La financiación pública para proyectos de investigación cae casi un 40%

Un nuevo informe elaborado por las universidades españolas recoge con grandes cifras la huella que la crisis ha dejado en la investigación de los campus. Entre 2010 y 2013, los fondos públicos para investigar cayeron un 28%, de 1.217 a 877 millones de euros. La caída de la inversión directa para proyectos de investigación es aún más significativa. Esa partida cayó un 38%, de 599 a 373 millones, según un trabajo elaborado desde los propios campus que refleja la pérdida de fondos y también la todavía difícil relación entre la universidad y la empresa.

La Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento de las Universidades Españolas 2012-2013, presentada este lunes, es una radiografía elaborada con los datos que envían las propias universidades sobre su producción científica. En esta última edición participan 65 campus que, según los autores, representan casi el 100% de la actividad investigadora de estas instituciones. El recorrido por las cifras "refleja claramente la situación de intensa crisis económica, especialmente en las administraciones públicas”, según sus propias conclusiones.

Los fondos públicos nacionales son los que más se resienten mientras aumentan las partidas para investigar procedentes de la Unión Europea. El dinero del Estado para investigación universitaria cayó más de la mitad (51%) de 635, 8 millones de euros a 311,4 millones. Su peso en el total de inversiones es cada vez menor. Ha pasado de suponer más de la mitad de las fuentes de recursos en 2010 a apenas un tercio en 2013.

Durante el mismo periodo se perdieron casi 100 millones de euros de los fondos autonómicos (de 286,7 a 188 millones) mientras los programas de financiación europea han pasado de 176 a 277 millones de euros en el mismo periodo. "Los presupuestos generales de las universidades están tratando de contener el deterioro de la actividad y el sector exterior es el único que crece, tanto en investigación competitiva como en contratada, si bien, a niveles que todavía no compensan el deterioro de las administraciones y las empresas españolas", según el informe.

 La investigación "se traduce en profesionales de máximo nivel, en riqueza y en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de todos", según José María Sanz, vicepresidente de la Crue y rector de la Universidad Autónoma de Madrid. Y añade: "Esperamos que en 2014 las perspectivas sean mejores".

La transferencia a las empresas

La transferencia del conocimiento de las universidades a las empresas, una de las asignaturas pendientes de los campus según reflejan distintos informes, también se ha resentido. En 2010, las empresas encargaron investigaciones a las universidades españolas por 331 millones de euros. La cifra descendió durante tres años hasta perder casi un tercio en 2012 con 221 millones y se recupera un poco en 2013 con 252 millones. Los ingresos por licencias de patentes pasan de 1.498 millones a 923 de 2010 a 2014. Se mantiene la creación de spin off (empresa surgida de una línea de investigación) con 131 frente a 134 en 2014.

El trabajo, que incluye cifras de los presupuestos ejecutados de las universidades, ha sido elaborado por la Conferencia de Rectores de España (Crue), la Red OTRI (Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación) y las Unidades de gestión de la Investigación (UGI).

El presidente de la I+D+i de la Crue, José Carlos Gómez Sal, los efectos de los recortes aún no son "irreparables" pero casi.  "Todavía estamos a tiempo de recuperarnos, pero urge ponerse a ello". "Durante la crisis hemos perdido competitividad frente a otros países, por lo que si no cambiamos rápido de tendencia, el futuro sí será irreversible".

La “obsesión” con la verificación de datos

La reducción de fondos públicos es la principal traba que se critica desde los campus pero no la única. El presidente de la red OTRI, Roberto Prieto, asegura que la universidad destina un “60% del tiempo” a trámites burocráticos de las investigaciones, como la justificación de las subvenciones recibidas cuyos detalles les pueden ser requeridos por la Administración hasta cuatro años después de que se les conceda.

Prieto ha indicado, incluso, que conoce a “investigadores muy desanimados porque tienen que dedicar el 90%” de su tiempo a justificar gastos en una “obsesión absoluta” por parte del Ministerio de Economía (responsable del grueso de la financiación estatal).“No estoy diciendo que no haya seguimiento del dinero público pero sí que no paralice” la actividad universitaria, según Prieto.