Emplazar, desbordar

En los años setenta tuvieron notable influencia política en el País Vasco grupos minoritarios radicales no muy diferentes de lo que ahora es Podemos. Su estrategia, orientada por el objetivo de desestabilizar el sistema, se apoyaba en la táctica de emplazar a los partidos mayoritarios a tomar iniciativas rupturistas seguida del desbordamiento radical de lo que finalmente hacían. Algo que pudo tener sentido en la agonía del franquismo, cuya desestabilización era un objetivo en sí mismo, pero dejó de tenerlo en democracia.

Podemos se ha moderado bastante pero sin renunciar del todo a ese izquierdismo residual que justifica cualquier cosa que contribuya a debilitar al sistema (democrático) que estigmatizan como casta. Y no es casual que su último movimiento táctico haya sido emplazar al PSOE a admitir la celebración “inaplazable” de un referéndum de autodeterminación en Cataluña como condición para pactar con ellos una alternativa de Gobierno.

Asumir ese pacto significaría, hoy por hoy, correr el riesgo de una vuelta a la dinámica emplazamiento-desbordamiento, pero ahora dentro del propio Ejecutivo. Autodeterminación no significa más autonomía sino romper con ella. Así lo vio ya en el debate constitucional el entonces portavoz del Partido Comunista Jordi Solé Tura. La izquierda —opinó por entonces— no puede defender el pleno despliegue de un Estado autonómico, que implica un amplio consenso, y a la vez reclamar la posibilidad de secesión mediante un referéndum, que supone imposibilitar un acuerdo mayoritario sobre esa forma de Estado; y que sería altamente desestabilizador para la naciente democracia.

También lo sería ahora. Porque desencadenaría una dinámica de agravios comparativos que disolvería el Estado autonómico sin alternativa viable; y porque tampoco resolvería, sino radicalizaría, la actual crisis catalana. Así lo adelantan las sucesivas elecciones más o menos plebiscitarias y decenas de encuestas que revelan que no hay mayoría suficiente para la independencia; y que indican también que un planteamiento unilateral de la misma dividiría dramáticamente a la sociedad catalana.

El PSC tuvo que sacar de su programa el llamado derecho a decidir —que se estaba interpretando ambiguamente como una consulta no vinculante pero con consecuencias políticas irreversibles— para contener la deriva de adaptación al soberanismo que había roto el partido. Situación que aprovechan los de Colau e Iglesias para emplazar a los de Sánchez e Iceta a volver a esa deriva bajo amenaza de responsabilizarles de haber impedido un acuerdo para desalojar a Rajoy de La Moncloa.

Los socialistas no solo deben rechazar ese chantaje sino plantear su propia iniciativa en respuesta a la demanda mayoritaria de una consulta en Cataluña. Aceptar que esa consulta se produzca, pero no como punto de partida que trace de entrada una frontera entre catalanes, sino como culminación de un proceso de negociación y ratificación del acuerdo alcanzado con el Estado. Acuerdo que podría partir de la sentencia del Constitucional de marzo de 2014 que, tras negar la existencia de un derecho de autodeterminación de Cataluña, admite que pueda hablarse de derecho a decidir como “aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional”. Es decir, tras una reforma constitucional, refrendada por el conjunto de los españoles, que ampare reformas del Estatuto que reconozcan a los catalanes el derecho a disponer de la última palabra sobre la relación de Cataluña con la España autonómica.