El juez de Púnica acusa al Gobierno de Madrid de amañar contratos

El juez de la Audiencia Eloy Velasco sostiene que el Gobierno de Ignacio González amañó contratos a favor de empresas. Estas devolvían el favor financiando las encuestas que encargaba el PP de Madrid. Además, Velasco implica al exconsejero de Presidencia de la Comunidad, Salvador Victoria, por pagos en efectivo al empresario de la red Púnica Alejandro de Pedro. Victoria se acogió ayer a su derecho a no declarar; el juez le imputó prevaricación, malversación, cohecho y fraude, le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España.

El juez de la Audiencia Nacional sitúa a Salvador Victoria en el centro de varias operaciones con las que desde la Consejería de Presidencia se favoreció presuntamente a Alejandro de Pedro, uno de los empresarios implicados en la trama Púnica. En un auto dictado ayer, Velasco imputa cuatro delitos al que hasta el pasado mayo fue consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al que el magistrado atribuye trato de favor a De Pedro. Según Velasco, el consejero de Presidencia adjudicó al empresario contratos para mejorar la reputación de políticos del PP que se camuflaron bajo distintos conceptos para poder pagarlos con dinero público.

Los contratos para mejorar la reputación on line y la influencia en las redes sociales de políticos son una pata de los beneficios que De Pedro consiguió supuestamente de la Comunidad de Madrid, según el relato que el juez Velasco hizo ayer en el auto en el que impuso a Salvador Victoria medidas cautelares a cambio de dejarle en libertad.

Según señalaron fuentes judiciales, el magistrado relaciona también en su auto al exconsejero de Presidencia con pagos en efectivo supuestamente ilícitos que habrían hecho varios empresarios y sociedades a cambio de contratos en la Administración regional para realizar encuestas y otros trabajos de interés político. Velasco acusa, además, a Victoria de amañar contratos de publicidad a favor de empresas de De Pedro.

Velasco había citado ayer a Victoria para interrogarle sobre estos pagos, pero el exconsejero de Presidencia se negó a declarar. El juez le dejó irse, pero antes le comunicó que estaba imputado por cuatro delitos (prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y fraude) y que, a partir de ahora, se verá sometido a medidas cautelares para evitar que pueda fugarse: el magistrado retendrá su pasaporte, si quiere salir de España tendrá que pedir permiso al juez y deberá personarse una vez al mes en la Audiencia Nacional.

Uno de los pagos que presuntamente ordenó Victoria fue a la empresa Indra —una subcontrata que factura 15 millones de euros anuales al Gobierno autonómico—, para que abonase 20.000 euros a la empresa de encuestas Demométrica, que en 2014 realizó sondeos mensuales con la evolución de la intención de voto para el PP en Madrid. Así consta en el sumario de la trama Púnica que instruye el juez Velasco. La investigación cita la declaración de un testigo, el exconsejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, quien relató la llamada que Victoria, su jefe directo en la consejería, hizo al consejero delegado de Indra Javier De Andrés para pedirle que efectuase tres pagos: uno de 10.000 euros a De Pedro, 20.000 más a Demométrica y 90.000 a “Juanjo de Suap”, una empresa sin identificar. Indra, consultada por este periódico, ha rechazado hacer declaraciones alegando que el sumario es secreto.

A raíz de la declaración del Martínez Nicolás, el juez Velasco citó como testigo al director técnico de Demométrica, Miguel De la Fuente, quien admitió que el PP mantenía una deuda de 120.000 euros con su sociedad pero que fue el partido el que la abonó el pasado septiembre, semanas después de que se produjese esa llamada a Indra. El responsable de Demométrica aseguró que no ha tratado ni recibido dinero de Indra. Los investigadores tratan de determinar quién y cómo efectuó el pago.

La Guardia Civil aportó pruebas al juez (existen fotografías e ingresos bancarios) de que al menos en el caso de De Pedro, Indra acabó abonando los 10.000 euros en metálico dentro de un sobre que el director general de la multinacional tecnológica, Santiago Roura, entregó a De Pedro en el aparcamiento de la lujosa urbanización de La Moraleja, al norte de Madrid. Los investigadores sospechan que en realidad lo que estaba pagando con dinero público la Comunidad a través de una de sus subcontratas habituales eran campañas de imagen en Internet para dirigentes del PP que no justifican ese gasto institucional, razón por las que están imputados tanto el exconsejero Victoria y la exconsejera Lucía Figar, ambos dimitidos por este caso.