Feijóo se niega a explicar su relación con el conseguidor de la trama Zeta

El PP gallego ha entrado con mal pie en el año electoral 2016. La juez de la Operación Zeta, que investiga un supuesto fraude de subvenciones para cursos de formación falsos de cinco millones de euros, ha citado para declarar como investigado por tráfico de influencias a Pachi Lucas, un empresario del círculo íntimo de Alberto Núñez Feijóo. Según la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, Lucas cobraba de la trama por realizar gestiones ante la cúpula del PP para captar ayudas y contratos. Cuando en 2014 trascendió que la policía lo señalaba como el conseguidor de los presuntos corruptos, Feijóo se negó a explicar su relación con él apelando a que no estaba imputado. Ahora que sí lo está, el presidente de la Xunta sigue sin aclarar si conocía las actividades del empresario madrileño que ha estado a su vera en actos públicos y privados desde hace 15 años.

Preguntado este jueves, en su comparecencia tras la reunión semanal de Gobierno, si conoció por Lucas o por sus compañeros del PP que su amigo actuaba ante el partido y las Administraciones como intermediario del presunto cabecilla de la trama Zeta, el militante popular Gerardo Crespo, Feijóo se ha limitado a afirmar que la Xunta denunció ante la fiscalía irregularidades de las empresas de este último, algo que el Gobierno gallego no haría, ha esgrimido, si tuviera la "intención de ocultar cualquier tipo de cosas".

Sin citar en ningún momento el nombre de su amigo, el presidente de la Xunta ha intentado desembarazarse del foco de la causa afirmando que "a todos y con total intensidad les corresponde esclarecer si hay o hubo alguna responsabilidad de cualquier tipo de Gobierno, del Gobierno anterior, del actual, de las comunidades autónomas o del central". "Si son personas civiles, que no tuvieron cargos públicos, con la misma igualdad que los que no los tuvieron", ha añadido sobre una categoría en la que se encuadraría Pachi Lucas junto a la mayoría de los más de 70 investigados en este caso de corrupción.

Desde que la Operación Zeta saltó a los medios de comunicación, Feijóo se ha escudado en la inspección que la Consellería de Traballo e Benestar impulsó y envió al ministerio público en febrero de 2012, cuando la instrucción del caso llevaba abierta desde finales de 2011 por la denuncia de dos extrabajadoras de la trama. Crespo, un empresario de A Coruña muy cercano al PP al que la juez considera cabecilla del supuesto entramado de fraude de subvenciones, ha relacionado públicamente esta denuncia de la Xunta ante el fiscal con una filtración judicial a los populares gallegos. En una entrevista en la Cadena SER, Crespo relató que su relación con Lucas se cortó abruptamente en enero de 2012 y que el empresario amigo de Feijóo le explicó posteriormente por qué había dejado de cogerle el teléfono repentinamente. "[Lucas] sabía de los pinchazos [policiales]", afirmó Crespo, "me dijo que lo sentía mucho, pero que no me podía avisar, y que fue por eso que la conselleira [de Traballo] y Feijóo montaron todo lo de anular los últimos cursos y enviar el caso al fiscal para salvarse".

Feijóo ha eludido este jueves explicar su relación con Lucas, pero sí ha subrayado que la Operación Zeta afecta a varios Gobiernos y Administraciones aparte del que él preside. El último auto judicial de la instructora del caso cifra en cinco millones de euros los fondos públicos captados fraudulentamente por la trama para actividades de formación que no se realizaron: cuatro millones procedentes del Ministerio de Empleo, unos 750.000 euros de la Xunta, 35.000 del Gobierno vasco y 16.000 del Gobierno de La Rioja. Según la juez, el principal instrumento de los acusados para recibir estas subvenciones y contratos es la denominada Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), un "mero artificio" dirigido en la sombra por Gerardo Crespo, que simulaba a base de "sedes ficticias" tener implantación estatal para acceder a más tipos de ayudas para cursos que no realizaba.

La juez investiga en esta causa a cuatro cargos o excargos públicos, tres de la Xunta y uno del Gobierno central. De los cargos autonómicos, dos son de la Administración de Feijóo, uno formó parte de la Xunta bipartita que presidió el socialista Emilio Pérez Touriño entre 2005 y 2009 (Pastor Fuenteseca) y otro, Juan José Barrera Cerezal, fue director general de Economía Social, Trabajo Autónomo y Responsabilidad Social de las Empresas en los Ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero. Odilo Martiñá, exdirector general de Traballo en la Xunta del PP, ya ha dimitido, pero el presidente gallego ha anunciado que de momento no destituirá a Ana María Díaz, exdirectora de Formación de su Gobierno y actual responsable de Conservación da Natureza. Díaz, Fuenteseca y Barrera están acusados de un delito de prevaricación por su "total dejación" en la supervisión de las subvenciones y por "los indicios de connivencia con los principales actores de la trama delictiva" que ha encontrado la juez.