“No hubo negligencia en la muerte de la interna del CIE Samba Martine”

No existe atisbo alguno de que se haya producido una conducta negligente o mala praxis por parte de alguno de los sanitarios que atendieron a la fallecida, y existe, contrariamente, constatación de que, en cualquier caso, ineludiblemente, se habría producido el mismo resultado”. La “fallecida” es Samba Martine, de 34 años, la interna congoleña del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid que falleció en diciembre seis horas después de haber sido ingresada en el hospital y tras haber pedido asistencia médica al menos en 10 ocasiones durante el mes anterior a su muerte —solo en una de ellas tuvo intérprete—. La frase es del magistrado del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, que ha archivado la investigación penal abierta por estos hechos.

El magistrado confirmó su decisión en un auto dictado el 24 de septiembre que resolvía el recurso de reforma presentado por la familia. La madre de Samba, Clementine Nijba, recurrirá ahora en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid junto a la acusación popular, ejercida por la asociación Ferrocarril Clandestino. Clementine está convencida, y en el procedimiento hay dos informes médicos que apoyan su tesis, de que su hija no habría muerto si el servicio médico del CIE la hubiera atendido correctamente. Pide, también que se llame a declarar a todos los implicados, algo que aún no ha sucedido.

El juez sostiene que la atención médica dispensada por los servicios médicos del CIE fue “correcta”, y que no era “exigible” una actuación diferente. La versión de la familia es otra. Consideran que los facultativos del centro “debieron indagar sobre las causas de los múltiples síntomas que presentaba la fallecida y que dieron lugar a que en 10 ocasiones antes de su muerte requiriera asistencia médica” con “síntomas, como prurito perianal, tos, dolor torácico, síntomas gripales, fuertes y persistentes dolores de cabeza y retrasos en la menstruación, entre otros”.

La madre de Samba considera que si estas causas “se hubieran indagado, y se hubieran tratado adecuadamente” la muerte podría haberse evitado. Una de sus compañeras en el CIE expresó ante la juez de control del centro que la habían visto “seriamente enferma” y que “no hacía más que llorar, gemir y quejarse”. La coordinadora de Cruz Roja dijo que sabía que Samba estaba enferma desde hacía tres semanas. Sin embargo, no fue conducida al hospital hasta que la infección que padecía era ya irreversible. Ese mismo día murió. Falleció por una “criptococosis sistémica”, enfermedad causada por un hongo que suele darse en personas con las defensas muy bajas. Era portadora del VIH, pero no lo sabía.

¿Debieron los médicos del CIE hacerle una prueba de VIH? El juez cree que no era exigible. La familia de la fallecida, por el contrario, argumenta que el personal del CIE sabe perfectamente que los viajes de los inmigrantes subsaharianos son muy duros, que duran unos tres años, que es frecuente que las mujeres sean violadas o tengan que dedicarse a la prostitución en condiciones muy precarias para poder sobrevivir... y que aunque esto no signifique que deba hacerse la prueba del VIH a todos los inmigrantes, sí debe llevarse a cabo “cuando existen indicios de que la persona enferma puede padecer esta inmunodeficiencia”. Añaden que la candidiasis perianal que le fue diagnosticada a Samba el primer día era un indicio suficiente.

La familia hace alusión a la orden ministerial de febrero de 1999 sobre normas de funcionamiento del CIE, que recoge que a todos los internos que ingresan se les debe practicar un examen médico. Dicen que, en este caso, “o no se llevó a cabo o se practicó de forma muy deficiente”. “Desde un punto de vista sanitario, la importancia de este examen médico inicial es básica, pues en el CIE son privadas de libertad personas de muy diversa procedencia geográfica y perfiles en los que aparecen factores de riesgo a veces graves”, indica el recurso de reforma presentado contra el archivo de la investigación, que fue desestimado por el juez.

Se pudo evitar la muerte? El dictamen forense solicitado por el juez asegura que incluso “de haberse realizado el diagnóstico de la criptococosis (...), el grado de afectación era tal que el tratamiento antifúngico hubiera resultado irrelevante para el desenlace final”. La familia rebate tal afirmación: “Son estudios que se realizaron después de la muerte, es decir, cuando la infección es ya claramente irreversible. Y es obvio que ese letal grado de afectación no sobrevino súbitamente, sino que constituyó el resultado final de un proceso infeccioso desplegado día a día ante los ojos de los médicos del CIE”.

En el procedimiento aparecen dos informes más. Uno de la doctora Concepción Colomo y otro de Santiago Moreno Guillén, jefe de inmunodeficiencia del Hospital Ramón y Cajal. Ambos indican que la muerte pudo evitarse. “La actuación de los servicios médicos del CIE no parece responder a los protocolos habituales de atención clínica en consulta, puesto que la paciente ya en la primera visita presentaba síntomas que debieran haber hecho sospechar una posible patología severa”, indica la doctora Colomo en su dictamen, en el que afirma que le debieron haber practicado la prueba del VIH. “Si este seguimiento, valoración y diagnóstico se hubieran llevado a cabo, se podría haber diagnosticado y tratado a tiempo tanto una inmunodeficiencia por la infección VIH/Sida como la criptococosis antes de que esta se extendiera por todo el organismo y le produjera la muerte por criptococosis sistémica”.

El doctor Moreno Guillén, por su parte, señala que ante cualquier candidiasis mucosa como le fue diagnosticada a Samba Martine por el prurito perianal, lo que debe hacerse de “excluir la infección por VIH como enfermedad subyacente que explique la infección fúngica”. “El tratamiento de la infección por VIH hubiera disminuido de forma relevante el riesgo de desenlace fatal”, concluye el médico.

La familia pide ahora que se sigan practicando pruebas; que se tome declaración a todos los que intervinieron; y que, al menos, se investigue esta muerte de una mujer de 34 años que se hallaba privada de libertad en un centro gestionado por el Estado. La Audiencia Provincial será la siguiente en decidir.