A Coruña diseña una renta para pagar necesidades básicas a 1.000 familias

El gobierno de Marea Atlántica, una plataforma integrada por movimientos sociales, partidos y ciudadanos sin adscripción política que tomó las riendas del Ayuntamiento de A Coruña tras las pasadas elecciones de mayo, ha presentado el primer proyecto de renta municipal para hogares acosados por la pobreza. El borrador de la ordenanza que regula la medida establece una prestación de un mínimo de 532 euros al mes para domicilios habitados por una sola persona y un tope de 1.064 euros, equivalente este último al 200% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El Ayuntamiento coruñés calcula que beneficiará a entre 500 y 1.000 familias, con un presupuesto máximo de tres millones para 2016.

La Renta Social Municipal de A Coruña está “destinada a garantizar recursos económicos de subsistencia” a aquellos ciudadanos que no son capaces de cubrir sus necesidades básicas con “rentas de trabajo u otras prestaciones públicas”. Para establecer la cuantía que debe recibir cada beneficiario, los servicios sociales estudiarán su situación económica teniendo en cuenta no solo otros posibles ingresos sino también sus propiedades. La ayuda puede ser solicitada por inmigrantes en situación irregular. “También tienen derecho y abriremos vías para ello”, afirma la concejala de Justicia Social, Silvia Cameán.

El gobierno de A Coruña defiende que la medida tiene “cobertura legal”, ya que ha sido “respaldada y supervisada por la Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal”. La renta municipal no será compatible con una pensión no contributiva o con la Renta de Inserción Social de Galicia (Risga) que paga la Xunta y que, según explica Cameán, “no está funcionando” porque es de menor cuantía y “deja fuera a mucha gente que la necesita”. En 2014, 783 coruñeses solicitaron la Risga a la Administración autonómica y a 393 de ellos se les denegó.

Salvo en casos excepcionales, la renta municipal no se entregará en metálico sino que se pagará a los proveedores de bienes y servicios relacionados con esas necesidades básicas (vivienda, alimentación, luz, agua o vestuario, por ejemplo) cuando el ciudadano presente las facturas. Se otorgará por un plazo de seis meses prorrogable e irá vinculada a un plan de inserción social y laboral. “Un objetivo primordial es que esas personas sean capaces de elaborar un proyecto de vida por sí mismas”, explica Cameán. Según los datos que maneja el gobierno local de A Coruña, cerca del 25% de los vecinos de este municipio de 244.000 habitantes viven por debajo del umbral de pobreza y unos 2.500 hogares ingresan menos de 400 euros al mes.

El borrador de ordenanza ha sido entregado a ONG, sindicatos y asociaciones que luchan contra la exclusión social para escuchar sus sugerencias. El gobierno que preside Xulio Ferreiro pretende empezar a repartir esta renta social en enero próximo, pero su gobierno en minoría precisa del apoyo del algún grupo de la oposición para poder aprobar la ordenanza en pleno. “Es una medida urgente, la gente no puede esperar”, incide Cameán, quien asegura confiar en el respaldo de PP, PSOE y BNG. “El PP impulsó una renta parecida en Santiago antes de las elecciones municipales de mayo, el PSOE ha anunciado una renta si gana las generales y sabemos que el BNG está por la cuestión social”.