La investigación sobre Agbar llega a la Audiencia Nacional

En los pinchazos telefónicos, los investigados de la firma Aquagest, una de las filiales del grupo catalán Agbar, se referían a los conseguidores, personas con tentáculos en los Ayuntamientos o militantes del partido de turno que intermedian a favor de empresas a la caza de contratos, como "abrelatas". Tan poderosos abrelatas encontró la juez Pilar de Lara, instructora desde Lugo del caso Pokémon sobre corrupción política y sobornos, que acabó creando piezas separadas para seguir su rastro tanto en Galicia como en Asturias. Ahora, al afectar las pesquisas a muchos Ayuntamientos correspondientes a al menos cinco Audiencias provinciales, se inhibe y eleva la causa a los juzgados centrales de la Audiencia Nacional. Ayer acabó de recabar información con dos últimos registros, uno en el domicilio de dos exconcejales del PP en Avilés y otro en las sedes barcelonesas de Agbar, la famosa torre y las nuevas instalaciones en la Zona Franca.

Los hechos investigados en Aquagest, una empresa de tratamiento y abastecimiento de aguas con presencia en 10 comunidades autónomas y que a raíz del escándalo Pokémon cambió su nombre por el de Viaqua en Galicia, giran en torno a la supuesta obtención de contratos por medio de sobornos, entregas de dinero, enchufes de allegados, regalos y viajes a personas con poder de decisión en las Administraciones. Según el auto por el que se inhibe De Lara a favor de la Audiencia Nacional, podría "considerarse a Aquagest como una verdadera asociación ilícita", cuyas supuestas maniobras afectarían "a la seguridad del tráfico mercantil" y supondrían una "grave repercusión en la economía nacional", ya que lo que está en juego es el dinero público. Para la juez "supone un engaño la simulación de transparencia en la adjudicación de contratos, cuando en realidad hay un concierto que predetermina la decisión final en consideración a una dádiva". "En numerosas ocasiones", explica De Lara, "sus responsables, siguiendo lo que parece constituir una política empresarial absolutamente jerarquizada, para lograr adjudicaciones realizarían presuntamente sobornos en sus distintas modalidades".

La magistrada enumera a los "abrelatas" supuestamente utilizados (entre ellos Ángel Espadas, del PP en Santiago, y Francisco Joaquín Fernández, en Avilés, que reconoció haber recibido dinero negro de Aquagest en concepto de gastos de representación) y recoge en el auto de 53 folios los casos recabados en distintos Ayuntamientos de Asturias, donde Aquagest también es Asturagua (Nava, Pola de Siero, Pravia, Cangas de Narcea, Tineo, Avilés, Oviedo), A Coruña (Arzúa, Oroso, Ortigueira, Santiago, Valdoviño, Cedeira, Bergondo, Padrón, Betanzos), Pontevedra (Ponte Caldelas, Pontevedra), Lugo (Chantada, Ribadeo) y Ourense (Punxín, Barbadás, Ourense). 

"Los directivos de Aquagest han urdido un plan organizado y preconcebido destinado a saltarse las barreras de las Administraciones Públicas", defiende la instructora del caso. Y señala como representantes del grupo Agbar "directamente implicados" a Sergio Miquel Soriano, Henry Laíño, José Luis Colomo, José Ángel Menéndez, José Luis Míguez, Casimiro González, Jesús Morón y Alfonso Luaces. Si bien los hechos investigados en Galicia eran hasta ahora más conocidos, por la repercusión que la Operación Pokémon supuso en la comunidad, los de Asturias no trascendieron tanto. Allí, expone De Lara, desde 2009 Agbar "dispone de una persona, Francisco Joaquín Fernández, excoordinador del PP en la comarca del Nalón, trabajando para el grupo como captador de contratos con influencias en un número importante de Ayuntamientos" gobernados por este partido.

En los registros han aparecido hojas de cálculo en las que se reflejan los pagos y gastos realizados a favor de políticos. En algunos apuntes, se indica que son para "conseguir contratos para las empresas del grupo Aguas de Barcelona (Agbar)" tanto en Asturias como en Cantabria. Presuntamente, el abrelatas creó una empresa para facturar de forma "discreta" sus servicios a Agbar.

Según relata la magistrada titular del Juzgado 1 de Instrucción de Lugo, en Avilés, donde ayer se llevó a cabo un registro en la vivienda de dos exconcejales del PP que son pareja (María del Carmen Vega y Joaquín Aréstegui),  "resultaría que el grupo Agbar, utilizando en parte a la empresa colaboradora CPS, habría beneficiado a Aréstegui con la rehabilitación de un inmueble, la entrega de dinero en efectivo, la adquisición de mobiliario para su vivienda, pagos de viajes, comidas y gastos ordinarios", e incluso "el abono de una renta mientras duraron las obras" de su domicilio. Para algunos de estos gastos, según la juez se recurría a facturación falsa a través de CPS.

Entre los otros políticos "agasajados" por Agbar "se encontrarían Agustín Iglesias Caunedo, cuando era alcalde popular de Oviedo, y Manuel Pecharromán Sánchez, en la época en que era concejal del PP en Gijón. En referencia a estos dos representantes del PP en el Principado, el auto cita varios viajes entre 2009 y 2012, incluidos uno a Nueva York, otro a Florida y otro más a Croacia.