Casi el 30% de peticiones al portal de transparencia se quedan sin respuesta

El portal de transparencia ha denegado o inadmitido casi tres de cada diez peticiones ciudadanas de información en los siete meses que lleva en funcionamiento. El Gobierno lanzó el portal en diciembre pasado para cumplir con la ley aprobada un año antes gracias a la cual España dejó de ser el único país europeo sin una norma que facilitara el acceso de sus ciudadanos a la información pública.

Sin embargo, esta herramienta nació con varias limitaciones y trabas que con el paso de los meses no se han corregido, como la dificultad de acceso. En parte por ese motivo, los ciudadanos apenas han hecho uso del portal, que recibe únicamente 10 solicitudes de información al día y que se usa poco como herramienta de consulta: prácticamente no tiene información nueva (que no se pueda encontrar en otro sitio) accesible desde la página web.

En los primeros siete meses de funcionamiento, los funcionarios que gestionan el portal han inadmitido 235 solicitudes de información, que suponen el 13% del total recibidas. Además, han denegado 262 peticiones, un 14,5% del total de 1.812 expedientes. En 86 casos (el 4,8%), la concesión de información fue “parcial”, según un informe publicado en el portal.

Un portavoz del Ministerio de Presidencia ofrece únicamente datos genéricos cuando se le pregunta a qué tipo de cuestiones no responde el portal. "La mayoría de rechazos se produce porque nos solicitan información que depende de otras administraciones”, apunta. También “hay un número significativo de asuntos que piden información no disponible”. El portavoz precisa que pueden ser datos que no están desagregados al nivel solicitado o que no están elaborados.

El portal también se niega a revelar informaciones que “entran en los supuestos de la ley”, es decir, seguridad nacional o datos de terceros. Estos casos "son los menos", asegura, pero en Presidencia no los precisan ni cuantifican. La ley prevé que el derecho de acceso podrá limitarse cuando las preguntas supongan un perjuicio para la seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, política económica y monetaria, etc. Como causas de inadmisión, la ley incluye peticiones que requieran “reelaboración”, las notas, borradores, opiniones o resúmenes, y los informes internos o entre órganos administrativos.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano creado para velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, ha recibido en los primeros seis meses del portal 200 reclamaciones, de las que se han resuelto 115. Solo 14 de ellas han sido estimadas, señala un portavoz del consejo, que tampoco precisa cuáles son los asuntos por los que se interesan quienes piden información y remite a un informe que será publicado en breve.

Cuando se estima una reclamación ciudadana, el consejo se dirige al organismo que no ha querido contestar al ciudadano y “le insta” a que dé respuesta, explica el portavoz. Todavía no ha pasado tiempo suficiente como para saber si esos organismos están respondiendo efectivamente o no, añade.