El Gobierno ratifica que reformará el Constitucional en solitario y en un mes

La reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional "se va a aprobar". Fue la afirmación con la que concluyó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la rueda de prensa que se improvisó para replicar tanto a la intervención del presidente catalán Artur Mas en el Parlamento para justificar sus elecciones anticipadas y presuntamente plebiscitarias como para defender la nueva y polémica propuesta del grupo popular en el Congreso para dar más poder al máximo órgano judicial. La vicepresidenta lamentó que el PSOE se oponga y anuncie frentes contra que las resoluciones judiciales se tengan que cumplir y recordó que ese partido aprobó un cambio exprés de la Constitución y con las elecciones de 2011 ya anunciadas y que el PP entonces en la oposición la apoyó.

La reforma que permitirá al Constitucional sancionar o suspender de sus funciones a los responsables públicos que incumplan sus sentencias se debatirá por la vía de urgencia en el Congreso en los plenos de la tercera y la quinta semana de septiembre (en la cuarta no habrá pleno porque están convocadas las elecciones catalanas) y podría ratificarse a primeros de octubre en el Senado con los presupuestos generales del Estado. El Gobierno dice que anima a los demás grupos a plantear sus sugerencias e ideas en este periodo pero manifiesta su voluntad de llevarla adelante antes de que acabe la legislatura si hace falta en solitario o, en su defecto, con el único aliado del único diputado de Unión del Pueblo Navarro.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, le ha asegurado a la vicepresidenta que hay tiempo para tramitar la norma y votos en el Congreso y el Senado para sacarla adelante. El PP dispone de mayoría absoluta en ambas cámaras. Sáenz de Santamaría reiteró varias veces su incomprensión a los reproches por la urgencia y las formas en que se ha planteado esta importante modificación tanto del principal partido de la oposición como de otras formaciones y colectivos profesionales.

La número dos del ejecutivo mantiene que el PSOE tendrá que explicar muy bien cómo habiendo sido durante la legislatura "el mejor cliente" del Tribunal Constitucional a la hora de plantear recursos a las leyes aprobadas por el Gobierno defiende ahora que si ese organismo judicial le diera la razón el ejecutivo no tendría la obligación de acatar esa posición. La vicepresidenta destacó así que lo importante en esta reforma es "el fondo", es decir "que las resoluciones judiciales se cumplan", aunque apuntó que quizá podría haberse incluido esta modificación cuando se abordó la nueva ley del Tribunal Constitucional desde el principio. En este sentido, consideró un asunto menor que el nuevo planteamiento haya sido presentado en el Congreso con la asistencia del nuevo candidato del PP a la Generalitat, Xabier García Albiol.

Sáenz de Santamaría rechazó que la voluntad del Gobierno con este cambio haya recibido la oposición de todos los partidos y todos los colectivos judiciales y se escudó en que ha escuchado y leído en la prensa argumentos a favor de varios catedráticos.

La vicepresidenta utilizó su presencia ante los medios, justificada para dar cuenta de tres entrevistas del presidente Mariano Rajoy con los nuevos presidentes autonómicos de Baleares, Murcia y Canarias, para arremeter contra Mas "por buscar siempre fuera culpables para sus problemas internos" tanto al frente de la Generalitat como de su partido, CDC, y también para atacar al PSOE de Pedro Sánchez. Y puso como ejemplo "el buen clima, cordial" y lleno de "lealtad y voluntad de trabajar para sacar proyectos en común" de los presidentes citados este miércoles en La Moncloa por Rajoy. Santamaría concluye así que "cuando hay respeto a las normas y voluntad política y ganas de favorecer a los ciudadanos" si se puede trabajar perfectamente con otros presidentes en "un Estado de las Autonomías en el que sí se pueden llegar a acuerdos independientemente del partido que se sea". Casualmente o no, los presidentes convocados este miércoles eran de tres partidos distintos: Compromis, Coalición Canaria y el PP.

Sobre Mas y sus acusaciones contra el Gobierno y el ministro del Interior Jorge Fernández por haber supuestamente montado la operación de la Guardia Civil y Anticorrupción en la sede de CDC, la vicepresidenta lamentó que el presidente catalán siempre eluda sus responsabilidades y "busque culpables fuera" cuando "en este país las instituciones funcionan, los jueces abren sumarios, la policía y la fiscalía investigan" y en general hay muchos funcionarios independientes implicados en la lucha contra la corrupción. Santamaría reafirmó de nuevo que el 27-S solo hay convocadas unas elecciones autonómicas en Cataluña y que estas no son ni serán plebiscitarias.

Contra el PSOE de Pedro Sánchez arremetió por recurrir frecuentemente al Tribunal Constitucional con sus recursos y no entender que hay que concederle a ese órgano la potestad de que sus resoluciones se cumplan y "fortalecer el Estado de derecho". También aprovechó para recordar que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero le pidió en 2011, en pleno mes de agosto y con las elecciones generales anunciadas y a punto de ser convocadas, el respaldo al PP de Mariano Rajoy en la oposición para acometer el segundo cambio de la Constitución con las modificaciones introducidas en el artículo 135. Equiparó esa situación con el escenario actual, a una semana del inicio de la campaña en Cataluña y a apenas un mes del cierre de la legislatura.