El Gobierno rechaza desclasificar documentos de entre 1931 y 1968

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha descartado una vez más acceder a la desclasificación de documentos oficiales de entre 1931 y 1968 considerados clasificados porque "no se considera prioritario" y dadas las condiciones económicas no se disponen de los medios técnicos y de personal necesarios para llevar a cabo "tan ardua tarea".

Se trata de miles de documentos -se habla de 10.000 carpetas y legajos- sobre la Guerra Civil y la primera etapa del franquismo que fueron clasificados secretos en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, por lo que los historiadores no pueden tener acceso a ellos.

Según ha explicado el senador de ICV Joan Saura, que ha dirigido una interpelación sobre este asunto al ministro de Defensa, se trata de una ley aprobada "en plena dictadura" que no establece "límite legal" de tiempo para desclasificar los documentos, algo que "no ocurre en otros países" de nuestro entorno.

Tras recordar que en los años ochenta el exministro Fernando Morán accedió a abrir estos documentos a los historiadores y que en 2010 el Gobierno socialista los volvió a bloquear, Saura ha indicado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se comprometió en 2013 a permitir a los investigadores un acceso más fácil y libre a la documentación, pero ha denunciado que desde entonces "no se ha hecho nada de nada".

El senador de ICV ha calificado de "bochornoso" el hecho de que los investigadores se vean obligados a "acudir a los documentos históricos de Reino Unido o de Francia para conocer hechos de la historia de España".

"Lo que pedimos es de sentido común. No deja de ser incomprensible que siga en vigor la Ley de Secretos Oficiales de 1968", ha dicho el senador, quien ha pedido que el Gobierno acceda a permitir el acceso a los documentos y que se modifique la citada norma para establecer un límite máximo de años en la clasificación de documentos: "Es un elemento más de consolidación de nuestra democracia", ha apuntado.

En primer lugar, Morenés ha dicho estar de acuerdo con Saura en que este no es un asunto de ideología, sino de "transparencia y de acceso al conocimiento de la historia". Es más, ha asegurado que lo lamenta y que le "gustaría" acceder a la desclasificación y al cambio en la ley de 1968, sobre todo para "conocer la historia de España y saber de dónde venimos y adónde no queremos volver".

Sin embargo, ha justificado que este tema "no forma parte de las prioridades legislativas del Gobierno" porque se trataría de un "proceso largo, costoso y que requiere la mayor dedicación y delicadeza, ya que afecta a cuestiones de seguridad nacional" y "en estos momentos el Ministerio de Defensa no cuenta con los medios técnicos, de personal y presupuestarios para llevarlo a cabo".

"No se desclasificarán documentos de los que se ignore su contenido porque el Gobierno no va a tomar riesgos sobre la seguridad del Estado. Cuando tengamos los medios no habrá ningún problema en llevar a cabo la tarea, que es muy compleja y requiere unos medios de personal de los que no disponemos y tardaremos en disponer", ha subrayado.

Morenés ha explicado paso a paso las acciones que habría que llevar a cabo para desclasificar los miles de documentos secretos anteriores a 1968 para dar una idea del coste que conllevaría esta tarea, que ha calificado de "monumental".

Además de lo costoso de este proceso, el titular de Defensa ha comentado que la desclasificación de documentos secretos como estos tocan cuestiones que van más allá de los barcos italianos y alemanes que participaron en la Guerra Civil.

"Hablamos de seguridad, relaciones exteriores e intimidad de las personas. No tengo nada en contra de desclasificar documentos para conocer la historia, pero no voy a hacerlo a costa de la seguridad del Estado, las relaciones exteriores y la intimidad de las personas. Hasta que no tengamos los medios no podremos abordar con rigor y responsabilidad esta desclasificación", ha remachado.