La juez rastrea el desvío de fondos de 51 enfermos desde la fundación Afal

La investigación del caso Afal analiza el desvío de fondos de 51 enfermos de alzhéimer desde la Fundación Afal Futuro, cuya cúpula está acusada de desvalijar su patrimonio pese a que debía ampararles. La juez María Luz García centra las pesquisas sobre el medio centenar de tutelados con mayor fortuna, del total de 180 enfermos que la entidad acogió entre 2008 y 2014. Para ello ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía desbrozar la maraña financiera que permitió una estafa masiva mediante transferencias por más de cuatro millones a las cuentas de la excúpula de la fundación.

Un año después de comenzar la causa, el sumario acumula indicios de testamentos falsos, un sistema de venta de pisos con precios por debajo de mercado, extracciones de dinero en metálico sin justificar superiores a 50.000 euros, facturas infladas por asesoramientos jurídicos y cursos, además de la contratación de complejos productos financieros para ancianos, algunos con demencia. La antigua cúpula de la fundación está imputada por estafa, apropiación indebida y falsedad documental.

Ahora, los familiares y herederos personados en la causa, intentan recuperar el capital desviado. “Los imputados saquearon la escalofriante cifra de ocho millones de euros de uno de los patrimonios más afectados, por ser uno de los más voluminosos”, denuncia en un escrito un hijo del acaudalado empresario Juan Luis de la Cruz Cort. Hay decenas de ejemplos similares: los 111.694 euros facturadas en solo cuatro días a la enferma María Consolación Larrondo por consultoría inmobiliaria desde la empresa T4L, vinculada a Afal; o la transferencia a la fundación de 216.000 euros desde la cuenta de María Jesús Moreno. La cifra total del dinero desviado se desconoce de momento, aunque la juez ya ha embargado bienes a Afal por 20 millones.

Tras la muerte en accidente de tráfico el pasado verano de la presidenta de Afal Futuro, Blanca Clavijo, en la causa está imputada una decena de personas. Entre ellas la notaria Blanca Entrena y la médica Carmen Antúnez, acusadas por las irregularidades en el testamento de la tutelada Pilar Arias, que en 2009 decidió supuestamente dejar todos sus bienes a Afal Futuro, pese a que desde 2004 padecía alzhéimer, “una enfermedad progresiva”, subraya la fiscal. “Aceptar, como única prueba científica, el informe de un médico que propone la persona que actúa en nombre de quién va a ser instituido heredero, es, a todas luces, cuanto menos imprudente (…) Cabe hablar de indicios serios y razonables de una infracción penal”, resuelve la magistrada para ratificar la acusación contra la notaria en su auto del pasado 2 de junio. Sobre la médica Antúnez, la juez destaca que “pudo haber colaborado con un informe médico que no se ajustaba a la verdad sobre una incapacitada”.

Mientras que la juez ha reclamado a los juzgados de incapacitaciones todas las decisiones que afectaron a los tutelados, la UDEF ata cabos y analiza los movimientos de numerosas cuentas bancarias que utilizó la fundación para mover el patrimonio de los tutelados. Además, los agentes requieren a compañías aseguradoras la documentación de las rentas vitalicias y pólizas que Afal Futuro contrató para los enfermos presuntamente sin su conocimiento.

Entre los tutelados, la juez señala a los agentes que averigüen si “ha desaparecido total o parcialmente el patrimonio cultural” del pintor Francisco Fernández Reoliz, enfermo de alzhéimer, cuyo hijo denunció que Afal había vendido parte de sus cuadros a espaldas de la fundación del artista.

Uno de los tutelados más afectados por el supuesto expolio es el empresario Juan Luis de la Cruz Cort. La juez analiza cómo pudo este tutelado pagar a la constructora FCC dos millones desde una cuenta en Suiza para sufragar las obras de la residencia de lujo Villafal, que la fundación construyó a las afueras de Madrid. Un portavoz de FCC confirma el pago de los cuatro pagarés de 500.000 euros, pero minimiza el hecho de que el dinero procediera de una persona ajena a Afal Futuro, contratista de la obra. “Es bastante habitual que un tercero pague en casos de fundaciones. Tampoco podíamos hacer mucho más si el acreedor no protesta”, alega.

El pasado noviembre, la juez ordenó a la policía que investigara qué personas de FCC “puedan saber cómo se ha efectuado el pago de la obra” de la residencia de lujo. La fiscal pidió la apertura de una pieza separada para las responsabilidades pecuniarias derivadas del pago de esta operación urbanística.

El plan para captar recurso para Villafal, firmado por la presidenta Clavijo, detalla: “Durante la ejecución de la obra se han materializado dos importantes donaciones, una de ellas por importe de cuatro millones, no cobrados todavía íntegramente procedente de la familia Koplowitz”. En su declaración ante la juez, el exdirector de Afal Jaime Conde explicó que la fortuna de seis millones que Cort mantenía en Suiza “para sus nietos” fue transferida a España con la última amnistía fiscal. “De aquel dinero solo quedan unos 700.000 euros”, subrayó.

“Han salido importantes cantidades de las cuentas de los tutelados sin justificación, así como se ha contratado en nombre de los mismos productos de distinta clase con el fin de enriquecer a la fundación o a las personas responsables de la misma y personas del entorno de estas, en perjuicio de los tutelados y de quién fuera a heredar a los mismos en el futuro”, concluye la magistrada.