El hijo de Giménez Abad reabre el caso del asesinato de su padre por ETA

Borja Giménez Larraz siempre ha tenido clara una cosa: vio el rostro del hombre que el 6 de mayo de 2001 disparó tres balazos por la espalda a su padre, Manuel Giménez Abad, presidente del PP de Aragón, cuando ambos caminaban hacia el estadio de La Romareda para ver un Zaragoza-Numancia. El hijo, de 17 años en el momento del crimen, no logró identificar al asesino, lo que abocaba el caso al archivo. Sin embargo, el pasado octubre, Borja Giménez reconoció “sin duda” al supuesto autor de los disparos, el etarra Mikel Carrera, detenido en 2010. Este giro ha llevado a la Audiencia a reabrir la causa.

El asesinato de Manuel Giménez Abad, en la calle Cortes de Aragón de la capital maña, sacudió la campaña electoral de 2001 en el País Vasco. Borja, el hijo de la víctima, vio la cara del asesino, al que cinco testigos —entre ellos un niño de ocho años y su madre— describieron como un hombre delgado, de unos 25 años, 1,80 metros de estatura, pelo negro y ondulado, cubierto con una gorra.

Aquella descripción no encajaba con ninguno de los perfiles de etarras controlados por las fuerzas de seguridad del Estado. La policía mostró al joven Borja numerosos vídeos y fotos de terroristas, pero no cuadraban con el asesino de su padre. El esfuerzo —tan ingrato como estéril— de ver una y otra vez imágenes de etarras le causaba “una frustración absoluta”, según le confesó al periodista Ramón J. Campo, autor del documental El último paseo.

El asesinato de Giménez Abad, un abogado de ideología liberal, jacetano militante y aficionado a la pesca y al montañismo —pasión que heredaron sus hijos, Borja, y el primogénito, Manuel— pasó a engrosar la lista de los crímenes de ETA sin resolver. En noviembre de 2004, Ibon Urrestarazu, encuadrado en un grupo de apoyo logístico de la banda, declaró ante la policía tras su arresto que los autores del crimen fueron Xabier Balerdi y Andoni Cobos, miembros no fichados y detenidos como consecuencia de esa declaración. Sin embargo, esta pista resultó infructuosa.

La incógnita se extiende a los preparativos del crimen. En octubre de 2006, la Audiencia Nacional absolvió como cooperadores del asesinato de Giménez Abad a tres etarras —David Pla, Aitor Lorente y Ainara Esterán— detenidos en Zaragoza en julio y noviembre del año 2000, meses antes del crimen. Este grupo recopiló durante ocho meses información en la capital aragonesa sobre políticos de esa comunidad, pero no se pudo probar que recabaran datos sobre los movimientos de Giménez Abad.

Cadena perpetua

La Guardia Civil siempre sospechó que este crimen fue obra de Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Ata, jefe militar de ETA entre febrero y mayo de 2010 y condenado a cadena perpetua en Francia por asesinar a dos guardias en Capbreton, en 2007, y a un policía francés en marzo de 2010. También lo relacionan con otros tres asesinatos sin resolver: el del cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro, en Leitza (Navarra) en 2002 y el de los policías nacionales Bonifacio Martín y Julián Embid, en Sangüesa (Navarra) en 2003.

Tras desencriptar documentos intervenidos a las sucesivas cúpulas de la ETA terminal de los últimos años, la Guardia Civil ha reforzado esas sospechas. El pasado octubre, el hijo de Giménez Abad reconoció, sin ningún género de duda, a Ata entre las 18 fotos que le mostraron en esta nueva vuelta al caso.

Estos indicios han servido para que el juez Ismael Moreno reabra la causa. El magistrado ha pedido a Francia que entregue temporalmente al etarra para someterle a una rueda de reconocimiento con Borja Giménez. El juez también ordena que el hijo de la víctima ratifique el reconocimiento fotográfico de Carrera Sarobe. Tendrá que ser el juez Santiago Pedraz, instructor del caso sobre el asesinato del político aragonés, el que establezca las fechas de las citaciones en las próximas semanas.

El reconocimiento fotográfico ha servido como principal prueba de cargo para condenar recientemente al etarra Beinat Aginagalde como autor del atentado contra el concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco en marzo de 2008. El etarra fue condenado a 32 años de prisión después de que el Tribunal Supremo ordenara a la Audiencia Nacional repetir un juicio por el que le absolvió al no tener en cuenta que una testigo del crimen había reconocido al terrorista en una fotografía de la Guardia Civil.