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El número tres de Cifuentes rechaza justificar gastos de 16,5 millones

La Intervención pidió a Jaime González Taboada que conformara gastos de 16,5 millones de Arpegio que incluyen importantes pagos en propagada y primeras piedras

Jaime González Taboada, número 3 del Gobierno de Cristina Cifuentes, rechaza “conformar” la factura de 16,5 millones que la filial pública Arpegio, investigada por el juez dentro de la trama Púnica, le elevó por gastos internos del Plan de Inversiones de Madrid (el Prisma 2006/2007). Esta polémica factura, que lleva años guardada en un cajón, incluye pagos de 3,3 millones en primeras piedras de obras y un costosísimo despliegue mediático en el que llegaron a pagarse 852.000 euros por varios vídeos propagandísticos. Los interventores pidieron a Taboada que conformase y justificase esos gastos. Él entiende que no le corresponde.

Taboada, actual consejero de Medio Ambiente de Madrid y durante los últimos 12 años, en los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, director general de Administración Local, ha rechazado justificar esa factura alegando que, entre sus competencias, no estaba la de conformar gastos de Arpegio, y menos aún, por un “importe de esa envergadura”, explicó un portavoz de su consejería. En todo caso, según este portavoz, quien debió conformarla era el anterior consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria. Taboada es, como director general de Administración Local, quien ha gestionado, a través de Arpegio, el Plan Prisma 2006/2007, en contacto con los alcaldes de los municipios en los que se han acometido obras de inversión. Desde 2006, la Comunidad ha destinado a este plan 582 millones.

Esta polémica factura ha estado cinco años guardada en un cajón y contiene gastos internos de Arpegio (propaganda, comidas, asesoramientos...) de los años 2006 y 2007, época en que era consejero y responsable político de Arpegio Francisco Granados, implicado en la Púnica y jefe de Taboada.

En un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS, la intervención delegada de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno se ha opuesto a hacer “un asiento directo” de ese dinero en la contabilidad oficial, tal como en mayo y diciembre de 2013 pidieron tanto Victoria como Taboada. Aseguran los interventores que esos 16,5 millones son gastos internos de Arpegio y que, en todo caso, debe abrirse un expediente para ver por qué se desvió esa cantidad de los 582 millones del Prisma 2006/2007. A lo sumo, según los interventores, cabe imputar la factura dentro de los gastos “en bienes corrientes y servicios de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid”, si bien para ello debe conformarla/justificarla el “centro gestor”; es decir, la dirección general de la que era responsable Taboada. Pero este se niega, y sostiene que eso debió hacerlo el anterior consejero responsable de Arpegio, Salvador Victoria, según el citado portavoz de la Comunidad.

Se da la circunstancia de que Taboada es ahora, además, el consejero que manda en Arpegio, que depende de la Consejería de Medio Ambiente. Arpegio se descontó los 16,5 millones y no los ha devuelto a la Comunidad porque entiende que el convenio que suscribió para el desarrollo del Prisma se lo permite, de lo que, ahora, discrepa Taboada, quien entiende que tales gastos debe asumirlos Arpegio ya que en el convenio, señala, se indica que los mismos "son gratuitos". En realidad, el convenio sí permite a Arpegio que la Comunidad le abone los gastos que tenga "como consecuencia directa de los encargos o mandatos ejecutados" del plan Prisma.

Victoria y Taboada se han visto salpicados en la trama Púnica. El primero está imputado de cuatro delitos y el segundo ha sido implicado en una confesión voluntaria prestada ante el juez por David Marjaliza, cerebro de la red y socio de Granados, jefe de Taboada en la época en que se gastaron esos 16,5 millones. La factura incluye desembolsos de hasta 35.000 euros por colocar la primera piedra de, por ejemplo, una obra en Serranillos del Valle, y el pago de 850.000 euros por varios vídeos de propaganda, entre otros pagos que fuentes del Gobierno de Cifuentes consideran “desproporcionados”.

El juez del caso Púnica Eloy Velasco tiene bajo lupa a Arpegio, que además de ayudar con subvenciones públicas (salidas de los 582 millones) a los ayuntamientos de Madrid para sus obras, compra terrenos y luego los vende mediante concurso. El juez ha descubierto, entre otras presuntas irregularidades, pelotazos en recalificaciones de terrenos. Una de las doce piezas separadas en que ha troceado las diligencias de Púnica se corresponde con el epígrafe “Granados y colaboradores”, entre ellos, Taboada. El juez no se ha dirigido aún hacia él porque se trata de un aforado.

La factura de 16,5 millones la elevó a Taboada, en 2010, el anterior director general de Arpegio, Miguel Ángel Ruiz, que ahora es su mano derecha y lo ha elegido viceconsejero. En parte por el lío de la factura y en parte porque la presidenta Cristina Cifuentes quiere “personas de su confianza” en los principales organismos públicos, la Comunidad acaba de relevar a Francisco Labayen como director general de Arpegio. Ha sido sustituido por Susana Magro, que también ha sido nombrada vocal del Consejo de Administración de Arpegio. De esta firma 100% pública procede también, como vocal de su Consejo de Administración, Fernando Moya Lorente, al que también ha aupado Taboada como secretario general técnico de su consejería. Es decir, ha colocado como altos cargos a algunos de sus hombres de confianza en Arpegio. Taboada mantuvo ante este periódico que él no tenía nada que ver con la gestión económica de Arpegio; si embargo, ha cortado, junto a alcaldes, decenas de cintas de nuevas obras en los ayuntamientos de la región.

investigacion@elpais.es