Marisol Yagüe e Isabel García Marcos tienen 10 días para entrar en la cárcel

La Audiencia de Málaga ha iniciado la ejecución de la sentencia del caso Malaya y ha dado un plazo de 10 días a los 27 condenados en el caso de corrupción destapado en el Ayuntamiento de Marbella que tienen penas superiores a los dos años de cárcel. Entre las personas que deben ingresar en la cárcel antes de ese plazo están la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe (cinco años y medio de reclusión), que ocupó el sillón tras la moción de censura presentada contra Julián Muñoz en agosto de 2003; y la ex primera teniente de alcalde del municipio malagueño, Isabel García Marcos (penada con tres años y seis meses de prisión), también exdirigente socialista y azote del fallecido Jesús Gil durante años, antes de que decidiera pasarse al bando enemigo y gobernar con los representantes del gilismo.

Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama, está condenado a 17 años de cárcel y al pago de una multa de 233,1 millones de euros. El exasesor de Urbanismo de Marbella está en prisión desde hace casi 10 años, por lo que no está afectado por la orden de la sección primera de la Audiencia malagueña, aunque sí empieza a hacerse efectiva. La resolución se ha notificado este martes.

La resolución se ha dictado seis meses después del fallo firme del Tribunal Supremo, notificado en julio pasado, y cierra los flecos del procedimiento casi una década después de las primeras detenciones. La operación estalló el 29 de marzo de 2006.

Tanto Yagüe como García Marcos fueron arrestadas en la primera fase de la operación, en marzo de 2006, y estuvieron seis meses en prisión preventiva. Yagüe abandonó el penal malagueño de Alhaurín de la Torre entre lágrimas tras abonar una fianza de 60.000 euros. La misma cantidad fijó el instructor para García Marcos, quien en ese momento dijo a los periodistas que se sentía “una presa política”.

También deben ingresar en prisión otros 11 exconcejales de Marbella de la etapa gilista, testaferros de Roca (como Montserrat Corulla, penada con tres años y seis meses de cárcel) y promotores inmobiliarios como Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que también deben afrontar multas millonarias.

Hay otras 18 personas con condenas a dos años de cárcel, o inferiores, que quedan excluidas inicialmente de este requerimiento, pero se les conmina al pago de las multas a las que fueron condenadas. Si cumplen con el abono de esa sanción económica y con el resto de requisitos legales, al no superar los 24 meses de reclusión, su pena puede quedar en suspenso. Todo esto se verá ahora “caso por caso”, apuntan fuentes judiciales. En este grupo se encuentran, por ejemplo, Rafael Gómez Sánchez Sandokan (seis meses de prisión), exconcejal de Córdoba; el empresario Enrique Ventero y los tres condenados vinculados a la promotora Aifos. También Julián Muñoz, penado en este proceso con dos años.

Previsiblemente, cada condenado optará ahora por presentar ante la sala el correspondiente recurso para retrasar los trámites, aunque las fuentes consultadas confían en que el proceso culmine antes de un mes. Es decir, en las vísperas del décimo aniversario del estallido del caso Malaya.

El Tribunal Supremo dictaminó en su sentencia, confirmando la tesis de la Audiencia de Málaga, que en el Ayuntamiento de Marbella se instauró durante la década de los 90 del siglo pasado, con la llegada del fallecido Jesús Gil a la Alcaldía, un sistema de corrupción política y económica “generalizada”, donde el gobierno local actuaba al margen de la ley y se movía solo por “los intereses particulares de aquellos que pagaban y de aquellos que recibían”. El jefe de la trama era Juan Antonio Roca, que ha recibido la notificación del auto sentado en el banquillo de los acusados por otro presunto caso de corrupción. El caso Malaya es la mayor trama de corrupción municipal enjuiciada y sentenciada en España.