La justicia estudia la primera exhumación del Valle de los Caídos

La primera exhumación de fusilados del bando republicano enterrados en el Valle de los Caídos está sobre la mesa de la justicia. Purificación Lapeña Garrido, nieta y sobrina nieta de dos fusilados por el franquismo en la zona de Calatayud (Zaragoza) en las primeras semanas de la Guerra Civil, y supuestamente enterrados en el monumento de El Escorial (Madrid), ha recurrido a la vía civil —una fórmula inédita hasta ahora— para recuperar los restos de sus parientes. Por primera vez, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Escorial ha tomado declaración a los familiares de las víctimas como paso previo para decidir si autoriza la exhumación de los restos.

Manuel Lapeña, inspector veterinario y abuelo de la demandante, y su hermano menor Antonio, herrero de profesión, fueron detenidos en julio de 1936 en Villarroya de la Sierra, localidad cercana a Calatayud. Su familia se encontraba entre los fundadores del sindicato anarquista CNT en la comarca. Según su nieta, Manuel fue "sacado" de la cárcel por miembros de la Falange y fusilado en el barranco de la Bartolina, en las afueras de la localidad, y supuestamente enterrado en una fosa común del mismo paraje. Su hermano, que consiguió escapar en un primer momento, cometió el error de entregarse a las fuerzas franquistas y, tras un breve periodo en prisión, fue asesinado en la tapia del cementerio bilbilitano e inhumado en un enterramiento colectivo.

En 1959, el Ministerio de Gobernación, antecedente del Ministerio del Interior, trasladó al Valle de los Caídos los restos de varias fosas comunes, entre ellas las de la zona de Calatayud, para enterrarlos junto a la que posteriormente sería la tumba de Franco. Existe una certificación del abad benedictino de Cuelgamuros de que los restos procedentes de esa comarca se encuentran en un columbario concreto. La familia de las dos víctimas ha esgrimido este documento en sus reclamaciones judiciales por las vías penal y contencioso administrativa, que no han puesto en duda su validez.

Purificación Lapeña reclama al juzgado que se permita la exhumación de los restos del columbario de Calatayud para poder practicar pruebas de ADN y tratar de averiguar si alguno de los huesos pertenece a su abuelo y a su tío abuelo. También pretende modificar los expedientes en los que sus parientes constan como delincuentes y que en los archivos públicos quede constancia de que sus familiares fueron asesinados por sus ideas.

Tanto la demandante como su abogado, Eduardo Ranz, han salido de la declaración con buenas sensaciones. "El juez ha sido muy respetuoso, nos ha dejado hablar y ha hecho preguntas muy lógicas y pertinentes", afirma el letrado. El magistrado ha dado a los demandantes un plazo de 30 días para que presenten un certificado de que en las fosas comunes de Calatayud ya no hay restos humanos. "Esa prueba tiene todo el sentido", afirma el abogado.

La familia espera que la justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión antes de Navidad. "Se trata de que se reconozca el derecho de una familia a enterrar a su abuelo donde desee. Esto lo tiene que pagar el Estado, que es responsable tanto de la ejecución de las víctimas como de su traslado al Valle de los Caídos", afirma Ranz.