El jefe del Instituto de Matemáticas cesa tras una auditoria del CSIC

El director del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), en Madrid, Manuel de León, ha cesado tras una auditoría realizada por las cuatro instituciones de las que depende: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las universidades Autónoma de Madrid, Complutense y Carlos III. En la auditoria se han encontrado “graves fallos en los procedimientos de gestión del gasto” del instituto, contratación “inadecuada” de una empresa externa para organizar un congreso en el verano de 2014 de la que, además, no existe “liquidación oficial de ingresos y gastos”, y la emisión de facturas sin fecha y sin aclarar los conceptos. Son algunas de las irregularidades detectadas por los auditores en el ICMAT, un instituto de alta reputación científica, con numerosos investigadores que logran financiación nacional y proyectos europeos de gran prestigio, que inició su andadura en su sede de Madrid en 2011, bajo la dirección de De León desde el primer momento.

En realidad se ha realizado una auditoria, pero las conclusiones se presentan en dos documentos separados: el firmado por los representantes de las tres universidades, un informe conciso de 14 páginas, y el firmado por los auditores del CSIC, de 40 páginas. “Existen indicios fundados y racionales de vulneración de la normativa económico-administrativa aplicable al sector público, además de encontrarnos ante prácticas de gestión irregulares que pueden ser susceptibles de responsabilidad administrativa, que tendrá que determinarse por cada una de las instituciones”, concluyen las tres auditoras nombradas por las universidades. Con fecha 2 de julio, un año después de las primeras alertas sobre irregularidades en la gestión del ICMAT, De León ha sido cesado de su cargo de director, se ha nombrado en funciones al que fue su hasta ahora vicedirector, Rafael Orive, quién como tal fue convocado también por los auditores, y en la Comisión Rectora del instituto se ha pedido que se abra un expediente disciplinario al matemático De León, profesor de investigación del CSIC, organismo dependiente del Ministerio de Economía. “La auditoría tiene muchas inexactitudes”, ha señalado De León a EL PAÍS. “No tenemos nada que esconder, hemos sido abiertos”, añade.

La situación en el ICMAT se arrastra desde hace un año, cuando la entonces gerente, Amalia Aneiros, y Carlos Muñoz, director Instituto de Física Teórica (IFT) y entonces director del centro que engloba al IFT y al ICMAT (ambos institutos que se alternan en la dirección del centro conjunto) alertaron de irregularidades detectadas en la gestión económica del Instituto de Matemáticas. En octubre de de ese mismo año, la gerente elaboró y entregó al CSIC un dosier con documentos acerca de irregularidades del director del instituto de matemáticas en la gestión. No se tomaron medidas. El 19 de febrero de 2015, Aneiros hizo constar dichas irregularidades en un escrito que entregó oficialmente en el CSIC. Pocos días después, el 23 de febrero, lo hizo Muñoz. El 2 de marzo, el CSIC cesó de su cargo a la gerente, que desempeñó su cargo en el ICMAT en 2013 y 2014. En marzo comenzó la auditoria en la que fueron convocados y escuchados, Aneiros, De León, Muñoz y Orive; los auditores estudiaron la documentación y pidieron aclaraciones. Finalmente, sin embargo, se realizan dos documentos finales separados a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El Informe de auditoría del CSIC tiene fecha 2 de junio. Un mes después se cesa al director del ICMAT. Aneiros ha declinado hacer comentarios a EL PAÍS y el CSIC no ha querido valorar la situación del instituto ni los hechos por tratarse de “una investigación disciplinaria”.

Los auditores se centraron en los tres asuntos esenciales denunciados por Aneiros: compras y contratos con una empresa informática, Mirasierra Networking, de la que es propietario el entonces responsable de mantenimiento informático del instituto y que finalmente dejó de prestar dichos servicios en septiembre de 2014; servicios facturados por la empresa Areco Congresos y pagos asociados al Congreso AIMS (Instituto Americano de Ciencias Matemáticas), también gestionado por dicha compañía, que se celebró en Madrid en 2014.

Los tres auditores del CSIC concluyen, por ejemplo, que “no se tiene constancia de la oferta de Mirasierra Networking, que fue finalmente la empresa elegida con la que se contrató el suministro [de dos sistemas de protección informática firewall]”, mientras que sí constan ofertas de otras dos empresas, que no se contrataron, con valores inferiores a la elegida. Además, se reconoce que hubo fraccionamiento de los pagos para no superar la cantidad (18.000 euros) a partir de la cual se exige el procedimiento abierto en las compras de la administración. Por parte de Mirasierra Networking “pudo haber una sobrefacturación, facilitada a la vez por su condición de suministrador y trabajador con cargo al mantenimiento informático del centro”.

“Desde el ICMAT hemos proporcionado toda la documentación que se nos ha pedido y más de la que se nos ha pedido”, afirma De León. “Algún procedimiento de gestión no ha sido el idóneo por las circunstancias, como la carencia de personal”, explica. “No ha habido desvío de dinero”, añade.

En cuanto a los seminarios y congresos realizados en el ICMAT y organizados por Areco, la auditoria de las universidades constada “alguna práctica irregular”, como, por ejemplo, “presentar facturas por prestaciones de servicio no realizadas”. Además, se detectan casos en que “solo existe un acuerdo verbal entre el organizador del seminario o congreso y la empresa Areco” y en muchas ocasiones las facturas “no detallan ni los servicios prestados, ni los asistentes, etc”.

Para la celebración del Congreso AIMS “se presenta una justificación al CSIC por importe de 359.638 euros, aunque en el sistema informático del CSIC de tramitación de gastos solo se encuentra documentada la cantidad de 42.000 euros”, escriben las tres auditoras de las universidades. “La diferencia, hasta alcanzar los 359.638 euros, corresponde a gastos que, de acuerdo con la información facilitada por el director del ICMAT, son ejecutados por la empresa ARECO”. Las irregularidades detectadas por los auditores en la gestión del AIMS son numerosas, desde el número de inscripciones que no coincide en los documentos examinados, facturas por conceptos no reales, gastos no justificados documentalmente y “gastos de difícil justificación aunque estén documentados”, señalan las auditoras universitarias. Los tres auditores del CSIC, por su parte, afriman que De León, como presidente del congreso, no estaba autorizado a “comprometer gasto ni firmar compromiso alguno que vinculase al CSIC/ICMAT”. Además, esos contratos debían haber sido adjudicados en un proceso de selección abierto. Dicha empresa “ha resultado ser un medio a través del cual se externalizaba la gestión de actividades que en cualquier otro instituto del CSIC se realizan con medio propios y con sujeción a la normativa que es de aplicación en el sector público”, dice el informe.

Cuatro páginas del documento de auditoría del CSIC se dedican al análisis pormenorizado de los gastos del AIMS en el que abundan las facturas sin detallar fecha del servicio, sin datos de los usuarios, “extras” sin especificar, gastos sin justificar, pagos de pólizas de seguros sin que se acredite el contrato de las mismas, etcétera. “La contratación del servicio de secretaría técnica del Congreso se hizo de forma inadecuada, evitando cualquier control previo por parte de la Gerencia [del ICMAT] a la que en ningún momento se le comunicaron los términos del mismo”, concluyen los tres auditores del CSIC.

“Hay documentación que se dice que no se ha enviado y sí que se ha enviado”, se queja De León. Tras su cese, se procederá a elegir un nuevo director del ICMAT a partir del próximo septiembre. Para la dirección del centro conjunto IFT-ICMAT se ha nombrado ahora a un físico del CSIC, Pedro Serena, ajeno a ambos institutos, una vez concluido el turno de dirección del IFT este mes de julio.