El PP propone financiar un mínimo de servicios básicos igual en toda España

El programa económico del PP propone negociar con las comunidades autónomas e imponer a partir de la próxima primavera un nuevo modelo de financiación de las autonomías que garantice una carta mínima de servicios básicos esenciales en sanidad, educación y servicios sociales igual en toda España. El Estado establecería, tras un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal, la financiación finalista, “estable y suficiente” para esa oferta mínima al margen de las posibles variaciones de los recursos e ingresos que pudieran sufrir las comunidades.

Al PP, a sus barones territoriales y a su candidato, Mariano Rajoy, no les gusta el modelo actual, vigente desde hace cinco años, de financiación de las comunidades autónomas. Sostienen que no lo han podido cambiar en este primer mandato de Rajoy en La Moncloa por la caída de la recaudación sufrida (más de 70.000 millones de euros), pero mantienen que reformarlo es uno de sus objetivos prioritarios para la que debe comenzar tras las elecciones del 20-D. La situación con Cataluña y la deriva independentista de los dos últimos años tampoco ha ayudado.

Los populares llevan varios días presentando por capítulos su programa electoral y el miércoles le tocó el turno al apartado de economía y empleo. En ese documento figura su oferta para el nuevo modelo de financiación de las comunidades. La idea consiste, al menos, en uniformar más los tres servicios públicos esenciales: la sanidad, la educación y las prestaciones sociales “para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia”. No se habla en ningún caso de recentralizar. La meta se fija en poner algo más de orden, para que todos los españoles “puedan acceder a un mismo nivel y calidad” de esas prestaciones, “favorecer un crecimiento adecuado y sostenible” de las mismas “que no dependa de las épocas de bonanza o escasez de los ingresos públicos” y asegurar que todas las comunidades pueden prestarlas de forma permanente.

En el PP denominan ese nuevo criterio como “apuntalar que el nivel de gasto sea tendencial y no cíclico”. En esta legislatura ya se han producido algunos intentos en ese sentido, sobre todo en la sanidad pública, pero mucho menos en la coordinación de los servicios sociales y de dependencia.

La pregunta que queda sin respuesta en el texto del PP es cómo se pretende conseguir esa cohesión del sistema y con qué criterios se hará el reparto del dinero para sufragar esos servicios. La propuesta del PP se fija sobre todo en que hasta ahora ha habido un abuso de la deuda comercial, sin controles suficientes por parte del Gobierno central, con gastos muy diferentes y erráticos por comunidades. El Estado ha asumido estos años mucha parte de esa deuda y eso liberará también recursos.

El Ejecutivo que preside Rajoy ha intentado paliar esas deficiencias con fondos específicos para pagar directamente a los proveedores (Fondo de Liquidez Autonómica) y con algunas actuaciones dirigidas a implantar, por ejemplo, un sistema centralizado de compra de medicamentos.

El PP pretende, con este nuevo plan, que las autonomías den más información de sus presupuestos sobre la proporción de recursos para consolidar esos servicios mínimos comunes. La cartera básica a ofrecer se tendrá que pactar con las autonomías, que sí podrán superar el suelo mínimo de los servicios con sus recursos procedentes por ejemplo de impuestos propios.