Londres detiene a un militar ruandés reclamado en España por genocidio

Cuando el caso estaba a punto de cerrarse debido a la reforma de la justicia universal aprobada por el Gobierno, un hecho inesperado ha resucitado la investigación del juez Fernando Andreu sobre el genocidio de los tutsis sobre los hutus en Ruanda. Las autoridades británicas han comunicado al tribunal español que han detenido en Londres al exgeneral Emmanuel Karake Karenzi -actual jefe de los servicios secretos ruandeses- procesado en la Audiencia Nacional por genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, integración en organización terrorista y varios atentados terroristas. Como responsable de la inteligencia militar del Frente Patriótico Ruandés, del que era principal responsable el presidente Paul Kagame, Karenzi "conoció y aprobó" supuestamente el asesinato de los cooperantes españoles Flors Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valtueña en enero de 1997.

Los tres cooperantes españoles fallecieron en en enero de 1997 en Ruhengeri (norte de Ruanda). Sirera, Madrazo y Valtueña prestaron auxilio a los supervivientes de una matanza de unos 50 hutus a manos del Frente Patriótico Ruandés (liderado por Kagame) y un campesino les mostró las fosas comunes con cuerpos de otras masacres de los guerrilleros en los días anteriores. Dos días después de ser testigos de ese horror, cuatro soldados tutsis entraron en su residencia en aparente actitud amistosa para, minutos después, matarlos a tiros. Ese ataque fue planificado en una reunión a la que asistió un miembro del equipo de inteligencia que dirigía Karenzi y que declaró como testigo ante Andreu. El exespía relató al juez que el máximo jefe militar en ese encuentro ordenó el asesinato porque "los blancos disponían de información sensible de las masacres que acababa de realizar el FPR".

El auto por el que en 2008 el juez Andreu procesó a Karenzi junto a otros 39 cargos del Frente Patrótico Ruandés (FPR) -la organización militar que se hizo con el poder en Ruanda en 1994 tras el genocidio de los hutus sobre los tutsis- relata cómo Karenzi, mientras fue director del servicio de inteligencia militar, organizó varios asesinatos políticos en Kigali, la capital ruandesa.  El juez también lo considera el máximo responsable de varias masacres cuyo objetivo era la eliminación de la población hutu en Nyakinama y Mukingo, dos poblaciones del norte de Ruanda. También ordenó operaciones con armamento pesado contra ese mismo grupo étnico, a muchos de cuyos miembros persiguió incluso cuando abandonaron el país huyendo del terror.

Una vez conocida la detención de Karenzi -que, según la BBC se produjo el sábado en el aeropuerto de Heathrow- el siguente paso a dar por la Audiencia Nacional es enviar una orden europea de detención a Reino Unido para que el exmilitar ruandés sea trasladado a España y declare ante el juez Andreu. Pero la limitación de la justicia universal aprobada por el Gobierno siembra dudas sobre en qué condiciones podría hacerlo. La Sala de lo Penal, aplicando esa reforma legal, rechazó que pudiera juzgarse a los procesados por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad y redujo los delitos que se les podrían achacar a los de terrorismo -delitos que Karenzi, supuestamente, habría cometido- al no encontrarse los acusados en España. Sin embargo, esa situación podría cambiar en caso de que el exmilitar ruandés sea entregado. Si eso ocurre, Karenzi se encontraría físicamente en España, con lo que, en principio, tendría que responder también por genocidio y crímenes de guerra.

Tras el conflicto ruandés, Karake Karenzi se convirtió en uno de los principales responsables militares del régimen de Paul Kagame. En 2007 llegó a convertirse en comandante adjunto de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID). En octubre de 2008, siete meses después de que se conociera su procesamiento y los graves delitos que se le imputaban en España, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, renovó su contrato en ese puesto durante seis meses más, aunque solicitó al gobierno ruandés que lo reemplazara al terminarse ese plazo.

Sin embargo, en abril de 2010, el general cayó en desgracia. El presidente Kagame, su antiguo aliado, lo expulsó del Ejército y ordenó su arresto por "conducta inmoral" por haber mantenido supuestos contactos con opositores al régimen. Años después, Kagame lo rescató para convertirlo en el jefe de los servicios secretos ruandeses, cargo que ocupa en la actualidad.

La Audiencia Nacional ha advertido a Interpol en varias ocasiones de su paso por Londres, Bruselas o Washington y ha reiterado que la orden internacional de arresto española estaba vigente, pero la detención no se produjo hasta el pasado sábado.

En el caso del genocidio ruandés que se sigue en la Audiencia fueron procesados 40 militares de ese país a los que Fernando Andreu imputó un exterminio sistemático de la etnia hutu, mayoritaria en Ruanda, entre 1994 y 2000. La finalidad de esas matanzas, torturas y crímenes sobre la población civil era hacerse con el poder.

Aparte de los tres cooperantes de Médicos del Mundo, otros seis españoles perdieron la vida en esa espiral de violencia. El padre Joaquín Valmajó, que había denunciado los crímenes de los tutsis, fue secuestrado y desaparecido. Igual que Servando García, también sacerdote. Se encontraba con tres compañeros maristas (Julio Rodríguez Jorge, Miguel Ángel Isla Lucio y Fernando de la Fuente) junto a 30.000 refugiados ruandeses acogidos en un campo de ACNUR en Congo. Cuando se les suspendió la ayuda alimenticia para obligarlos a regresar a Ruanda, los religiosos permanecieron con los refugiados.  Los miembros del FPR los torturaron, les propinaron machetazos, les dispararon y tiraron sus cuerpos a un pozo.Otro religioso español más, el guipuzcoano Isidro Uzcudun, también fue asesinado.