Europa critica el exceso de cargos a dedo en el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas de Europa critica en un informe la abundante cifra de altos cargos elegidos a dedo que existe en su homólogo español; la tensión que reina entre muchos funcionarios (aun cuando entiende que, en general, tienen un alto grado de capacitación); la ausencia de un plan estratégico para su gestión y la necesidad de reducir la percepción de politización que tiene una parte de la ciudadanía sobre el órgano que se encarga de fiscalizar las cuentas de todas las administraciones.

Tras el escándalo de los casos de enchufismo que destapó EL PAÍS, el Tribunal de Cuentas de España decidió someter su trabajo a la fiscalización de un órgano internacional. Los expertos del Tribunal europeo presentarán su informe este lunes, en el que ladean este asunto. Nunca antes el fiscalizador de las cuentas de todas las administraciones públicas española había sido fiscalizado. Tras destapar este periódico que más de un centenar de empleados eran familiares entre sí y/o de altos cargos, el presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, anunció en julio pasado en el Congreso una batería de medidas de regeneración. Entre ellas, someterse a la fiscalización de un órgano internacional afín (lo que se denomina la revisión entre pares, ya que en España no existe un órgano superior a él facultado para ese cometido).

Durante meses, miembros del Tribunal de Cuentas de Portugal y del europeo han visitado Madrid, analizado abundante documentación y realizado numerosos entrevistas a consejeros y funcionarios del Tribunal de Cuentas de España. Este lunes entregarán a Álvarez de Miranda un informe que, según fuentes conocedoras del mismo, elude valorar los casos de nepotismo, a pesar de que uno de los funcionarios entrevistados entregó a los expertos europeos un dossier dando cuenta de los números lazos de parentesco que abundan en la plantilla (más de un centenar en una plantilla de 650 trabajadores). Sentó muy mal entre altos cargos del tribunal español que se aportase ese informe a los fiscalizadores europeos. Incluso se pensó en expedientarle.

Álvarez de Miranda tiene en el tribunal a una cuñada y a un sobrino, y su número dos, Javier Medina, a dos hermanos, a su esposa y a una pariente de esta. Y los líderes sindicales de UGT acumulan 16 familiares y allegados, por ejemplo. El informe sobre la gestión del Tribunal de Cuentas español nada refiere sobre este asunto. Sí detecta, en cambio, anomalías en otras esferas. Hay una crítica abierta al exceso de altos cargos de libre designación que anidan en la plantilla. En torno al 35% de los funcionarios de mayor rango (los de nivel 28, 29 y 30, que cobran entre 3.500 y 4.000 euros netos al mes; los consejeros más de 8.000 brutos) son cargos de libre designación. Muchos de ellos elegidos por los 12 consejeros del Tribunal. Hay entre 15 y 20 altos cargos elegidos a dedo en cada departamento. Europa considera que debería reducirse ostensiblemente ese porcentaje en favor del sistema de concurso como forma de acceso a este organismo.

Los sueldos del Tribunal de Cuentas (que dispone de un presupuesto anual que ronda los 60 millones de euros) son de los más altos de la Administración. Un funcionario del órgano fiscalizador cobra un 30% más de sueldo que un equivalente suyo de otra administración, de ahí que sus plazas sean muy codiciadas. Otro de los aspectos que critica el informe de los expertos europeos es el alto grado de tensión que habita en la plantilla, a pesar de que valora su alta competencia profesional. Además, hace un llamamiento a la necesidad de reducir la visualización como órgano politizado que tiene en general la ciudadanía española. Los 12 consejeros son elegidos por los partidos políticos. En este momento, PP tiene a siete consejeros y el PSOE cinco (uno de ellos consensuado con IU). Otro aspecto que tildan los expertos europeos es que el Tribunal de Cuentas de España carece de un plan estratégico. Es decir, no tiene una delimitación clara de objetivos a corto o medio plazo. Y tampoco dispone de un organismo que se encargue de supervisar la calidad de los informes que elaboran sobre las cuentas públicas. Es decir, debería crearse una comisión de control de calidad.

El Tribunal de Cuentas sí ha hecho en los últimos años un esfuerzo por acabar con las gigantescas demoras que sufrían sus informes sobre las diferentes administraciones públicas y partidos políticos. El anterior fiscal jefe se quejó reiteradas veces de que había partidos políticos que cometían infracciones pero que cuando estas eran abordadas ya habían prescrito y no era posible sancionarles. Ahora se han acortado mucho las esperas. Aún así, los expertos entienden que este aspecto debe extremarse para eliminar cierta sensación ciudadana de ineficacia. Estas son algunas de las consideraciones que exponen en su informe los expertos europeos sobre el Tribunal de Cuentas de España. Les recibirá el presidente Álvarez de Miranda, cuyo mandato de tres años expira a finales de julio y tiene previsto no presentarse a la reelección. A él le tocó explicar en el Congreso, a petición de los diferentes partidos políticos, y en especial de que le propuso para ese cargo, el PP, los numerosos casos de nepotismo que aquejan al tribunal. PP y PSOE ya han establecido contactos para pactar quién será el nuevo presidente de un organismo donde sus dos principales mandos, Álvarez de Miranda y Medina, tienen dentro familiares.

Ya hay consejeros que se postulan para el cargo. Entre ellos Ángel Algarra, un exmilitar propuesto por el PP como consejero que, a priori, no parece reunir suficientes apoyos. Es el pleno del tribunal el que nombra al presidente. También opta a la presidencia del Tribunal el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura José Manuel Suárez Robledano, consejero a propuesta del PP. Entre los consejeros propuestos por el PSOE también figura como aspirante a la presidencia el actual número tres de este organismo, Felipe García, presidente de la Sección de Enjuiciamiento. En fuentes del Tribunal se indica que otra aspirante es la consejera María José de la Fuente, propuesta por el PP y sobrina del exministro franquista Licinio de la Fuente, quien tiene dos hijas dentro del tribunal. Está servida, pues, la batalla por el poder en un organismo que ha sido criticado por sus supuestas reminescencias del anterior régimen.