La Guardia Civil acusa de malversar a un diputado andaluz del PSOE

La Guardia Civil acusa al diputado socialista en el Parlamento andaluz y líder del PSOE en Almería, José Luis Sánchez Teruel, por malversación en el caso Marismas, que acumula 21 imputados. La causa investiga el concurso público para modernizar la red de riego de la comunidad de regantes Marismas del Guadalquivir, que recibió 40 millones para las obras en 2004. Sánchez Teruel era entonces director general de la Junta de Andalucía y, al ser ahora diputado y aforado, el juez instructor debería elevar las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que investigue su supuesta participación en las irregularidades.

Los agentes aseguran que disponen de "claros, tajantes y reiterados indicios" que hacen que "coja mayor consistencia" el delito de malversación. La Guardia Civil subraya que los acusados, entre ellos Sánchez Teruel, "tienen una participación imprescindible para que se facturen y autoricen las certificaciones de obras y por la omisión de fiscalización de la Administración".

El informe policial destaca un sobreprecio de 12 millones de euros en las obras, solo un millón más de la denuncia inicial de la Oficina Antifraude europea (OLAF). La Junta reclama a la comunidad de regantes 30 millones de la subvención. "Tras un análisis exhaustivo de las 34 primeras certificaciones, se detecta un sobreprecio cobrado de 12.093.201 euros, incluido el IVA, de los que 6.255.103 euros aproximadamente es subvencionado con dinero público y 4.170.069 euros ha sido pagado" por la comunidad de regantes "junto con el total del IVA, que es 1.667.867,67 euros".

Los investigadores han entregado un nuevo atestado al juez instructor Juan Gutiérrez, titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, que investiga las irregularidades en procedimientos de contratación, por las que implica a Sánchez Teruel. El diputado socialista rechaza las acusaciones desde la Guardia Civil: "En los pocos trámites en los que intervine, mi firma siempre contó con los informes favorables de los servicios jurídicos y todo funcionario que tuviese que intervenir en esos documentos. Se actuó con arreglo a derecho (...) Los documentos de pago han pasado lógicamente por la Intervención General antes de que lleguen a mí".

En un primer atestado, los agentes atribuyeron a Sánchez Teruel, por su actuación como director general de Regadíos de la Junta andaluza, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, fraudes y exacciones ilegales, coacciones y pertenencia a grupo criminal.

Los agentes subrayan que el diputado socialista "tenía entre sus obligaciones planificar, supervisar, coordinar, tutelar la gestión y ejecución de fondos estructurales, relativos a las ayudas al desarrollo rural, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)".

La investigación acusa al Parlamentario andaluz por firmar "cada uno de los documentos contables imprescindibles para el pago de las certificaciones desde la 28ª hasta la 34ª y en adelante de las obras de mejoras de regadíos" de la comunidad de regantes, "dando su conformidad a lo certificado". En este punto, los agentes aclaran que "no se procede a tomar declaración como imputado por este delito al ser miembro del Parlamento de Andalucía y por ende tener la condición de persona aforada, por lo que procedemos a informar sobre el mismo".

En paralelo, la Guardia Civil, además, acusa de prevaricación al actual interventor de la Consejería de Hacienda de la Junta, Juan Luque (imputado también en el caso de los ERE), así como por malversación a los exgerentes de la UTE Riegos Marismas Antonio Jesús Viciana y Juan Bautista y al segundo director de Obras de la comunidad de regantes en la fecha investigada, Joaquín María Sánchez Mancha. La Guardia Civil considera responsables de las irregularidades a los cargos ya mencionados, así como al presidente de los regantes, Diego García Santos; al primer director de Obras, Manuel Vázquez Segovia; al exjefe del Departamento de Infraestructuras y Actividades Estructurales Carlos Javier Rodríguez Pérez o al exjefe del departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales de la Delegación de Agricultura Manuel Antonio Cruz-Guzmán.

Mientras, la vicesecretaria de Organización, Electoral y Formación y diputada autonómica del PP andaluz, Patricia Navarro, ha exigido esta tarde a la presidenta de la Junta, Susana Díaz (PSOE), que "actúe ya" tras hacerse público el atestado de la Guardia Civil que acusa al diputado autonómico y secretario provincial del PSOE almeriense de un delito de presunta malversación de caudales públicos, en el marco de la investigación del caso Marismas. "Es la crónica de una imputación anunciada", lamentó la dirigente.