El PNV acusa a Bildu de “manipular” datos en su denuncia de fraude

La Diputación de Gipuzkoa, gobernada por el PNV y los socialistas, ha acusado este jueves a Bildu de "manipular datos" con "total intencionalidad" en la querella que interpuso la coalición abertzale por una presunta malversación de 30,7 millones de euros en la construcción de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria) cuando gobernaban los peneuvistas.

Es el conocido como caso Bidegi, abierto por un Juzgado de Azpeitia tras sendas denuncias presentadas a finales de la pasada legislatura por la Diputación guipuzcoana cuanto estaba en manos de Bildu. El equipo que presidía Martin Garitano denunció un fraude que se eleva a 30,7 millones, consistente en el pago de esas cantidades por obras no realizadas en la AP-1 en 2009, cuando la institución foral estaba gobernaba por el PNV.

Este asunto fue el principal desencadenante de la ruptura total de relaciones entre el PNV y Bildu en Gipuzkoa y que desembocó en una guerra política entre ambas formaciones políticas, resuelta en las pasadas elecciones forales de 2015, en las que los peneuvistas lograron ser primera fuerza en esta provincia y desbancaron después a Bildu gracias al pacto de gobierno que firmaron PNV y PSE.

La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha comparecido esta mañana para dar a conocer un informe elaborado por ingenieros de la Diputación que pone al descubierto la existencia de "errores en los cálculos" que se incluyeron en la documentación técnica en la que se basa la querella criminal de Bildu. La coalición abertzale encargó a una ingeniería técnica externa a la Diputación la elaboración de un dictamen que afloró las supuestas irregularidades en las obras de la citada autopista.

Oiarbide ha sostenido que los errores que contiene la querella "no se consideran fortuitos", por lo que ha existido una "manipulación intencionada con el fin de alterar la realidad de forma fraudulenta". El informe que revisa los pagos realizados en las obras ha sido entregado por la Diputación guipuzcoana al juzgado que investiga este caso.

La denuncia de Bildu por malversación de caudales públicos y falsedad documental va dirigida contra el ex director general de Bidegi (sociedad pública que gestiona las autopistas de Gipuzkoa) Agustín Zugasti, además de las constructoras que ejecutaron la autopista AP-1 y responsables de las ingenierías que intervinieron en las obras. La anterior diputada del ramo, Larraitz Ugarte (Bildu), aseguró que las dos máximas autoridades institucionales de Gipuzkoa, el alcalde donostiarra, Eneko Goia, y el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, tendrán que declarar como testigos en la causa abierta.

La revisión que ha realizado ahora la institución dirigida por el PNV afecta a una de las dos querellas, la correspondiente a las obras del túnel de Arlaban. Según la acusación de Bildu, en la ejecución de esta infraestructura se abonaron 17,1 millones por trabajos no realizados (8,3 millones por materiales que no se emplearon y 8,8 millones por tareas que ya habían sido abonadas por la Diputación alavesa). La diputada ha indicado que los técnicos forales están trabajando en otro informe para tratar de desmontar la primera denuncia, por otros 13,6 millones pagados por trabajos inexistentes en el tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte de la misma autopista.

Oiarbide ha insistido en que las querellas de Bildu no tienen "ninguna base técnica en la que apoyarse" al estar basados en "mediciones no válidas" y datos "manipulados". La Diputación de Gipuzkoa no descarta ejercer acciones legales contra la empresa de ingeniería que Bildu contrató para analizar cómo se liquidaron las obras de la AP-1.