Condenado un militar por apoyar a una colega sancionada cuatro veces

Un correo electrónico con una frase de apoyo hacia la delegada para asuntos femeninos de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) le va a costar al subteniente del Ejército del Aire José Salazar una condena de arresto de un mes y tres días. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo (con los votos a favor, tres, del sector más conservador de la Sala de lo Militar, incluido el presidente Ángel Calderón, y dos en contra). El Supremo confirma el mes de arresto y desestima así el recurso que interpuso Salazar contra una decisión del Tribunal Militar Central.

La base de la condena es que, en ese correo electrónico, Salazar hizo afirmaciones falsas. El correo lo envió desde su cuenta del Ministerio de Defensa a varios militares y en apoyo a la delegada de la AUME, quien había recibido, en un solo año, cuatro sanciones por parte de sus superiores, una de ellas vinculada a su condición asociativa, según destaca la magistrada Clara Martínez de Careaga en un voto particular contrario a la condena y al que se ha adherido su compañero Benito Gálvez. Ambos magistrados creen que la condena vulnera los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de asociación.

El 5 de febrero de 2013 Salazar envió a varios militares desde su cuenta de trabajo un e-mail aparentemente rutinario en el que habla de instancias, vacaciones y permisos y les cita a una reunión de la asociación AUME dos días más tarde. En el último párrafo afirma: “Con esta reunión, también queremos dar un apoyo solidario a nuestra delegada para asuntos femeninos a la que están complicando la vida por su labor asociativa y también a Jorge Bravo que está pendiente de su arresto por falta grave en la que incurrió por sus declaraciones contra los gastos superfluos”.

Ese “le están complicando la vida” es el que va a suponer a Salazar un arresto. El general del Mando Aéreo de Combate impuso a Salazar en julio de 2013 una sanción disciplinaria de un mes y tres días de arresto por la comisión de una falta grave: “hacer reclamaciones, peticiones y manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas; realizarlas a través de los medios de comunicación social o formularlas con carácter colectivo”. El general jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire confirmó la sanción en octubre, y el subteniente llevó el caso en casación hasta el Supremo.

La delegada de AUME para asuntos femeninos en Murcia, la cabo del Ejército del Aire María Teresa Franco, había sido objeto de cuatro sanciones disciplinarias en apenas un año. Una de ellas porque la acusaron de haber llevado propaganda asociativa de AUME a una garita. La sanción consistió en cuatro días de arresto, aunque finalmente fue anulada por un tribunal militar por vulnerar el derecho constitucional a la presunción de inocencia. La anulación es posterior al correo electrónico del subteniente, es decir, que cuando este último lo escribió, la delegada aún se enfrentaba a un posible arresto.

Este es el hecho que lleva a la magistrada Martínez de Careaga a considerar en su voto particular, al que se adhiere el magistrado Benito Gálvez, que el subteniente actuó “en la defensa ponderada de los derechos e intereses de una integrante de las Fuerzas Armadas, expresándose con moderación y respeto”. Afirma que cuando Salazar escribió el correo electrónico, la delegada de AUME sí se enfrentaba a sanciones que guardaban relación con sus actividades asociativas, en contra de lo que asegura la sentencia. Y recuerda que la expresión empleada es “una valoración genérica” que no imputa a nadie las acciones específicas que complican o dificultan la vida de la delegada.

Molesto, pero no falso

“No puede calificarse de arbitraria o absurda la valoración asociativa” de que la sanción a la delegada tuviera relación con su labor asociativa, porque de no pertenecer a la AUME, continúa el voto particular, “difícilmente hubiese sido acusada y sancionada por colocar supuestamente en lugar inadecuado un comunicado asociativo”. Es decir, para estos dos magistrados, Salazar no hizo afirmaciones falsas. “Otra cosa es que resulten molestas, pero en un Estado de derecho no puede ser calificado de falso aquello que simplemente resulte molesto”, añade.

La magistrada menciona también la “indudable problemática” que ha generado la incorporación de la mujer a los Ejércitos y señala que no debe extrañar que los compañeros de la delegada de asuntos femeninos de “una asociación militar perfectamente legal”, que es “reiteradamente sancionada, en alguna ocasión injustificadamente”, muestren su preocupación. “Sancionar esta mera solicitud de apoyo, expresada en términos genéricos, sin imputación personal alguna, con un tono mesurado y respetuoso, vulnera la libertad de expresión” y constituye “una actuación manifiestamente desproporcionada y contraproducente para nuestro propio Ejército”, concluye.

La sentencia del Supremo que supone la privación de libertad de Salazar es muy distinta de la que en mayo pasado dio la razón a Jorge Bravo, presidente de AUME. La Sala de lo Militar respaldó entonces que los militares realicen críticas públicas al Ejército siempre que estas se expresen "con moderación, respeto y mesura". El alto tribunal anuló así una sanción impuesta a Bravo, por criticar, en dos entrevistas concedidas a medios de comunicación, que se destinaran fondos para festejos militares (juras de bandera con civiles o bodas de plata de promociones) en época de recortes. El militar había sido considerado autor de una falta grave del régimen disciplinario y sancionado con un mes y un día de arresto. 

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