Contrabando en la alcaldía

La carrera política del entonces alcalde de Ribadumia por el PP, José Ramón Barral, alias Nené, quedó truncada una mañana de mayo de 2001 cuando salió de su chalé esposado, camino del juzgado. Días antes, Aduanas había descubierto un cargamento de medio millón de cajetillas de contrabando en el puerto de Vigo con destino a Inglaterra que ponía al descubierto un sistema de tráfico marítimo y de contenedores con un sofisticado itinerario nunca antes utilizado por las redes tabaqueras tradicionales. Barral se sentará finalmente en el banquillo 15 años después, primero por delito fiscal y luego por contrabando y cohecho, tras la culminación de una investigación judicial plagada de escollos. En el primero de los juicios, que se celebrará el 26 de enero, el fiscal le pide ocho años de cárcel y multa de 1,5 millones de euros.

Aquel alijo de 2001, valorado en 1,5 millones de euros, implicaba de lleno a Nené Barral como el presunto dirigente de una organización de 43 miembros que se abastecía en Estados Unidos de cajetillas que luego se embarcaban en el sultanado de Omán –donde se simulaba que su origen era Senegal- hasta que llegaban a la Península para acabar en el mercado de Gran Bretaña. La red contaba también con varios barcos que utilizaban los puertos de Cork (Irlanda) y Rotterdam (Holanda) para el transporte terrestre de mercancía en estas latitudes.

Con esta imputación quedaba en evidencia la fama de tabaquero intocable que había acompañado al político popular durante veinte años sin que ello hubiera salpicado siquiera su cátedra de regidor, laureada con cuatro mayorías absolutas que le encumbraron a las altas esferas del poder del PP que con mano férrea había ejercido Manuel Fraga. La doble vida del alcalde –que entonces tenía 63 años- quedó expuesta abruptamente, arrastrando a su mujer y a sus cuatro hijos en el blanqueo de dinero; a su hermano Feliciano, presunto colaborador en el contrabando desde el cargo que ocupaba como presidente del PP local; a dos guardias civiles y a tres agentes aduaneros por revelación de secretos. Barral está acusado de sobornar a estos últimos.

Barral dimitió apenas una semana después de quedar en libertad bajo fianza pero advirtiendo que iba a pelear en los tribunales para demostrar su inocencia. “He sido honrado y honesto en mi vida pública, mi error es privado”, fueron sus palabras de despedida tras permanecer en el sillón desde 1983, año en la que se desarrolló una gran redada contra los contrabandistas de la ría de Arousa de la que Barral salió indemne pese a que su nombre ya aparecía estampado en varios informes policiales.

Así comenzaba la particular batalla judicial del dimitido alcalde que, desde la sombra, siempre estuvo enganchado a la política. Barral llegó a fundar un partido independiente que se estrenó en las elecciones locales en 2003. En la primera contienda Independientes por Ribadumia no le arrebató la alcaldía al PP por un puñado de votos, pero en las pasadas elecciones de mayo sí lo consiguió. Tras una activa participación en campaña de su hermano Feliciano, la formación fundada por Nené Barral accedió al gobierno local pactando con el PSOE y otra fuerza llamada Somos Ribadumia.

En medio de intrigas políticas, Barral logró dilatar quince años el proceso por contrabando en un juzgado de Vilagarcía, recurriendo a los tribunales suizos y evitando todas las comisiones rogatorias que trataban de conocer las millonarias cuentas que supuestamente manejaba. Un atasco que llevó al traste el delito de blanqueo del contrabando, finalmente archivado, y por el que no se pudo llegar hasta el castillo con viñedos de Virginia (EE UU) que algunos informes atribuían a Barral, ni tampoco fue posible rastrear sus bienes en Holanda o Portugal.

Mientras el proceso iba camino de convertirse en uno de los más viejos de la historia judicial y se reducía el número de imputados por muerte o prescripción, Nené Barral siguió haciendo alarde de su capacidad financiera. En 2006 creó en Islas Vírgenes Británicas una sociedad con sus tres hijas desde donde desvió fondos para impulsar empresas de recursos eólicos y cocederos de marisco en la provincia china de Shangdong, Hong Kong y Chile. Pero uno de sus empleados y convecino fue detenido en China y desde la cárcel delató a su jefe.

La fiscalía de Pontevedra abrió así una investigación por blanqueo basándose en la confesión del testigo de cargo pero también esta vez fue archivada, aunque no así el delito fiscal que el 26 de enero próximo sentará en el banquillo por primera vez a Barral y a sus hijas. Eso si el exalcalde del PP no alcanza antes un acuerdo de conformidad y asume los dos delitos fiscales por los que ahora se enfrenta a ocho años de prisión y multa de millón y medio de euros.

Después de que se haya puesto fecha al juicio por sus negocios opacos para el fisco, la Audiencia de Pontevedra acaba de cerrar también recientemente una fase decisiva para reactivar el proceso por contrabando que permitirá al juzgado abrir juicio contra Barral y sus 17 cómplices, cifra en los que quedó reducida provisionalmente la causa. El tribunal desestimó todos los recursos de los imputados que pretendían tumbar el proceso por dilaciones. El criterio de los jueces es que no hay prescripción del delito de contrabando porque los conexos de cohecho y revelación de secretos son de mayor gravedad.

Con este complicado horizonte penitenciario, José Ramón Barral cierra un capítulo inédito en la historia del contrabando en Galicia como el eslabón pendiente de un millonario negocio que vio surgir en primera persona. Una actividad delictiva que la memoria de la Fiscalía de 2005 dio por extinguida y que sería el embrión del tráfico de drogas.