Alonso descarta que haga falta una ley de muerte digna

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha afirmado este martes que en España no hace falta una ley de muerte digna. Alonso ha afirmado que la actual ley de autonomía del paciente ya "contiene las suficientes garantías" para que "no reciba tratamiento" si no lo quiere; para que "reciba los cuidados paliativos" y para que no sufra "obstinación o encarnizamiento terapéutico", tal como ha contestado, en TVE, al ser preguntado por el caso de la niña Andrea, la pequeña de 12 años en situación terminal cuyos padres han tardado tres meses en conseguir que se la sede y se le retire la alimentación para que tenga un final controlado.

El caso de Andrea, sin embargo, no ha tenido una solución sencilla. Los pediatras del Hospital Clínico de Santiago no querían acceder a los deseos de los padres para que retiraran la alimentación de la niña, y un juez ha tenido que intervenir en dos ocasiones. Tampoco le fue fácil a Inmaculada Echevarría en 2007 que le retiraran el respirador. La mujer llevaba más de 10 años viviendo gracias a la máquina, sin poder salir del hospital, víctima de una enfermedad que le impedía moverse. Al final, ante la negativa del centro concertado que la trataba, tuvo que ser trasladada a otro hospital para que se cumpliera su voluntad. Este hecho llevó a Andalucía a promulgar una ley de muerte digna, una iniciativa que luego siguieron Aragón, Baleares, Canarias y Navarra.

El ministro ha manifestado que plantear esta nueva norma sería "abrir otro debate" que situaría "en posición incómoda a todo el mundo". Con ello expresa su rechazo a iniciativas como la propuesta por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de regular incluso la eutanasia. Esta propuesta también es defendida por partidos de izquierda, como IU, Podemos o Equo-Verdes, como se puso de manifiesto en un debate organizado la semana pasada por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). En este momento, el Código penal no permite la eutanasia —que un médico dé un tratamiento a un paciente con el fin de acabar con su vida, aunque sea a petición de este y esté en situación terminal y con mucho sufrimiento—, y lo considera un homicidio. También está penada la ayuda necesaria al suicidio —la práctica que acaba de legislar California—.