Juzgado un notario por cooperar en un caso de blanqueo

El notario Alberto Herrán será juzgado este lunes en la Audiencia de Palma como presunto cooperador en un caso de blanqueo de capitales. La fiscalía le acusa de imprudencia grave por no haber alertado a las autoridades antifraude de la sospecha del manejo de dinero sucio en una compraventa inmobiliaria en Mallorca, por un valor declarado de 1,85 millones, que se formalizó en su notaría.

El fiscal anticorrupción Juan Carrau pide para el fedatario público 16 meses de cárcel, una multa de dos millones de euros y cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión. Esta causa es una de las piezas de la Operación Relámpago, un escándalo de fraude, evasión de impuestos y dobles ventas que investiga la Fiscalía Anticorrupción en Palma desde 2007.

En el registro efectuado en el bufete de abogados Feliu de Palma, se identificaron 816 compañías, de las que 161 estaban en paraísos fiscales. También se escrutó la notaría de Alberto Herrán y Álvaro Delgado, este último exonerado antes del juicio.

Operación Relámpago

Las diferentes piezas de la operación han permitido al Estado recuperar más de 20 millones por multas e impuestos impagados. Gran parte de las sentencias han sido por conformidad. Cuatro abogados de la familia Feliu (José, Miguel, Alejandro y Gabriel) han sido condenados a penas de cárcel que no han motivado su ingreso en prisión, por complicidad en los delitos fiscales que cometieron sus clientes. Una de sus ex clientes, la cantante Ana Torroja, fue condenada por tres delitos fiscales al pago de 1,5 millones.

El fiscal Carrau sostiene que el notario Herrán “omitiendo sus obligaciones legales posibilitó que se introdujesen fondos ilícitos en el circuito económico ordinario”. El acusador destaca que el fedatario no alertó del pago de 1,85 millones a través de una compañía que tenía un capital de 6.000 euros. Alberto Herrán, en 1995, fue secretario general del PP balear.

En el banquillo habrá otros imputados. Al negociante británico Peter Brian Bradley (condenado por fraude en el Reino Unido y preso) se le reclama una condena de doce años de prisión por tres delitos fiscales y multas por 3,2 millones de euros. Al letrado Alejandro Feliu, se le piden 16 años de cárcel y siete millones de multa por blanqueo de capitales y fraude fiscal.