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Atender a los dependientes con el presupuesto actual llevaría 25 años

Los 75 millones de euros de incremento para 2016 no pueden cubrir la lista de espera de 445.000 personas

Varios mayores (ancianos) y jubilados sentados en un espacio público del centro histórico de Málaga.
Varios mayores (ancianos) y jubilados sentados en un espacio público del centro histórico de Málaga.

En España hay 1,2 millones de personas reconocidas como dependientes, pero el sistema solo atiende a unas 750.000 y esa cifra parece haberse hecho crónica. Ocho años después del nacimiento de la ley, el calendario previsto para su implantación ya se ha cumplido. A 1 de julio todos los beneficiarios deberían estar atendidos, incluidos aquellos que presentan una dependencia moderada. Pero la lista de espera es de 445.000 personas, en cifras redondas, y los que van causando baja, es decir, falleciendo, son más que los que consiguen su ayuda, unos seis usuarios al día en toda España.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha presentado su informe semestral, calcula que con el incremento de 75 millones de euros para dependencia recogido en los Presupuestos Generales del Estado que se conocieron ayer, “se tardarían 25 años en atender a estas personas”. “Es un cálculo sencillo, un gran dependiente genera un gasto público de unos 6.600 euros como media y tenemos 130.000 valorados con ese grado en esa lista de espera. El resto, hasta 445.000 son moderados, pero también generan un gasto.

Evolución de número de personas dependientes en el sistema

Atender a estas personas será inviable hasta para las comunidades autónomas que van mejor en el cumplimiento de la ley”, ha explicado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez. “Rajoy dijo hace cuatro años que la ley de dependencia era inviable y ha sido de las pocas promesas que ha cumplido. Él la ha hecho inviable”, ha dicho Ramírez.Este colectivo, de trabajadores y gerentes sociales, ha anunciado también que buscarán la ayuda jurídica necesaria para poner una demanda ante la Audiencia Nacional por incumplimiento de la ley. “La ley es la ley y el que no la cumple es un insumiso”, ha dicho Ramírez.

En estos cuatro años, el Gobierno, para cumplir con Bruselas, ha recortado 1.460 millones en dependencia. Los datos de la asociación, siempre de fuentes públicas, indican que unos 27.000 dependientes mueren al año y unos 100.000 lo habrán hecho en estos cuatro últimos. “Hay que tener en cuenta que un 50% de ellos son mayores de 80 años y con dependencia, es decir, con una esperanza de vida mucho más corta que el tiempo insoportable que pasan esperando a recibir sus ayudas”, ha dicho Ramírez.

El extraño caso de Canarias

Canarias incorporó al sistema en el último mes de 2014 9.000 personas como dependientes atendidos con ayuda a domicilio. Esta cifra casi alcanza el número total de usuarios que la comunidad ha registrado en todos estos años de implantación de la ley. "No nos lo explicamos, pero estamos investigando. A la comunidad le ha favorecido para presentar una buena estadística y al Gobierno también porque de esta forma Rajoy podrá decir que su balance de Gobierno es de 7.000 dependientes más atendidos que cuando llegó al poder. A pesar de ello, Canarias aún presenta unos datos muy insuficientes, los mismos que ha mantenido en todos estos años de evalución por parte del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes, ha explicado su presidente, José Manuel Ramírez. "La nueva consejera debería explicar cuál ha sido el procedimiento para incorporar de golpe a todos estos usuarios. Y si percibe financiación del Gobierno por ellos".

Por primera vez son solo cinco las comunidades autónomas que han aprobado: Castilla y León, País Vasco, Andalucía, Extremadura y La Rioja. El resto no pasan del 5 porque sus indicadores en solicitudes respecto a la población, personas valoradas, atendidas, etcétera, son muy bajos. En la cola sigue la Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón, Baleares… “Es difícil que los nuevos gobernantes, por más voluntad que tengan, puedan remontar una situación como esta y con los presupuestos que se han publicado. La Administración General del Estado aporta un 22% mientras que las comunidades se hacen cargo del 78% restante”, ha recordado Ramírez.

Pero el sistema de dependencia también se financia con las aportaciones de los beneficiarios, a través del copago. Si los cálculos se hacen con las tres fuentes de financiación, “el Estado apenas aporta el 18% del total, menos aún que los usuarios, que están en un 19%, y del resto se hacen cargo las comunidades autónomas, que, además, no tienen posibilidad de endeudarse. Hacemos un llamamiento a los consejeros para que este asunto se le plantee al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, ha pedido Ramírez.

El balance de estos cuatro años, ha criticado el presidente de la asociación, ha dibujado un panorama “muy desigual por comunidades autónomas, una baja calidad e intensidad de los servicios que se han prestado, un modelo de financiación tramposo e insuficiente y un sistema de información público que aún está en desarrollo y del que el Gobierno cada vez recorta más datos. Ahora no se nos da el número de personas que causan baja, solo las altas, y eso extiende la idea de que el sistema avanza. No es verdad. Está encallado y los presupuestos presentados no pueden ser menos sociales”, ha criticado.

Mapa del grado de cumplimiento de la Ley de Dependencia por parte de las comunidades

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