A la búsqueda del incendiario

Durante años, el 18 de julio, los efectivos antiincendios de Cataluña fijaban la mirada en un pueblo de la comarca barcelonesa de L’Anoia. Llevaban mucho tiempo intentando "cazar" a quien, cada aniversario del levantamiento golpista, prendía fuego al monte. Nunca fallaba. "Pero, de repente, dejó de hacerlo. Sin que encontrásemos explicación. Simplemente, acabaron", relata Miguel de Pablo, vicepresidente de Aeafma (Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales), que averiguaría pasados los meses a qué se debía ese cambio: "Alguien nos comentó que habían parado justo tras la muerte de un vecino que acusaba al propietario de la finca donde solían producirse de haber matado a su hermano en la Guerra Civil". Pero eso lo supieron después. Así que nunca pudieron imputarlo, como a una gran parte de los autores de incendios forestales intencionados que se producen en España.

Los datos del Ministerio de Medio Ambiente y de la Fiscalía General del Estado insisten en esa idea. España sufrió 9.771 incendios en 2014 (6.754 fueron conatos que afectaron a menos de una hectárea) y 10.797 en 2013 (7.708). A falta de conocer las cifras del Ministerio Público relativas al pasado año, hace dos solo 87 personas fueron detenidas, 418, imputadas y se dictaron cerca de 150 sentencias —casi 120, condenatorias—. "Teniendo en cuenta que se estima que más de la mitad de los fuegos son intencionados, se confirma que la tasa de esclarecimiento de sus autores es todavía muy baja en comparación con otras modalidades delictivas", explica la Fiscalía de Medio Ambiente en un informe.

Un estudio de la Fundación Civio, a su vez, recoge que entre 2007 y mediados de 2013 solo ocho personas fueron condenadas a penas de prisión superiores a dos años —que suponen el ingreso obligatorio en la cárcel—. "El mismo fuego elimina las pruebas incriminatorias. Liquida cualquier rastro orgánico que pueda servir a los agentes", explica Miguel Ángel Soto, de Greenpeace. “Aunque en muchos casos se averigua cómo se originaron, es muy complicado hallar al culpable. Sobre todo, si son incendios aislados. Resulta más fácil si se repiten en una zona. Ahí, la colaboración ciudadana es clave”, añade Miguel de Pablo.

A la ayuda de los vecinos, de hecho, han recurrido las autoridades extremeñas tras el fuego que ha devorado 7.500 hectáreas de la Sierra de Gata. Después de que el presidente regional señalara, tras registrarse cinco incendios en la zona este verano, que "todo parece indicar que la mano del hombre está detrás", la Guardia Civil pidió a los ciudadanos que le informasen de cualquier "cosa rara" que hubieran visto: "Cada pista es fundamental". Al menos, para llegar a ellos.

Porque, después, obtener una condena resulta más complicado. "Son muy destacables las dificultades para determinar la autoría y, sobre todo, para reunir indicios suficientes que permitan tener garantías de obtener una condena", recalca la fiscalía, que recuerda que solo se esclarecieron el 30% de los casos investigados por el instituto armado en 2013; y que solo uno de cada diez acabó con un arrestado o imputado.

Radiografía del pirómano

Un informe confeccionado por el Ministerio de Medio Ambiente, que recopila los incendios registrados en España entre 2001 y 2010, recoge que solo detrás del 4,3% de todos estos fuegos había causas naturales; y del 23,3%, negligencias y accidentes. Del resto, un 15% se desconoce qué los provocó; y un 54,7% fueron intencionados. "Estos últimos son los más numerosos, representan el 60% de la superficie afectada", explica el documento, que señala que, de ellos, un 68,3% corresponden a quemas ilegales agrícolas, eliminación de matorral y regeneración de pastos que se hicieron "de forma incontrolada"; un 11,9% a venganzas y vandalismo; y un 9,7% a pirómanos.

Los investigadores distinguen, por ello, dos perfiles. El del incendiario: "Un hombre de 30 a 50 años, con domicilio cerca del lugar y sin cualificación profesional; que actúa por motivos de maldad, interés económico, venganza... Son frecuentes las personas desestructuradas, tanto familiarmente como socialmente", explica un informe de la Guardia Civil de Galicia. Y los pirómanos: "Son gente enferma, con un trastorno de conducta, que no pueden controlarse y que requieren tratamiento", sentencia el integrante de Greenpeace.