Por encima de las reglas de juego

Parece que Jorge Fernández Díaz ha hecho regresar de las vacaciones a gran parte de su equipo para preparar su comparecencia. Y todo para decir esto: Rodrigo Rato me ha llamado, está preocupado por las amenazas que le llegan desde las redes sociales y teme que en esta situación se le quiten los escoltas. Le he explicado cuál es nuestra política.

Ni dos ni una hora, según asegura el ministro que duró el encuentro, se necesitaba para agotar este asunto el 29 de julio. ¿Esto, las amenazas, es "todo" lo que le pasa a Rato, según declaró a este periódico? ¿O "todo lo que le pasa" se refiere a los hechos por los que está imputado (Bankia, tarjetas Black y presuntos delitos fiscales y de blanqueo con sus empresas), amén de su decisión de acogerse, previa llamada telefónica al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la amnistía fiscal de 2012?

Da la impresión de que Rato, según reconoce, mantiene relación con varios dirigentes del PP, con quienes habla sobre sus avatares. Javier Arenas es uno de ellos; el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, es otro. Y la lista no se acaba. Además mantiene relación con dirigentes amigos de otras formaciones. Como Unió.

Bien.

El problema es que Jorge Fernández Díaz es ministro del Interior. Y de él dependen la Policía y la Guardia Civil. Y uno de los órganos de investigación de este último cuerpo, la UCO, investiga a Rato por orden del juzgado número 31 de Madrid.

Fernández Díaz ha hecho de inspector Clouseau de La Pantera Rosa, la saga de Blake Edwards, y se ha enredado de cabo a rabo. Primero nos dijo que había puesto condiciones a Rato: no se podía hablar en la reunión de su situación procesal. Dijo también que la Policía no investigaba a Rato y en su improvisación hasta se inventó un organismo inexistente que seguía el rastro del ex vicepresidente imputado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Agencia Tributaria. No hay tal cosa. En todo caso la señora Valdecasas debería instruir al ministro. Se llama nada menos que ONIF, la Organización Nacional de Investigación del Fraude, uno de los sabuesos más conocidos de la AT.

Pero si el tema era la seguridad personal, ¿para qué poner condición alguna? ¿Para qué establecer que no se hablaría de la situación procesal de Rato?

Es una patraña. Que no duró lo que un caramelo en la puerta de un colegio, que se dice. Porque Rato se cargó el argumento en sus declaraciones. Es de sentido común que en sus contactos el ex vicepresidente hable de sus imputaciones. Que otra cosa más importante puede pasarle.

Fernández Díaz y Rajoy están en sintonía. Según el ministro, el presidente de Gobierno se enteró por los medios de comunicación del encuentro. Una vez publicada la noticia, dice el ministro, fue él quien llamó a Rajoy. El presidente ni siquiera tuvo la iniciativa.

Bien.

Todo esto excita la memoria.

Érase una vez un gobierno socialista en el cual su presidente recibió al abogado de dos chantajistas.

 El 19 de septiembre de 1995, tras una investigación de varios meses, EL PAÍS publicó una información bajo mi firma en portada -no en páginas interiores- en relación con el chantaje al que estaba sometido el gobierno de Felipe González con el material secreto del CESID sobre la guerra sucia contra el terrorismo de ETA. Más de 1.200 microfichas habían sido sustraídas por el coronel Juan Alberto Perote; éste y el entonces banquero, ex presidente de Banesto, Mario Conde, habían hecho un pacto de control sobre el material. Una parte del mismo fue filtrándose con cuentagotas a la prensa para presionar al Gobierno. 

El periódico informó que el abogado de Mario Conde, el extinto Jesús Santaella, había sido conducido a La Moncloa por el entonces ministro Juan Alberto Belloch el 23 de junio de 1995, y que por cuenta de Conde y de Perote, a quienes representaba, proponía una negociación. El banquero quería cobrar 14.000 millones de euros por su desalojo de Banesto y Perote buscaba su exoneración/rehabilitación. González justificó la reunión en La Moncloa con el argumento de que todo gobierno debe velar por la seguridad nacional. Hay que apuntar que las microfichas llevaban robadas desde 1991. La información se titulaba: "Conde chantajea al Gobierno desde hace meses con material sustraído del Cesid".

La negociación fue un viaje a ninguna parte.

Pero a raíz de nuestra información de portada y de la intervención de personalidades como Adolfo Suárez y Luis María Anson, quienes ratificaron detalles de la misma, todos los partidos pidieron la comparecencia de González. El presidente lo hizo el 8 de noviembre de 1995.

Tras la explicación de González -a saber, la obligación del gobierno de garantizar la seguridad del Estado- habló José María Aznar. 

"Estábamos acostumbrados a oírle decir que cualquier circunstancia, cualquier escándalo que afecte a su Gobierno se enteraba el señor González por la prensa", ironizó. Acto seguido dijo algunas cosas que, pese a las diferencias con el caso que nos ocupa, resulta útil recordar ahora mismo. 

Destacó que la reunión en La Moncloa era una "iniciativa tan asombrosa como que el presidente del Gobierno de España reciba en su despacho al abogado de unos particulares incursos en causas penales... Señorías, ni un aventurero de la especulación [Conde] ni un funcionario desleal [Perote] pudieron soñar nunca en llegar tan arriba, ni el decoro de la Presidencia del Gobierno de España debió nunca bajar tan abajo". Aznar dijo que al mencionar "la seguridad del Estado se busca la más digna de las coartadas".

Y subrayaba: "A la vez se permite cuestionar, naturalmente, incluso acusar de criterios partidistas a quienes cuestionan sus actos". Para el líder de la oposición se trataba del "trapicheo con dos presuntos delincuentes".

Pero Aznar dijo algunas cosas más que son pertinentes ahora mismo.

La reunión, señalaba, "no es un episodio aislado sino una muestra elocuente de toda una época y de todo un estilo de gobierno. Un estilo de gobierno basado en la confusión deliberada de lo público y lo privado, entre la permanencia de una institución y la contingencia de la persona que la encarna, entre la objetividad y la neutralidad propia de los órganos del Estado y la parcialidad de los titulares que circunstancial e interinamente la desempeñan".

La conclusión no podía ser más precisa: "Es decir, un estilo de Gobierno en el que el poder se interpreta como una licencia para situarse por encima o al margen de las reglas de juego".

También podemos decir que el encuentro Fernández Díaz, respaldado aparentemente solo a posteriori por Rajoy "no es un hecho aislado sino una muestra elocuente de toda una época y de todo un estilo de gobierno".

Sí, en efecto.

Hemos informado en estas páginas el 20 y 21 de enero de 2014 que Fernández Díaz facilitó el encuentro entre el comisario José Luis Olivera (izquierda en la foto), ex jefe de la UDEF, con el abogado Alfonso Trallero, en los primeros días de septiembre de 2012, una operación que comenzó semanas antes con una carta dirigida al director de la Policía, Ignacio Cosidó, para que la UDEF modificara los informes sobre Luis Bárcenas. Todo a espaldas del juez Pablo Ruz, quien censuró la carta en uno de sus autos, prohibiendo diligencias, sin saber en ese momento del encuentro auspiciado por Fernández Díaz, por una parte, y María González Pico, directora de gabinete de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por el otro, entre el letrado de Bárcenas y Olivera y otro jefe policial, en un pub de Madrid, el Milford, en la madrileña calle de Juan Bravo.

Cuando me dirigí al entonces jefe de prensa del ministro, me señaló, después de consultar, que Fernández Díaz prefería no opinar sobre el asunto, que debía entender la materia escabrosa del asunto.

Bien.

Pero hubo otras gestiones. Muchas. Y, además, la comunicación vía SMS entre Rajoy y Bárcenas no se vio afectada en lo más mínimo después de la publicación de la primera cuenta suiza de 22 millones de euros en el LGT Bank de Ginebra. Tampoco más tarde, después que EL PAÍS publicara, el 31 de enero de 2013, la contabilidad B o la caja de dinero negro del PP que gestionaban Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

Por tanto, si bien Rajoy no conocía el encuentro entre Rato y Fernández Díaz - siempre que creamos al ministro- la conducta del presidente de Gobierno respecto a Bárcenas -hasta que el extesorero rompió todo compromiso con el presidente y con el partido - no era precisamente un buen ejemplo.

Pero aquí entra Rafael Hernando, que ha mantenido contactos con Rato y que defiende lo que ha hecho Fernández Díaz. Y dice: "Bárcenas y Rato no son comparables". El extesorero es el demonio.

Bien.

El recurso de Hernando no resiste esta pregunta: Si no son comparables, ¿por qué Rajoy mantuvo la relación con Bárcenas a pesar de la cuenta suiza? Si no son comparables, ¿Por qué Rajoy mantuvo ese vínculo, como prueban los SMS (los ya conocidos y otros pendientes de salir), tras conocerse los papeles o Contabilidad B del PP?

Más coherente ha sido Fernández Díaz que ha aportado su ayuda, con el respaldo de Rajoy, cuando Bárcenas lo pidió y también lo ha hecho ahora reuniéndose por razones que van más allá de la seguridad personal con Rato.

Las explicaciones de Fernández Díaz han avivado todavía más el fuego dentro del colectivo de la Guardia Civil, cuya asociación había solicitado su dimisión. Ahora se han resentido por el hecho de que el ministro dice prestar atención a la protección de Rato pero, aseguran las fuentes, da la espalda a algunos agentes que han pedido protección aportando pruebas más contundentes de los riesgos que corren.