Crisis de régimen

El cantado resultado de las elecciones catalanas ha supuesto la constatación pública de que el régimen democrático español ha entrado oficialmente en crisis, ante la imposibilidad de procesar políticamente el mandato salido de las urnas. He escrito que ese mandato no se puede procesar políticamente porque doy por supuesto que judicialmente mucho menos, pues no se puede enjuiciar ante ningún alto tribunal, como le gustaría hacer a Rajoy, a los casi dos millones de catalanes que han elegido la ruptura anticonstitucional de España. Así que la consabida apelación al Estado de derecho, que es la litúrgica jaculatoria con que este Gobierno de juristas por oposición pretende resolverlo todo, ya no sirve absolutamente de nada en este caso. Y eso indica que estamos ante una crisis política abierta en toda regla.

Y es una crisis política en un doble sentido. Ante todo en el sentido de Michel Dobry, que define la apertura de una crisis cuando quedan en suspenso las reglas de juego. Como ha ocurrido con los comicios del 27-S, cuyo mandato electoral internamente contradictorio no se puede atender ni dejar de atender porque no hay reglas previstas para ello. Por un lado, las han ganado las candidaturas independentistas en cuyo programa figura expresamente por primera vez la ruptura con España. De ahí que sus representantes electos se sientan legitimados para elevar su demanda de secesión. Pero por otro lado, desde el punto de vista plebiscitario, las han perdido los mismos independentistas que reclamaban su carácter referendario, como ha reconocido expresamente la CUP al renunciar a la Declaración Unilateral de Independencia. Por tanto, es un doble vínculo (double bind) como un templo, tal como fue definido por Bateson y Watzlawick: un mandato que no se puede atender ni desatender. Y no es extraño que haya resultado así, dadas las falacias plebiscitarias que explicité en mi tribuna del día de las elecciones.

Ante tamaña contradicción electoral, de un resultado que decide a la vez sí y no a la secesión, la única salida lógica sería la negociación política para tratar de acordar un compromiso aceptable para ambas partes. Pero dada la naturaleza de la cultura política española (¡y catalana!), esa salida está descartada porque los adversarios se niegan a negociar. Con lo cual llegamos a la segunda definición de crisis política propuesta por Morlino, que se abre cuando los miembros de la coalición dominante no disponen de reglas (formales o informales) para resolver sus conflictos internos de poder. Es decir, la causa de la crisis no es la existencia de desacuerdos sino la ausencia de procedimientos para acordar los desacuerdos. Y es lo que pasa hoy, pues no hay manera de lograr que Rajoy y Mas acuerden sus desacuerdos.

El resultado es que el régimen democrático español ha entrado en una crisis sin posible salida aparente, pues no cabe esperar que las inmediatas elecciones generales sirvan para encontrar alguna solución. Y es que se trata de una crisis política que a la vez representa una crisis de régimen, pues esa incapacidad de acordar los desacuerdos la venimos arrastrando desde 1980, cuando se expulsó a Suárez del poder por procedimientos extraelectorales. De ahí que entre nosotros no pueda plantearse ni siquiera la gran coalición como último remedio.