Razones para un ingreso mínimo vital

Uno de los aspectos más preocupantes de la salida de la crisis es el problema de los parados de muy larga duración que va unido al incremento de la pobreza en España. La reciente EPA muestra que más de dos millones de personas llevan dos o más años desempleados. En el último año los parados de muy larga duración apenas han caído un 3,2%, frente a un descenso del paro global del 8,4%. En 2008, al comienzo de la crisis, apenas había 254.000 parados de muy larga duración, hoy son casi diez veces más.

La principal consecuencia de esta situación es el incremento de los hogares sin ingresos, por agotamiento de las prestaciones por desempleo. Actualmente, en nuestro país casi 13 millones de personas viven en riesgo de pobreza o exclusión, 730.000 hogares no tienen ningún tipo de ingreso, la cobertura por desempleo se ha desplomado 15 puntos con el Gobierno de Rajoy y 2,5 millones de trabajadores son pobres pese a tener un sueldo. España se ha convertido en uno de los países más desiguales de la Unión Europea.

Más de dos millones de personas llevan dos o más años desempleados.

La caída de las rentas por el paro o la precariedad laboral en familias con niños ha provocado un insoportable incremento de los menores en riesgo de pobreza. Somos el segundo país europeo con mayor índice de pobreza infantil, lo que no solo supone una desoladora ausencia de justicia social y un fraude al pacto intergeneracional, es también una clamorosa pérdida de potencialidad humana y un lastre a nuestra futura competitividad.

El alarmante aumento de la pobreza y la exclusión social se debe en buena medida a las debilidades y carencias de nuestro Estado del Bienestar. El gasto público social en España es poco redistributivo comparado con otros países, enfocado en proveer de prestaciones monetarias —por desempleo, vejez o invalidez por ejemplo— a quien está o ha estado recientemente en el sistema, pero no protege de la misma forma a las familias que viven en la pobreza y sin esperanza de volver a incorporarse a la actividad económica. Esta situación no era tan grave durante la etapa de expansión, pero con la crisis el acceso o reingreso al sistema vía mercado de trabajo se ha vuelto extremadamente complicado exponiendo las debilidades de nuestro sistema de bienestar. Además, nuevas realidades como las familias monoparentales, migraciones, minorías, etc. demandan un rediseño del sistema de protección social.

En nuestro país casi 13 millones de personas viven en riesgo de pobreza o exclusión

Ante esta situación, los socialistas hemos propuesto esta semana un Ingreso Mínimo Vital que supone multiplicar por seis, hasta alcanzar los 6.450 millones de euros al año —los recursos destinados hasta ahora a paliar la pobreza en España—. Se trata de una cantidad perfectamente asumible para un país como el nuestro. La propuesta persigue dos objetivos, ayudar a unas 730.000 familias sin ingresos para que puedan dar respuesta a las necesidades más básicas y en segundo lugar combatir decididamente la pobreza infantil, con ayudas familiares por hijo que beneficiarían a unos 2,3 millones de niños.

El Ingreso Mínimo Vital en nada se parece a otras propuestas que plantean rentas mínimas para todos los ciudadanos sino que está enfocado en aquellas familias que peor lo están pasando. Sabemos bien que la primera causa de pobreza es la falta de empleo, por eso el Ingreso Mínimo Vital irá claramente condicionado a programas de formación y reinserción laboral. Es más, se diseñará de forma que sus beneficiarios mantengan los incentivos para buscar trabajo y reintegrarse en el mercado laboral, que es el objetivo último que se persigue. Pero también somos conscientes de que hay muchísimas personas que llevan demasiado tiempo alejadas del mercado de trabajo y que, por edad y cualificación, les será muy complicado encontrar un empleo. Desde el Partido Socialista tenemos la convicción de que no podemos salir de la crisis dejando en la cuneta a dos millones de personas.

El objetivo principal es la plena recuperación económica y laboral de los beneficiarios

En los 80, los Gobiernos socialistas pusieron en marcha el Estado de Bienestar en España y fueron consolidando las diferentes políticas sociales que lo estructuran. Fueron conquistas muy complicadas con las que se logró convertir este país en una nación moderna, avanzada y orgullosa de sí misma. Hoy, con el Ingreso Mínimo Vital continuamos adaptando y mejorando nuestro sistema de protección para evitar la exclusión, sin perder de vista que el objetivo principal es la plena recuperación económica y laboral de los beneficiarios.

Mandela tenía Razón: “No hay nada natural en la pobreza, ni es un destino escrito en piedra, es creada por los seres humanos y los seres humanos debemos acabar con ella”. Ya es hora de que pasemos de las palabras a los hechos; es posible, es justo y es inteligente.

Pedro Sánchez es secretario general del PSOE