Los jueces decanos ven “inadmisible” y "negativa" la ley procesal del PP

Los jueces decanos de toda España consideran “inadmisible, con un efecto sumamente negativo y poco comprensible” el establecimiento de plazos legales en la instrucción que prevé la ley de Enjuiciamiento Criminal que entrará en vigor el 6 de diciembre.

Esa dura crítica a la norma está contenida en las conclusiones de la reunión que han mantenido hasta ayer en Vigo los decanos de toda España y que fue clausurada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Asistieron 43 y estaban convocados más de 50, uno por provincia. Los decanos se suman a la posición de rechazo a la ley de todas las asociaciones de jueces y fiscales, los secretarios judiciales y el Consejo General de la Abogacía, es decir, todos los sectores de la Justicia. El Gobierno, que sacó adelante la ley solo con los votos del PP, mantiene su idea de que entre en vigor en la fecha prevista, pese a las protestas.

Bajo el epígrafe “inadmisible limitación del tiempo de instrucción”, los decanos aseguran que “sorprendentemente se han aprobado otras medidas poco comprensibles en cuanto que van a tener un efecto sumamente negativo, como lo es el establecimiento de plazos-límite en la instrucción, medida de evidente carácter voluntarista que nada soluciona ni aporta y traslada la idea de que son los jueces los responsables de la lentitud de los procedimientos, cuando su causa radica precisamente en la permanente escasez de personal y medios así como en leyes anticuadas que aplicamos al proceso penal y que, gobierno tras gobierno, nadie se atreve a modernizar”.

Añaden que “esta idea que se traslada es especialmente injusta, porque los tiempos de la instrucción judicial no sólo dependen del trabajo del juez sino de múltiples condicionantes externos al Poder Judicial: en el proceso penal trabajan fiscales, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses, policías, traductores, peritos (tasadores, economistas, informáticos, funcionarios de la Agencia Tributaria o del Banco de España, interventores, etcétera...), y además muchas diligencias dependen de otros órganos judiciales en ocasiones extranjeros (comisiones rogatorias etc…). En suma, no por mucho señalar plazos se tramitarán los procesos con mayor agilidad, pues lo que hacen falta son precisamente medios humanos y materiales e intensificar la cooperación judicial internacional”.

Los jueces decanos hacen una valoración muy crítica de la situación de la Justicia y, especialmente, de las normas aprobadas por el Gobierno con el pretendido interés de agilizar su funcionamiento. “Van a tener una eficacia muy limitada y poco o nada va a agilizar el trabajo de los juzgados”, explican.

Los jueces critican que la vacatio legis —periodo que transcurre desde la publicación hasta la entrada en vigor— haya sido de solo dos meses y sugieren que tiene que ver con el interés electoral del Gobierno.

Por otra parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han remitido una carta conjunta a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en la que reclaman medios para poder aplicar la ley y le piden información sobre las medidas que el ministro de Justicia les prometió para poder aplicar la ley. Catalá se comprometió también a dictar una instrucción a los secretarios judiciales para la aplicación de la norma que aún no se ha concretado.