese al enunciado del punto del orden del día, no llegó a someterse a votación la adopción de ningún acuerdo con respecto a las millonarias reclamaciones, según el acta de la reunión, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Para entonces, la Fiscalía Anticorrupción ya había pedido información en varias ocasiones a Acuamed sobre obras que consideraba sospechosas, entre ellas la de Flix. Y habían pasado casi dos años desde que Francisco Valiente, exdirector de Ingeniería y Construcción de Acuamed, denunciara las presuntas irregularidades y se iniciara la investigación. Pasaban los meses y el consejo de administración no tomaba medidas.
Los consejeros conocen la reclamación de Acciona un año y un mes después de que esta empresa la presentara. El dossier sobre la obra de la desaladora de Torrevieja llega en noviembre de 2014. Incluye una descripción y valoración de trabajos reclamados por un importe de 17,5 millones de euros, sin IVA, lo que suponía un 8% de incremento sobre el presupuesto vigente. Tras recibir el dossier, Acuamed encargó —según el acta, a "la unidad responsable del contrato"— un informe para analizar la reclamación. Concluyó que debería estimarse por los sobrecostes no previstos en el contrato y derivados de "la excepcional duración de las obras" por un importe de 7,7 millones de euros. La obra de Torrevieja, planificada como la mayor desaladora de Europa, tenía que haberse terminado en diciembre de 2008, pero no concluyó hasta setiembre de 2013. La empresa siempre ha defendido que esos retrasos, de los que no tuvo la culpa, generaron los sobrecostes. Acciona sigue reclamando esa cantidad a Acuamed.
El caso de Flix es algo más complicado y entra de lleno en el núcleo de la supuesta compensación ilegal que describe el juez en el auto con el que envió a prisión sin fianza a la cúpula de Acuamed. Los consejeros son informados de que los contratistas del proyecto para eliminar la contaminación química en el embalse de Flix reclaman 45,3 millones de euros por haber incurrido en gastos debidos a modificaciones del contrato. También de que “la unidad responsable del contrato”, cuyo responsable no se especifica en el acta, admitía 36,8 millones de euros.
Reclamación "ilegal"
El juez Velasco define en su auto esta reclamación como "ilegal" y recuerda que los "directivos de Acuamed" la apoyaron, pero que los técnicos la negaron. Según el instructor, para justificar los ficticios millones reclamados, se certificaron unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos y se inventaron conceptos extraordinarios que no existían con documentación falsa. Todo ello para "compensar a FCC siguiendo instrucciones emanadas desde la superioridad", continúa el magistrado, que considera que los directivos de Acuamed quisieron inflar el presupuesto de Flix para compensar a FCC por otra de sus obras, la de la desaladora de Bajo Almanzora, inundada en 2012 y para la que se pactó pagar a medias entre Administración y contratista la reparación. Un acuerdo del que fue informado incluso el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y que nunca llegó a materializarse.
La descontaminación de Flix y los sobrecostes que supuestamente originó la complicada tarea de eliminar 700.000 metros cúbicos de residuos tóxicos tuvieron más consecuencias dentro de Acuamed. Las diferencias de criterio de varios técnicos con la dirección de Acuamed en cuanto a los gastos en los que efectivamente había incurrido la empresa costaron el puesto a dos de estos técnicos y sanciones a dos más. Un informe interno de auditoría sobre Flix permitió al consejo de administración de Acuamed despedir a las dos ingenieras responsables de las obras de descontaminación, Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, en una reunión celebrada el 30 de julio de 2015.
Según el acta de la reunión, los consejeros fueron informados a la vez del resultado del informe, que describía "debilidades e incumplimientos" supuestamente atribuibles a estas responsables, y de la propuesta de las medidas disciplinarias que resultaban de ese informe: los despidos. La decisión se aprobó por unanimidad. El consejo lo presidía ese día Pablo Saavedra, secretario de Estado de Medio Ambiente y, como tal, número dos del Ministerio de Agricultura.
Trabajadoras represaliadas
Lo que no recoge el acta es que las dos ingenieras llevaban meses negándose a cumplir las órdenes que Arcadio Mateo y Gabriela Mañueco (directora de Construcción, el puesto que tenía Francisco Valiente hasta que lo despidieron), ambos encarcelados ahora por orden del juez Velasco, les daban para que aceptaran beneficiar a determinados contratistas o para firmar sobrecostes. Rebelarse les costó el puesto.
El informe con el que la dirección de Acuamed justificó sus despidos lo elaboró un Comité de Control Interno creado en noviembre de 2014 —poco después de que la Fiscalía empezara a pedir documentación sobre obras concretas— que únicamente hizo ese trabajo y cuyos miembros escogía la dirección de Acuamed. Uno de los integrantes de ese comité era Javier Gómez, detenido y encarcelado también por pertenecer a la trama, según el juez.
De la segunda reunión de diciembre no hay constancia documental. A preguntas de EL PAÍS, el ministerio asegura que no tiene el acta, pero señala que las reclamaciones no fueron aprobadas. Siguen, por tanto, pendientes de pago, y bajo investigación en la Audiencia Nacional.
El consejo estuvo meses ignorando la denuncia
2 de abril de 2014
8 de mayo de 2014
14 de octubre de 2014
29 de enero de 2015
3 de febrero de 2015
30 de julio de 2015
Las acusaciones eran muy graves, pero pasaban los meses y la empresa pública seguía ignorándolas. El análisis de las actas del consejo de administración de Acuamed permite comprobar cómo las denuncias que el exdirector de Ingeniería y Construcción de la empresa pública, Francisco Valiente, presentó a los consejeros fueron pasando de reunión en reunión sin que llegaran a abordarse.
El consejo de administración acordó "por unanimidad" el cese de Valiente el 2 de abril de 2014. Ese día lo preside Liana Ardiles porque Federico Ramos de Armas, presidente de Acuamed por ser secretario de Estado de Medio Ambiente, ha excusado su presencia. El quinto punto del día es "Informaciones relativas al personal directivo de la sociedad". Toma la palabra el director general, Arcadio Mateo del Puerto, hoy encarcelado como presunto cabecilla de la trama de malversación de la Operación Frontino. Propone el cese de Valiente por "pérdida total de confianza por parte de la empresa".
Javier Moya, director de los servicios jurídicos, habla acto seguido y dice que esa es razón suficiente para rescindir un contrato de alta dirección como el suyo y que, en caso de que Valiente presente una demanda judicial, "la indemnización sería pequeña al llevar únicamente un año en la empresa".
Entonces la secretaria del consejo, Isabel Bonelli, abogada del Estado, informa de que ese mismo día ha recibido un requerimiento notarial con documentación para ser distribuida entre los miembros del consejo. Es la denuncia de Valiente a partir de la cual la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco inician sus pesquisas y ordenan detener y encarcelar a directivos de Acuamed y de grandes empresas constructoras.
"No habiendo sido posible su valoración jurídica y técnica, dado el escaso tiempo disponible", señala el acta, los consejeros se dan por enterados, pero aplazan la cuestión hasta la siguiente reunión. Los documentos que presuntamente demuestran los falsos sobrecostes y las actuaciones en beneficio de las constructoras no se estudian. En cambio, el cese de Valiente se aprueba por unanimidad.
El siguiente consejo de administración, el 8 de mayo de 2014, aprueba nombrar a Gabriela Mañueco Pfeiffer (hoy encarcelada junto con otros tres directivos de Acuamed) como nueva directora de Ingeniería y Construcción en sustitución de Valiente. Y examina la documentación del denunciante. El director de la asesoría jurídica dice: "No se han apreciado consecuencias jurídicas de relevancia en la documentación estudiada, al tratarse de afirmaciones sin respaldo documental alguno". La secretaria del consejo, abogada del Estado como él, estuvo de acuerdo.
Solo un consejero, Ricardo de Alfonso López, representante del Ministerio de Hacienda, intervino para "mostrar su preocupación" porque pudieran existir partes de alguna obra que pudiera ser certificada sin que realmente se hubiera certificado. Arcadio Mateo habló justo después para tranquilizar al consejo. Dijo que iba a encargar (a Mañueco) un informe técnico que lo aclararía todo.
Pasan los meses. El 14 de octubre de 2014 Mateo entrega a los consejeros el informe técnico elaborado por Mañueco y les informa de que la Fiscalía les ha solicitado información. Pese a contar con abogados del Estado dentro de la organización, encargan al despacho Gómez-Acebo y Pombo que les asesore.
En noviembre vuelve a tratarse la cuestión de las supuestas irregularidades. Mateo asegura que las actuaciones a las que se refiere la denuncia presentada ante la Fiscalía "no son las mismas" que las del escrito que Valiente entregó mediante notario a Acuamed. Asegura que solo coinciden dos obras. El consejo acuerda la puesta en marcha del Comité de Control Interno (CCI).
En enero de 2015 el consejo decide que la primera obra que audite el CCI sea la descontaminación de Flix. Mateo informa de que no tienen respuesta de la Fiscalía a la documentación que enviaron dos meses antes. Una consejera, Pilar Vázquez, abogada del Estado, formula preguntas concretas sobre algunas de las obras investigadas: la desaladora del Bajo Almanzora, la de Carboneras, las obras de La Rambla Gallinera o la desaladora de Muchamiel. El acta no especifica qué fue lo que preguntó ni qué respuesta recibió.
El consejo aprueba el plan de actuaciones del CCI para 2015. Estudiará cuatro obras: Flix, laminación y prevención de avenidas en el río Serpis, desaladora de Águilas y la interconexión Carboneras-Cuevas de Almanzora. Es decir, ninguna de las que Pilar Vázquez menciona en la reunión anterior del consejo.
En los meses siguientes distintos trabajadores se niegan a participar en las supuestas irregularidades que se están cometiendo. Son los "funcionarios probos" que menciona el juez Velasco en su auto de enero. "Si se negaban a la irregularidad" eran removidos de su cargo o incluso destituidos, asegura.
Así sucede. El consejo de administración se reúne el 30 de julio de 2015, presidido por primera vez por Pablo Saavedra, recién nombrado secretario de Estado de Medio Ambiente, y aprueba por unanimidad dos despidos y dos sanciones basados en el informe sobre Flix del CCI.
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