La Junta defiende el concurso de Aznalcóllar que ordenó paralizar

El consejero andaluz de Empleo, José Sánchez Maldonado, ha defendido en el Parlamento la legalidad del concurso minero de Aznalcóllar, paralizado por el Gobierno andaluz tras la investigación judicial abierta esta primavera. Ante la defensa del consejero, la oposición ha replicado que si la Junta no identificó irregularidades en el concurso, es incomprensible qué razón pudo existir para paralizar dicho procedimiento, tal y como decretó el Ejecutivo autónomo. En la investigación, la juez Patricia Fernández ha censurado que el concurso careció del “más mínimo rigor” y la policía ha acusado a la Junta de amañar el concurso para conceder la mina y vulnerar el procedimiento que fija la ley.

“La convocatoria del concurso se realizó con absoluta y total escrupulosidad y rigor (…) Se articuló una solución singular y garantista para un yacimiento único” y así volver a su explotación, según ha defendido Sánchez Maldonado en el pleno de la Cámara. La oposición ha rebatido su defensa porque estima que el adelanto para dictaminar el ganador del concurso se hizo por intereses partidistas en relación con las elecciones autonómicas, tal y como ha denunciado el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo: “Si estaba bien, ¿por qué se paraliza? Se asume así que se ha cometido una chapuza. ¿Y se paraliza o se anuncia que se paraliza?”, interrogó el diputado.

En esa misma línea argumentó el diputado del PP Jaime Raynaud: “Si es una pelea entre dos empresas y la Consejería pone la mano en el fuego por la legalidad del proceso, ¿por qué paralizan el proceso?” A continuación, añadió: "¿Por qué han permitido que el nombre de Andalucía y del sector minero se manche y desprestigie a nivel internacional?”.

Mientras, José Luis Serrano, diputado de Podemos, enfatizó las graves acusaciones que incluye el informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía. “En ese informe se dicen cosas muy serias, tales como que la empresa adjudicataria tiene la maquinaria en América y no se ha valorado el coste del traslado”, expuso.

El consejero respondió a la oposición que las argumentaciones de la magistrada tenían un gran peso, y esto motivó la decisión de suspenderlo, ante dicha alerta. “Se suspendió cuando se ve un auto de esa contundencia, que luego desmontó la fiscalía, para ratificar la idoneidad del mismo”. Mientras, Sánchez Maldonado recordó los tres informes que defienden el proceso de la Intervención General, el gabinete jurídico y la dirección general de Minas.

Sánchez Maldonado negó que exista vertido de aguas contaminantes al río Agrio, tal y como denunció la UDEF de la policía en una reciente inspección, a la que acudió acompañada del Seprona de la Guardia Civil y el Instituto Nacional de Toxicología. Ante la denuncia de la policía con los análisis del Seprona, el consejero alegó que este último cuerpo no ha denunciado ante la consejería, como es preceptivo. “No hay denuncia alguna del Seprona donde tenía que ir a ponerla, a la Consejería de Medio Ambiente”, subrayó.

Por su parte, Sergio Romero, de Ciudadanos, preguntó: “¿Puede el Gobierno rebatir y desmentir el informe de la UDEF? Y si no puede, ¿qué medidas se han tomado contra los responsables?”