La fiscalía acusa de cohecho a un ex alto funcionario de Medio Ambiente

La fiscalía acusa de estafa procesal, cohecho y negociaciones prohibidas al ex jefe de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) Agustín Pastor Turullols, al que el Ministerio de Medio Ambiente denunció por beneficiar a dos socios e intentar que cobraran una indemnización de 15 millones. El Ministerio de Medio Ambiente destituyó a su alto funcionario la pasada primavera y denunció el plan supuestamente preconcebido por Pastor para lucrarse.

La Fiscalía de Sevilla ha investigado este verano los detalles del caso que ahora denuncia ante los tribunales. Pastor elaboró un informe para respaldar las tesis de la empresa Salto de la Breña, de la que forman parte dos socios suyos. Gracias a este dictamen favorable del funcionario, sus socios podían exigir 15 millones de euros en un pleito que mantienen contra el Estado. Sin embargo, la Abogacía del Estado sostenía que solo les correspondía una indemnización de un millón.

En un principio, cuando el Ministerio de Medio Ambiente denunció al alto funcionario, fuentes de la Abogacía del Estado y de la CHG señalaron a EL PAÍS que la cifra con la que Pastor habría beneficiado a sus socios de no descubrirse el caso habría sido de 12 millones. La fiscalía tras estudiar el caso la eleva a 15 millones.

“El denunciado era absolutamente incompetente para emitir el informe (…) dicho informe contraviene el criterio mantenido por la Sociedad Estatal, por la Dirección General del Agua y por la propia CHG”, denuncia la fiscalía. El ministerio público acusa a Pastor de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios y estafa procesal en grado de tentativa, delito del que hace partícipe como cooperador necesario al ex comisario de aguas Rafael Álvarez, otro alto cargo también destituido por la CHG y firmante final del documento que Pastro elaboró. “El informe fue solicitado (…) al margen de todo procedimiento legal o reglamentariamente establecido sin que la presidencia ni la secretaría general tuvieran conocimiento”, denuncia la fiscal después de subrayar que el funcionario y sus socios beneficiados mantenían “una relación consolidada en el tiempo”. Tenían una “evidente relación e intereses económicos comunes”, reitera el ministerio público.

La sociedad estatal Acuaes quiso anular la concesión que la empresa Salto de la Breña ostentaba para el aprovechamiento hidroeléctrico del pantano de la Breña I, en Córdoba. La sociedad pública entendía que "había devenido inútil” con la construcción de la Breña II. “El nuevo embalse se llenó muy rápidamente, quedando la antigua presa completamente sumergida”, explica la fiscal. Por ello, la mercantil interpuso un pleito contencioso-administrativo contra Acuaes y para reforzar su tesis pidió el informe a la Confederación. Pastor redactó en menos de una semana dicha resolución y les dio la razón a sus socios.

“A lo mejor éticamente sí es reprochable lo que hice. Pero creo que lo que hice fue totalmente correcto, sin la más mínima duda”, reconoce Pastor pese a que defiende que su actuación fue legal. El ex alto funcionario es socio de José Luis Hernández y Santiago José Alegre (titulares de Salto de la Breña SA) en las firmas Gabinete de Promociones Costa Golf y Transporte de Cenizas y Cementos.

El mismo mes que Pastor, que aún trabaja en la CHG desde Córdoba, elaboró dicho informe (diciembre de 2014) firmó otro en paralelo del caso Aznalcóllar para avalar las tesis de la empresa perdedora del concurso, la firma Emerita. Y Pastor también elaboró el informe de compatibilidad sobre Aznalcóllar con la misma celeridad que en el caso del Salto de la Breña. En solo tres días hábiles desde que Emerita Resources España registró el 2 de diciembre de 2014 hasta el 10 de diciembre que se resolvió de manera positiva.

El presidente de Emerita, Joaquín Merino, alega que sus técnicos mantuvieron diversas reuniones previas con Pastor para las soluciones hídricas de su proyecto minero. “No sé si es mucho o poco tiempo. En el extranjero lo normal es que las cosas no tarden tanto tiempo”, opina.

La juez del caso, Patricia Martín, ha recibido finalmente el informe esta semana después de requerirlo en tres ocasiones desde el pasado mayo. La magistrada buscaba saber si la Confederación emitió más informes para empresas de la mina, extremo que la CHG ha descartado en su informe para el juzgado. En su análisis, Pastor alaba el proyecto presentado por Emerita para una hipotética obtención de agua en caso de resultar ganadora del concurso público de Aznalcóllar, posibilidad que no se produjo dos meses después.