Los peritos de Griñán acusan de “conspirar” a la Inspección del Estado
Los catedráticos insisten en que la gestión de la Junta fue legal
Los peritos contratados por la defensa de José Antonio Griñán acusan a los técnicos de la Intervención General del Estado (IGAE) de construir una “maniobra conspiratoria” para sostener su tesis de que la Junta de Andalucía financió de forma irregular las ayudas sociolaborales a empresas. La defensa del expresidente andaluz ha entregado ya en el alto tribunal su informe en respuesta a la última pericial presentada por la IGAE, que concluía que la Junta usó transferencias de financiación para evitar el control del fondo de los ERE.
El contrainforme de los peritos Juan Zornoza y Miguel Ángel Lago, catedráticos de Derecho Tributario, descalifica el trabajo de los técnicos del Estado, de los que dice que “han leído mal” su informe anterior o “no han estado atentos”. “Es difícil sacar de su error a quien está totalmente convencido de algo. Hay quienes todavía no se creen que el hombre pisó la luna, que las fotos y el alunizaje fue simulado y construyen una maniobra conspiratoria con diversas teorías para sostener su tesis”, concluyen los catedráticos.
El informe vuelve a revelar la tensión y el intercambio de críticas entre los peritos del expresidente andaluz y los del Estado. Estos, en su último escrito, descalificaron el trabajo de los catedráticos, del que dijeron que carece de “fundamento jurídico y técnico”. Según la IGAE, la pericial que presentaron intentaba “menoscabar el grado de independencia, objetividad y profesionalidad que poseen” los técnicos del Estado.
Zornoza y Lago insisten en que no hubo ilegalidad en la aprobación de las normas presupuestarias ni en la tramitación de las ayudas, y rechazan que el Gobierno andaluz indujera a error al Parlamento, en contra de lo que concluyeron los peritos de la IGAE en el último informe que entregaron al instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo.
La defensa de Griñán entregó el miércoles la nueva pericial, que se une así a las otras tres (dos de la IGAE y una de los catedráticos) que ya hay en la causa que instruye Alberto Jorge Barreiro. Las conclusiones de los técnicos del Estado se han convertido en columna vertebral de las acusaciones de Mercedes Alaya en el caso ERE y son también uno de los pilares en los que el Supremo basa las imputaciones de los cinco aforados nacionales (los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarías y Mar Moreno). Griñán perdió el fuero esta semana tras renunciar a su acta de senador y ha pedido al Supremo que traslade su causa al Juzgado de Sevilla, pero el tribunal todavía no ha contestado.
Las fuentes consultadas señalan Barreiro que puede decantarse por que la investigación sobre Griñán siga en el Supremo por “la conexidad” con los demás aforados. Pero también puede optar por enviar al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla la causa sobre el exsenador y que en el Supremo se investigue ya solo a los que siguen estando aforados. Otra opción, según fuentes judiciales, es que Barreiro mantenga la causa hasta que dicte una resolución en la que exponga si ve indicios sobre uno o varios de los cinco aforados. En el caso de que los viera sobre Griñán y algún otro de los aforados, el instructor tendría que aclarar entonces si la investigación al expresidente sigue en el Supremo por conexión con el resto o se traslada a Sevilla, como ya se ha hecho con los otros ex altos cargos andaluces que estuvieron aforados en el Tribunal Superior andaluz y perdieron el fuero tras las elecciones autonómicas del 22 de marzo.
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