El hospital de Santiago remite otra vez al juez el caso de la niña Andrea

El Hospital Clínico de Santiago ha comunicado nuevamente al juzgado cuál es la "situación actual" de Andrea, la niña de 12 años afectada por una enfermedad degenerativa e irreversible y cuyos padres reclaman para ella una muerte digna. El objetivo del centro médico es saber si "refrenda continuar con el plan terapéutico que autorizó en julio o decide llevar a cabo alguna modificación". El gerente del complejo hospitalario, Luis Verde, ha recordado este jueves que los médicos de pediatría actúan "siguiendo un auto judicial" del pasado julio que, según ellos, les impide desconectar a la niña. Sin embargo, ante la petición de los padres y para "salvaguardar los derechos de la menor", han informado nuevamente sobre la situación de la menor al juzgado.

El auto judicial de julio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, autoriza a los médicos a mantener "el tratamiento pautado por el servicio de pediatría por considerarlo adecuado al interés de la niña". El juez destacaba entonces que el objetivo era "disminuir, en el mayor grado posible, su sufrimiento, respetando su dignidad personal". Sin embargo, el mismo auto deja claro que esta autorización deberá "tener en cuenta las consideraciones del comité ético", que entonces no había sido consultado todavía. Y el comité de ética recomendó, el pasado 14 de septiembre, retirar el soporte vital que mantiene a la niña artificialmente con vida.

Andrea permanecerá al menos una semana más ingresada en el Hospital Clínico de Santiago. El servicio de pediatría insiste en negar la desconexión, en contra del criterio del comité de bioética de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, que en un informe no vinculante recomendaba retirarlo y ofrecer el apoyo de profesionales de cuidados paliativos.

Mientras los padres reiteran que la niña está sufriendo, los médicos del hospital aseguran que no tiene dolor y rechazan el informe ético, dado su carácter no vinculante. La conselleira de Sanidade del Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo (PP), Rocío Mosquera, ha avalado la posición de los pediatras. "No hay ensañamiento terapéutico", ha asegurado, tras calificar de "eutanasia activa" la petición de la familia.

La Xunta niega el ensañamiento terapéutico con la niña Andrea

Tras no llegar a acuerdo en la reunión que mantuvieron el miércoles con los médicos que la atienden, los padres de Andrea valorarán estos días si acuden la próxima semana a la vía judicial para reclamar el "fin del sufrimiento" que aseguran que está padeciendo su hija.

Desde que en junio una trombopenia agravó la situación de la niña hasta provocar una desnutrición calórico-proteica importante, con rechazo a la alimentación artificial, los padres no han parado de reclamar una muerte digna para la menor. "No queremos verla en la agonía, demacrada, con gran sufrimiento y que no llegue ni a reconocernos", repiten los padres, convencidos de que no hay razones para que la mantengan enganchada a una máquina "recibiendo una alimentación mínima, con el estómago deteriorado y grandes dolores cada vez que intentan aumentar la cantidad de alimentación".

Los padres no comprenden la decisión de los facultativos que sostienen que no ha llegado el final para Andrea. Aseguran que, "aunque aparentemente tranquila, la niña está rendida, sin fuerzas ya para gesticular". La madre relata que ha dejado ya de sonreírle.

En un breve comunicado, el hospital de Santiago ha informado de que está respetando la legislación vigente y los principios de la ética y precisa, contrariamente a lo que sostienen los padres, que no se está ejerciendo obstinación terapéutica sobre la menor.

"Aumentar una vida que ya no es vida"

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Rodríguez Sendín, ha lamentado la situación en la que se encuentra Andrea y respalda a los padres. "Cuando no hay capacidad de revertir la situación, insistir en mantener una vida de forma artificial es lógicamente aumentar una vida en tiempo que ya no es vida". El representante del colectivo médico asegura, contrariamente a la valoración realizada por la conselleira de Sanidade, que ha tildado de eutanasia activa la petición de los padres, que en este caso concreto, "no se ha pedido que se realice ninguna acción negativa hacia la niña".

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez ha señalado que hablar de "alargar la vida innecesariamente se conoce como obstinación terapéutica". "Lo que piden los padres es que dejen que el proceso siga su curso natural, que la dejen morir en paz. Es absolutamente razonable y no tiene que ver con ninguna práctica de eutanasia", sostiene. Señala, además, que desde el punto de vista legal "siempre prevalece el interés superior del menor" y precisa que cuando el paciente no puede tomar decisiones por sí mismos "la decisión la tienen que tomar sus representantes legales, como sus padres en este caso".

Por otra parte, el portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública en Santiago, Xosé María Dios, ha calificado de "violación de la ley" la decisión del servicio de pediatría del hospital y ha atribuido a la "ideología" del jefe de pediatría que "se esté impidiendo dar una solución" a este caso.

Despenalizar la eutanasia

El caso de Andrea ha generado diversas reacciones. A la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de regular la muerte digna y la eutanasia si llega al Gobierno tras las elecciones generales, se suma la petición de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que cree necesario abordar la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. El colectivo está convencido de que a la menor compostelana se le "está provocando un sufrimiento añadido a una situación por naturaleza dramática".

La asociación recuerda que la Ley Básica de Autonomía del Paciente de 2002 establece como un principio básico que "el paciente tiene derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y a negarse al tratamiento" y que, en el caso de un menor, el consentimiento debe ser del tutor legal. Y puntualiza que en el caso de Galicia estos derechos "han sido reforzados por una Ley Autonómica de Muerte Digna aprobada recientemente".

En lo que respecta al caso de Andrea, afirman que existe un conflicto entre una familia "que desea ejercer sus derechos" y el equipo asistencial que "ignora lo que establece la ley e impone sus creencias personales a los valores y la voluntad del paciente es un atropello habitual".

"Los derechos de los pacientes no deberían quedar al albur de la interpretación personal de los profesionales", destacan desde la asociación, que ve necesario que "unas nuevas mayorías en el próximo Parlamento español se decidan a abordar la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido". Actualmente, Andalucía, Canarias, Aragón, Navarra, Baleares y Galicia tienen leyes autonómicas de muerte digna y próximamente se desarrollará en el País Vasco.