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Las últimas 48 horas de Samba Martine

Un informe de Cruz Roja enviado al juzgado detalla la desatención sufrida por la congoleña que murió en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid

La madre de Samba Martine (izquierda), durante su entierro. Ver fotogalería
La madre de Samba Martine (izquierda), durante su entierro.

Samba Martine apenas podía tenerse en pie. Tenía muchos y fuertes dolores. Pero el doctor no había llegado aún a la consulta y la enfermera decidió suministrarle un ansiolítico. No la vio ningún médico. Unas compañeras, las mismas que la habían sostenido para subirla a la enfermería, la ayudaron a bajar las escaleras y la llevaron a la sala de estar. Ella no tenía fuerzas ni para estar sentada, así que se tumbó en el suelo.

 Por la tarde seguía allí, tapada con mantas, y se quejaba de que el humo le impedía respirar. Muchos fumaban a su alrededor, una sala repleta y cerrada del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid en el que la congoleña estaba recluida por haber entrado de forma irregular en España. El ambiente era irrespirable y nocivo. Viendo el pésimo estado de la mujer, una mediadora de Cruz Roja subió a avisar a la enfermera, que respondió que no podía hacer nada por ella. Horas después, al verla peor, insistió. Sin éxito. La sanitaria no bajó a ver cómo estaba la enferma ni llamó a un médico.

Las compañeras de Martine se quejaron de la escasa atención sanitaria que estaba recibiendo la mujer y pidieron a Cruz Roja papel y sobres para contárselo al juez. Aseguraron a la mediadora que la congoleña nunca había sido derivada a un hospital a pesar de que su estado de salud no hacía más que empeorar. Y no exageraban. La mujer estaba tan mal que al día siguiente, seis antes de la Navidad de 2011, murió. Hoy se cumplen tres años.

Estos hechos forman parte del relato de las últimas horas de vida de Samba Martine que consta en un informe de Cruz Roja, firmado por la coordinadora de su programa para inmigrantes y refugiados de la Comunidad de Madrid, al que ha tenido acceso este diario y que fue remitido al Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, que investiga su muerte.

El informe detalla también lo que ocurrió el mismo día en el que murió la congoleña. Esa mañana subió a la consulta a primera hora, pero el personal sanitario solo le enseñó ejercicios de respiración para que no hiperventilara. Después, dado que no se calmaba, le inyectaron diazepam. Ella siguió hiperventilando, solo que dormida. Horas después, finalmente, decidieron llevarla a un hospital, aunque el equipo sanitario consideró que podía ir en coche patrulla y que no era necesaria una ambulancia a pesar de que Martine “se encontraba desorientada, sin apenas poder hablar y descalza”, según el informe de Cruz Roja.

Cuando la policía llegó, la mediadora de la ONG pidió unas zapatillas para ella. Una de las agentes le “espetó que por qué no iba descalza, que daba igual”. Después, siempre según el relato de la organización humanitaria, ante las dificultades para calzar a una mujer que apenas podía moverse, la policía insistió en que se diera prisa, dijo que no hacía falta que le pusieran bien las zapatillas y luego se negó a ayudarla a bajar las escaleras alegando que no era su función.

Otro policía que pasaba por allí sí la auxilió y varios agentes comentaron que no entendían por qué no se había llamado a una ambulancia. El terrible estado de salud de la mujer resultaba evidente para todos salvo para la enfermera que la había atendido, que aseguró a los policías que “no se preocuparan, que no le pasaría nada, que había subido a la consulta andando”. “Efectivamente, Samba pudo subir las escaleras a primera hora de la mañana, pero su estado físico había empeorado y además había recibido una medicación que provoca, entre otros efectos, mareos, visión borrosa o somnolencia”, señala el informe de Cruz Roja. De hecho, la mujer estaba tan mal que tuvieron problemas incluso para sentarla en el coche de policía y acabaron usando el cinturón de seguridad para que no se cayera hacia un lado. Cuando llegó al hospital 12 de Octubre, los médicos no pudieron hacer ya nada para salvar su vida.

Martine tenía 34 años y una hija pequeña. Llevaba 38 días en el CIE y había dicho que se encontraba mal desde el principio. Que le dolía la cabeza y la nuca, que casi no podía mover el cuello ni los brazos. Acudió al menos 10 veces al servicio médico. Pero lo único que le dieron durante más de un mes fue paracetamol y tranquilizantes. La autopsia determinó más tarde que tenía sida, algo que nunca le diagnosticaron en el centro de internamiento, y que murió por una infección derivada llamada criptocosis, para la que existe tratamiento.

Cuatro años después, seis responsables sanitarios, médicos y enfermeros, están imputados. Se trata de personal contratado por Servicios Médicos Especializados, SL (Sermedes), la empresa encargada de prestar el servicio al CIE. El magistrado del juzgado número 38 de Madrid, encargado del caso, a la espera de los escritos del fiscal, las acusaciones y las defensas, está a punto de acabar la instrucción y tendrá que decidir ahora si se abre juicio oral contra algún imputado.

El juez tuvo que reabrir el procedimiento en enero de 2014, tras haberlo archivado, después de que le obligara la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal, que criticó la cadena de fallos e irregularidades cometidos por parte del equipo médico, fue tajante: si la congoleña hubiera recibido tratamiento para la causa de su muerte, “se podría haber evitado el fatal desenlace”. Los magistrados entendieron que los síntomas de Martine obligaban a sospechar de la existencia de una enfermedad grave y que, dado que los internos en un CIE no pueden acceder a médicos distintos de los del centro, es especialmente relevante “la posición de garante” del personal de la instalación.

“La administración de tratamiento antirretroviral adecuado habría podido cambiar la evolución clínica al poder impedirse la aparición de infecciones oportunistas asociadas a la infección por VIH como es el caso de la criptocosis”, opina el doctor Santiago Moreno Guillén, jefe del servicio de Inmunodeficiencia del hospital Ramón y Cajal, en un dictamen aportado al procedimiento. “No puede descartarse que la evolución hubiera podido ser la misma, pero es más probable la hipótesis contraria, es decir, puede afirmarse que el tratamiento de la infección por VIH hubiera disminuido de forma relevante el riesgo de desenlace letal”.

Cruz Roja acaba el informe recomendando que se garantice a todos los extranjeros internos en un CIE un reconocimiento médico completo y que los traslados al hospital “se lleven a cabo siempre a través de ambulancia y no de coche patrulla”. Consejos para que no vuelva a repetirse una situación como la de Samba Martine, que agonizó en el suelo rodeada de humo mientras suplicaba, sin éxito, ayuda médica.

Seis médicos y enfermeras imputados por la muerte

El magistrado del juzgado número 38 de Madrid debe decidir ahora si abre juicio oral contra alguno de los cinco médicos y enfermeras que han declarado como imputados y contra la persona que organizaba el servicio médico del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid (CIE).

La cuestión central es si los sanitarios que trataron a Martine pudieron o no evitar su muerte y si, en virtud de sus síntomas, estaban obligados a prestar una asistencia médica que no se prestó.

Según reconoció uno de los médicos ante el juzgado, muchos sanitarios del CIE no saben que en los centros de inmigrantes de Ceuta y Melilla se hacen analíticas a todas las personas que ingresan para detectar enfermedades infectocontagiosas. De hecho, en Melilla, por donde entró la congoleña, sí habían detectado el sida que padecía, pero desde el CIE nunca requirieron el informe en el que constaba a pesar de que la mujer acudió al menos en 10 ocasiones al servicio médico del centro.

Las defensas han alegado que sus síntomas eran muy generales y que muchas veces los internos de los CIE piden ir a la consulta solo para salir de los espacios en los que están recluidos.

Al margen del proceso penal hay también iniciado un procedimiento administrativo por una posible responsabilidad patrimonial del Estado: por no socorrer correctamente a una mujer que se encontraba bajo su custodia.

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