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El Parlamento andaluz aprueba por unanimidad investigar la formación

El PSOE se suma a la propuesta de Ciudadanos, que presidirá la comisión

La líder de Podemos, Teresa Rodríguez, se cruza con el portavoz de IU, Antonio Maillo, en presencia del vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, este jueves en el Parlamento. Ampliar foto
La líder de Podemos, Teresa Rodríguez, se cruza con el portavoz de IU, Antonio Maillo, en presencia del vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, este jueves en el Parlamento. EFE

El Parlamento andaluz ha aprobado este jueves por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre el fraude de la formación desde 2002, el uso indebido de subvenciones públicas para cursos que no se realizaron, no se justificaron o que se facturaron por encima de los costes reales. Hasta el pasado julio, la Junta de Andalucía ha reclamado la devolución de 71,9 millones de euros por ayudas concedidas desde 2007 y que no han sido documentadas. La Administración autonómica concedió 1.613 millones de euros. Un total de 18 juzgados investigan las presuntas irregularidades.

El PSOE, que concretó a última hora su apoyo, se ha sumado finalmente a la propuesta de Ciudadanos, que presidirá la comisión, y rechazado la del PP, que solo ha contado con los votos de Podemos e IU.

El Partido Popular pretende que entre las comparecencias se incluya la de la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, algo que la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet no ha descartado al anunciar que su grupo “no va a vetar la comparecencia de ninguna persona que pueda arrojar luz sobre este asunto”. “No nos van a importar sus cargos, sus puestos, ni su pasado o presente porque no nos movemos por intereses partidistas ni electoralistas”, ha afirmado.

Bosquet ha defendido su propuesta de comisión y su rechazo a la del Partido Popular en que esta formación, según ha dicho, “tiene casos de corrupción en otras comunidades autónomas y se niega a la creación de este tipo de instrumentos en estos territorios”.

También ha defendido que su grupo asuma la presidencia ante las pretensiones del resto de grupos y, en especial, de IU y Podemos, que no han presentado iniciativas, aunque han apoyado las dos registradas en la Cámara. “No se puede pretender ser director de una película cuando no se ha planteado el rodaje”, ha argumentado.

El representante del PSOE Rodrigo Sánchez ha justificado su apoyo a la propuesta de Ciudadanos en la voluntad de esclarecer cualquier posible irregularidad y ha afirmado que exigirá las “responsabilidades a las que hubiera lugar”. Por el contrario, ha argumentado su rechazo a la iniciativa del PP en que este partido pretende “montar un circo mediático” con fines electorales, estrategia en la que ha enmarcado la petición de comparecencia de Susana Díaz.

Sánchez ha acusado al PP de ser un partido “corroído por la corrupción”, haber “saqueado las arcas públicas en beneficio propio” y evitado las comisiones de investigación donde gobierna.

El portavoz popular, Carlos Rojas, ha elevado el fraude a 3.000 millones, frente a los casi 72 identificados por la Junta como fondos no justificados, y lo ha calificado como el "más grave" del país. Rojas ha atribuido el caso a la “negligencia del Gobierno andaluz” y defendido que la investigación parlamentaria es necesaria para dirimir “las responsabilidades políticas”.

Según el PP, la Junta ha permitido la falta de justificación de las ayudas “de forma masiva y a su antojo”, sin control ni transparencia y con fines clientelares.

La portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, ha señalado que la corrupción en Andalucía es un "lastre", la ha relacionado con fines "electoralistas" y ha reclamado "consecuencias políticas". “No es un asunto de cuatro golfos, sino que es fruto de una forma de gobierno que por una cara trae desempleo y por otra corrupción, y que pone de manifiesto una falta absoluta de transparencia en el manejo de los fondos públicos”, ha afirmado.

El portavoz de IU, Antonio Maíllo, ha defendido que la comisión sirva para “estudiar minuciosamente lo sucedido, extraer y señalar responsabilidades políticas y ratificar la voluntad de transparencia”.

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