El juez impone una fianza de 232 millones a la cúpula de Bancaja

El juez de la Audiencia Nacional Pablo González ha impuesto este viernes una fianza solidaria de 264,4 millones de dólares (232,7 millones de euros) para el expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja José Luis Olivas y otros cuatro exdirectivos de la entidad financiera por la supuesta concesión de préstamos para el proyecto Grand Coral, en el Caribe mexicano. González impone también a dos empresarios a los que supuestamente favorecieron los préstamos otra fianza solidaria de 712,4 millones de euros (627,21 millones de euros).

Esta medida cautelar había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y el juez la considera procedente para garantizar las responsabilidades que se pudieran fijar en la sentencia. El magistrado ha tenido en cuenta que los imputados "tienen un profundo conocimiento del mundo financiero internacional".

El juez explica en siete autos —uno por cada imputado— que los hechos investigados son "graves", "complejos" y "aparentemente delictivos". Se investiga si los imputados cometieron delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y administración desleal por su intervención en las operaciones llevadas a cabo en México, por el grupo Gran Coral.

En el caso de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldo, el juez cifra en 140 millones de euros los beneficios que obtuvieron con estas operaciones fraudulentas y que causaron a las entidades bancarias afectadas un perjuicio de 250 millones, según un informe del Banco de España, o de 246 según el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Con esas plusvalías, iniciaron una cadena de transferencias bancarias a nombre de sociedades vinculadas a ellos. Dichas cuentas estaban en Suiza y Andorra.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 explica cómo los correos electrónicos intervenidos revelan el malestar de los directivos de tipo medio de Bancaja ante los "continuos excesos" que llevaban a cabo los empresarios investigados. Unas quejas "que parecían no tener eco en sus superiores, los cuales no solo no parecieron tomar medida alguna para corregir los excesos, sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos".

Según el juez, José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, intervino en la autorización de dos de los préstamos que se concedieron con carácter urgente para comprar una finca en México. Los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que menciona el juez aportan datos sobre las numerosas irregularidades observadas y la ausencia de control sobre el destino de los fondos en las inversiones realizadas, de manera que los terrenos comprados se revalorizaban de forma elevada en el momento anterior a su adquisición, desviándose las plusvalías generadas a cuentas corrientes de Andorra y Suiza.

En esta actuación "difícilmente explicable" según el juez, el magistrado añade los viajes a Cuba de Olivas y otros altos cargos acompañando a los empresarios y sufragados por estos últimos que "difícilmente podrían ser explicados como viajes de negocios". Olivas fue puesto en libertad la semana pasada y ha recibido una asignación de 3.500 euros al mes para gastos personales.